Por Juan Carlos Moncada
La reciente condena de dos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Edmundo del Castillo Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa, ha reavivado el debate sobre el delicado equilibrio entre las ramas del poder público en Colombia. En un caso que muchos ven como una réplica de un conflicto de poderes, la Corte Suprema de Justicia confirmó las penas de prisión para ambos acusados por el delito de concierto para delinquir, en un contexto marcado por tensiones históricas entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
El fallo, que concluye una saga judicial que se extendió por más de una década, gira en torno a las llamadas “chuzadas del DAS”, un supuesto esquema de inteligencia ilegal desarrollado entre 2007 y 2008, y conocido como el “Proyecto Escalera”. Según la acusación, estas actividades tenían como objetivo infiltrarse en la Corte Suprema de Justicia, recopilar información confidencial y socavar su credibilidad en medio de investigaciones sobre casos de parapolítica.
No obstante, el caso también ha sido interpretado como una muestra de los prejuicios y tensiones existentes entre las ramas del poder público, con decisiones judiciales que algunos consideran influenciadas por un ánimo de revancha institucional.
Una historia de conflicto
La relación entre la Presidencia y la Corte Suprema durante el periodo de Álvaro Uribe estuvo marcada por tensiones debido a investigaciones sobre políticos vinculados con grupos paramilitares. Este conflicto sirvió de telón de fondo para el “Proyecto Escalera”, un esquema que, según la acusación, involucró a altos funcionarios del Gobierno, el DAS y la UIAF, con el fin de realizar seguimientos a magistrados, recolectar información sensible y, eventualmente, desprestigiar a figuras clave.
En este contexto, se presentaron varias reuniones y filtraciones de información que luego llegaron a medios de comunicación. Según la sentencia, estas acciones incluyeron la participación de Velásquez y Del Castillo, quienes facilitaron la transmisión de información que resultó en publicaciones y artículos de prensa que buscarían poner en tela de juicio a la Corte.
Uno de los aspectos más sensibles de este proceso fue el caso de Ascencio Reyes, un personaje oscuro vinculado al narcotráfico mencionado en las investigaciones que, en su momento, fue asociado a varios magistrados de la Corte Suprema. La información filtrada a los medios, que se enfocaba en la relación de Reyes con algunos de los magistrados, nunca fue investigada a fondo. Esto dejó abierta la duda sobre si las filtraciones eran parte de una estrategia para manipular la opinión pública y proteger a personajes cercanos al poder.
Al mismo tiempo, las relaciones entre algunos magistrados de la Corte y figuras relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, como Salvatore Mancuso, nunca fueron investigadas con la profundidad necesaria. En particular, el caso de Mancuso y su conexión con ciertos magistrados nunca se resolvió completamente, lo que permitió que se perpetuara la percepción de un sistema judicial politizado, incapaz de actuar con plena independencia. Estas omisiones en las investigaciones amplían el contexto de desconfianza que marcó las acciones de inteligencia durante ese periodo.
La controversia de la prescripción
Uno de los puntos más discutidos del proceso fue la interpretación del término de prescripción. Según la defensa, los términos legales vencieron en 2021, seis años después de la formulación de imputación. No obstante, la Corte determinó que el fallo de segunda instancia en ese mismo año suspendió la prescripción, extendiéndola discrecionalmente por cinco años más.
Para algunos, esta interpretación extensiva fue «excesiva» y reflejó un sesgo para garantizar la condena. Según ellos, el caso debió haber concluido por vía de la prescripción, subrayando que decisiones como esta pueden sentar precedentes riesgosos sobre el uso del derecho procesal en casos de alto perfil.
Un proceso marcado por tensiones
El desarrollo del caso dejó en evidencia la influencia de un ambiente de desconfianza entre las instituciones. Por un lado, la Fiscalía y la Corte señalaron que los hechos formaban parte de un plan orquestado para atacar la independencia judicial. Por otro, los defensores argumentaron que las decisiones del tribunal parecieron responder más a una narrativa de conflicto institucional que a un análisis desapasionado de las pruebas.
En este contexto, se destacó el tratamiento diferencial de otros actores involucrados. Según los acusados, ahora condenados, sus actuaciones se analizaron con rigor extremo, mientras que las de otros funcionarios del gobierno y del DAS fueron desestimadas o consideradas legales.
El fallo final
La Corte Suprema confirmó las penas de prisión para Velásquez y Del Castillo, destacando que su participación en las actividades de inteligencia ilegal estaba probada mediante múltiples elementos. Sin embargo, se otorgó prisión domiciliaria a Del Castillo, quien tiene arraigo en Colombia, mientras que Velásquez, quien reside en el extranjero, quedó sujeto a una orden de captura.
Implicaciones futuras
Más allá del caso puntual, este fallo subraya el impacto de un conflicto que trasciende a los protagonistas directos. El choque entre poderes en torno al caso de las “chuzadas” plantea preguntas más amplias sobre el papel de la justicia en sociedades donde las tensiones políticas son recurrentes.
Mientras algunos consideran que este fallo reafirma la independencia judicial frente al Ejecutivo, otros ven en él un ejemplo de cómo las disputas entre ramas del poder pueden influir en las decisiones legales, generando resultados que perpetúan la percepción de rivalidades institucionales.
Lo que sigue
El caso deja un legado polémico que será analizado por juristas y académicos en los próximos años. Más allá de las condenas, la pregunta central sigue siendo: ¿fue este un acto de justicia o una consecuencia de un largo enfrentamiento entre dos ramas fundamentales del poder en Colombia?
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