El caso de Cortuluá y el Atlético Nacional: Nadie paga lo que no debe

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Por Carlos Mario Restrepo Tamayo   

El caso del Atlético Nacional y su litigio multimillonario con el Cortuluá por una suma de 5 millones de dólares, sin precedentes en la historia del fútbol profesional colombiano, servirá sin duda para sentar jurisprudencia nacional e internacional sobre el traspaso o usufructo de derechos deportivos de jugadores.  

Este caso, que ha servido para derramar ríos de tinta, nació con el jugador Fernando Uribe. ¿Qué reclama el Cortuluá? El mayor accionista del equipo vallecaucano, Oscar Ignacio Martan, exige la cifra de 5 millones de dólares por los derechos de Fernando Uribe.  

Se recuerda que cuando este delantero llegó al Atlético Nacional, se acordó con el Cortuluá una cifra cercana a los 10 millones de dólares para repartir miti-miti por una posible venta futura, pero esta nunca se produjo. Lo que sí sucedió es que el jugador se quedó con sus derechos deportivos. 

El mismo presidente del Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, lo dijo en una rueda de prensa que “se firmó un documento aparte, con la INTENCIÓN de venderlo en una cifra cercana a los US10 millones de dólares”. 

Queda muy claro que existe una total diferencia entre una obligatoriedad de vender el jugador en la suma de US10 millones, caso en el cual Atlético Nacional tenía la responsabilidad de garantizar US5 millones al Cortuluá una vez se realizara la venta, correspondiente al 50%, y una cosa muy diferente es pactar una cláusula de intencionalidad de vender el jugador por la suma de US 10 millones. 

Varios analistas y expertos coinciden en que el Cortuluá se está yendo por una vía indirecta, inapropiada e indebida, como es usar un mecanismo extorsivo poco ético, para acceder al cobro de una plata que no se debe, porque el negocio hipotético del jugador Fernando Uribe nunca se hizo.

Por eso la enérgica posición del presidente del Atlético Nacional: “nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera”. 

En este caso, vale la penacitar al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, apoderado del Atlético Nacional: “Estaríamos permitiendo un tumbis a través de los procedimientos de la Federación. Esperamos una reflexión por parte de la Dimayor y la Federación. El Cortuluá, mientras un juez no condene al Nacional, no verá ni una moneda de centavo, pase lo que pase”, manifestó Martínez. 

“Si en verdad el Nacional debe esa suma, lo que debe hacer el Cortuluá es iniciar un proceso ejecutivo. Es como cuando alguien le debe plata: uno se va para donde un juez para obligarle a que pague. Eso se llama un proceso ejecutivo”, sostuvo. 

Por los recursos interpuestos por el Cortuluá ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, Nacional no pudo inscribir a sus nuevos jugadores para el presente torneo: Dorlan Pabón, Andrés Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, quienes fueron contratados por el equipo para la segunda temporada.  

Esta decisión desató una dura respuesta del Nacional y la Organización Ardila Lülle, uno de los patrocinadores más importantes del fútbol colombiano. Entonces, decidió lanzar en la ofensiva al exfiscal Martínez y sacar el caso del mundo del fútbol al sistema jurídico colombiano. 

Según Néstor Humberto Martínez, debe ser un juez de la República, y no un tribunal o instancia deportiva, la que debe decidir y obligarle al Nacional, a través de una sentencia, el pago de los US 5 millones. 

¿Cuáles pasos prácticos debe dar el Atlético Nacional? 

Nacional debería aportar, para claridad de la opinión pública, una foto sobre la parte del contrato en la que se habla de la INTENCION de las partes sobre el monto de US 10 millones al momento de la venta. 

Y al mismo tiempo debería solicitar, mediante un derecho de petición, al club de futbol donde fue a parar Fernando Uribe después de jugar en Millonarios, fecha en la cual se negó a renovar su contrato con Nacional, qué clase de convenio se suscribió con este jugador: fecha del contrato, valor de la transacción – en qué entidad se consignó ese dinero y nombre del titular de la cuenta del beneficiario. 

Esta sería una prueba básica, porque la repartición de un negocio entre socios debe ser sobre cifras reales, en este caso sobre la suma en que supuestamente fue vendido el jugador. Y no sobre negocios hipotéticos, fundamentados en las ilusiones económicas o en los sueños. 

Porque la verdad es que nunca hubo ni propuesta ni oferta concreta por el jugador, ni por una cifra ni siquiera cercana a los US10 millones. 

¿Quién en la vida no quiere vender su carro o su casa por lo que cree que vale?  

¿O qué tal que al momento de un divorcio uno de los cónyuges exigiera al otro y al juez que sus derechos en la sociedad conyugal tuvieran que tener un valor de acuerdo a sus aspiraciones comerciales, sentimentales y afectivas y no por el valor comercial real en que se haya hecho la venta del patrimonio en discusión?  

Estaríamos sometidos a que los jueces fallaran sobre casos hipotéticos y no reales. 

¿Cómo sería la congestión judicial de ser posible demandar derechos sobre situaciones hipotéticas?  

Este un caso jurídico muy interesante y casi novelesco, sin precedentes en la historia de nuestro fútbol, que muy seguramente generará jurisprudencia a nivel nacional e internacional.