El caliente debate al MinDefensa: ministro, ¿quién responde por la seguridad del país?

@nicoecheverryal @Ivan_Velasquez_

En un debate de control político convocada por Nicolás Albeiro Echeverry, senador del Partido Conservador y vice presidente de la Comisión Segunda de Senado citó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los altos mandos militares para que le den cara al país y respondieran varias preguntas sobre la seguridad de los colombianos.

Uno de los puntos a tratar, la seguridad en los Departamentos y municipios para garantizar las elecciones próximas, donde hay serias preocupaciones del plan democracia  

El senador Nicolás Albeiro Echeverry, señaló que es confuso para la sociedad la falta de claridad en la persecución de los cabecillas narcotraficantes y guerrilleros responsables de graves delitos como secuestro, homicidios, masacres, reclutamiento de menores de edad, entre otros con la excusa de estar en un proceso de paz.

¿Qué garantías jurídicas tienen los comandantes y las unidades en terreno de la Fuerza Pública para enfrentar los múltiples grupos criminales en sus territorios en el marco de los ceses al fuego?

Frente a su deber constitucional de garantía de los derechos de las comunidades, ¿qué deben hacer las fuerzas militares en los casos que se vienen registrando que incluyen secuestros (aumento del 90%), reclutamiento de menores y masacres entre diferentes bandos?

Si los acuerdos con el ELN incluyeron la suspensión de las acciones legítimas de inteligencia por parte de las fuerzas militares, ¿de quién sería la responsabilidad en caso que se consume un atentado terrorista o se lleve a cabo el atentado contra el Fiscal General, el General Zapateiro o la senadora María Fernanda Cabal?, como se ha denunciado públicamente.

Los acuerdos de participación con el ELN y los que se anuncian con las disidencias y las FARC, lo que promueven es la participación política y la interlocución de las comunidades con estructuras armadas con poder de coacción e intimidación sobre la población por vía de las armas.

¿Esto no es de facto, contrario a todo lo que se había prohibido en los diálogos de Cuba con las FARC para evitar que se hiciera política con armas?

¿Por qué ahora si se permite de cara a las elecciones regionales de octubre?

¿Por qué se permite que sigan reclutando menores de edad, fortaleciendo estructuras terroristas e instrumentalizando a las guardias indígenas y campesinas mientras se arrodilla y humilla a la Fuerza Pública en los territorios?

¿Si la relación entre el aumento histórico del secuestro y la extorsión es directa a los ceses al fuego y los acercamientos con organizaciones narcotraficantes, qué está haciendo el gobierno?

¿Es cierto, que la reducción estadística que muestra el gobierno del homicidio obedece realmente a un cambio en la forma de medir el homicidio común?

¿Manipula este gobierno las estadísticas?

¿Por qué se iguala a la Fuerza Pública con los grupos criminales?

¿Por qué se permite dentro de los protocolos de cese al fuego el supuesto control de territorios, la retención y supuestas acciones de defensa?

¿Esto quiere decir que el Gobierno permite o tolera los enfrentamientos que se están registrando entre estas estructuras criminales en Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, donde adicionalmente el reclutamiento de menores, las masacres y el homicidio de líderes sociales y de excombatientes ha aumentado? ¿Quién responde por esto? 

En realidad, las respuestas del ministro Iván Velásquez fueron tan cortas y concretas, que no satisficieron a los citantes ni a los presentes en la Comisión. El debate quedó en punta, porque continuará la o6ra semana.