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De agencias
El aspirante a la presidencia en 2022, Sergio Fajardo Valderrama, será imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y la firma de un contrato de préstamo sin cumplir los requisitos legales cuando fue gobernador, informó esta mañana la Fiscalía.
Fajardo, un político ahora de centroizquierda que ocupó el tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 con 4,58 millones de votos y está haciendo campaña de nuevo para la presidencia, fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015.
«Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación», dijo Fajardo, de 64 años, en su cuenta de Twitter.
El contrato, un préstamo de 77 millones de dólares con el Banco CorpBanca, se firmó en 2013. El Banco CorpBanca fue posteriormente absorbido por el Banco Itaú, que no ha hecho comentarios sobre la decisión de la Fiscalía General.
«Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales», dijo un comunicado de la Fiscalía General.
«El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato», explicó el organismo.
Estos son los trinos de la Fiscalía General:
Fiscalía Colombia @FiscaliaCol #ATENCIÓN La #Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.
Fiscalía Colombia @FiscaliaCol Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.
Fiscalía Colombia @FiscaliaCol Los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar.
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