
Por Iván de J. Guzmán López
Los periodistas tenemos el deber ético de investigar y denunciar la corrupción que carcome nuestra democracia. No en vano, lo primero que hacen las tiranías es perseguir periodistas, encarcelar periodistas, asesinar periodistas. Investigar y denunciar es presentar la noticia que permanece oculta, alertar a la opinión pública y poner las evidencias en la mesa para que los organismos de control hagan su trabajo.
La alta corrupción en Colombia, no obstante las constantes denuncias de periodistas preparados, responsables y valerosos como Diana Giraldo, Patricia Janiot Martirena, Claudia Gurisatti, Daniel Coronell, Vicky Dávila, Juan Gossaín, María Jimena Duzán, Camila Zuluaga, Alejandro Villanueva, Néstor Morales o Juan Lozano, entre otros, da cuenta de una justicia inficionada, manipulada; de unos organismos de control cooptados por los poderes corruptos de una sociedad a merced de la delincuencia armada y, peor aún, de la criminalidad de cuello blanco, hoy floreciente como nunca antes en esta tierra del Sagrado Corazón de Jesús. Este es un aserto irrebatible y, como todo aserto, no necesita demostración, porque la realidad lo hace por sí misma. Para muestra, el botón reciente de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”, con su dinero sucio que remece al gobierno Petro.
Este amado oficio de periodista (que deshonran aquellos que se dejan amordazar por un puesto que lleva implícita la promesa de genuflexión absoluta, o aquellos que se convierten en cajas de resonancia de noticias trasnochadas, esas que nada aportan a la defensa de la ciudadanía, el erario público o la democracia), en muchas ocasiones es desempeñado con lujos de competencia, ética y responsabilidad, por personas que son de otras profesiones. Tal es el caso de la doctora Claudia Victoria Carrasquilla Minami, conocida simplemente como Claudia Carrasquilla, hipocorístico que ella acepta con sencillez, humildad y naturalidad.
Ella no es periodista de facultad, pero es más reputada que muchos de nosotros, salidos de una facultad de periodismo. Ella es abogada y concejal de Medellín, en ejercicio. La página del cabildo de la ciudad, nos la presenta así:
“Abogada, aspirante a Magister en Seguridad Pública, Especialista en Proceso Penal, Ex- Fiscal contra el crimen organizado, Ex-Directora de Fiscalías de Medellín, Ex-Directora contra el crimen organizado, Ex-Delegada para la Seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Abogada externa de CENIT, filial experto en temas de atentados terroristas y aprovechamiento de hidrocarburos”.
Ella no es periodista, pero nos dicta cátedra con sus denuncias bien sustentadas a la luz del Derecho. Cada una de sus presentaciones se convierten en valiosas fuentes de información para nosotros, periodistas de facultad, y son una invitación para que ejerzamos con profesionalismo, ética y responsabilidad nuestro oficio de guardianes de la información y de la verdad que, se sabe, en gran parte, sustenta la democracia. Su capacidad para denunciar y su férrea posición contra la delincuencia, fue justamente lo que moldeó su remoquete de “Fiscal de Hierro”.
Los podcast y videos que con frecuencia publica en redes, son denuncias bien documentadas, contundentes y oportunas, que dan cuenta de una realidad amarga que casi nadie quiere mencionar, y menos, destapar. Son un ejercicio periodístico, de una abogada que da lecciones de periodismo y pulcritud, enfrentado a personajes como Daniel Quintero o Gustavo Petro, a más de un buen número de delincuentes.
“La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó, en julio de 1993, la Resolución 1.003 sobre Ética del Periodismo. Es uno de los documentos más completos sobre deontología profesional periodística y tiene un carácter vinculante, sobre todo, a consecuencia del Organismo que lo promulga”. Dicha Resolución cita 10 obligaciones del periodista, entre ellas:
- Por primera vez, se exige que el periodista debe contar con una formación adecuada para ejercer su profesión.
- El periodista debe respetar el derecho a la vida privada, la presunción de inocencia y los derechos de los menores de edad.
- Tiene, además, la obligación de no promover la guerra, defender la democracia, la dignidad humana y la igualdad entre personas.
- El periodista deberá también informar sobre todos los asuntos relacionados con la «cosa pública«, por el bien de los ciudadanos”.
Creo que las cientos de facultades de periodismo que tenemos en Colombia (para desgracias nuestra, decenas de garaje) deberían ser muy celosas a la hora de otorgar títulos y, en cambio, a personas de otras profesiones, con tantas capacidades, rectitud y profesionalismo a la hora de investigar, informar y denunciar, debería invitarlos a profesionalizarse y, en algunos casos, hasta otorgarles un Honoris Causa en periodismo.
La abogada Claudia Victoria Carrasquilla Minami, conocida simplemente como Claudia Carrasquilla, que tanto tiene para enseñarnos a los periodistas, es una excelente candidata a ello. Sus alocuciones precisas, sustentadas, claras y valerosas, le han valido amenazas, calumnias y señalamientos falsos, como ocurre con frecuencia a nuestros mejores colegas; no obstante, su compromiso con la comunicación y la verdad es incondicional.
Las Facultades de Periodismo, no pueden seguir titulando recicladores de noticias light, presentadores de refritos o timoratos cómplices de tiranías, incapaces de investigar, informar, crear opinión y denunciar, cuando, ejerciendo el periodismo, encontramos profesionales de otras disciplinas, ejerciendo el periodismo con todas las calidades y obligaciones sociales.
¡Tienen la palabra, honorables decanos!
Por lo pronto, sospecho que en la abogada Carrasquilla, se esconde una gran periodista, misma que debemos estimar, apoyar y estimular para bien de la comunicación, la sociedad y la democracia.
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