Editorial El Nuevo Siglo: Líos que se “dejaron envejecer”

@IvanDuque

  • Del mototaxismo a las plataformas tipo Uber

  • Evidencia de la preocupante debilidad estatal

Una de las principales funciones del Estado es, sin duda, la de viabilizar la solución a problemáticas endémicas de la ciudadanía. Sin embargo, hay muchos flagelos que, parafraseando al actual Presidente de la República, se dejaron “envejecer mal” porque la institucionalidad no los enfrentó de forma definitiva y eficaz.

Entre esas problemáticas sobrediagnosticadas pero nunca resueltas efectivamente por vía ejecutiva, legislativa o judicial, hay dos que en los últimos días han estado sobre el tapete de la agenda nacional. En primer lugar está el complejo lío alrededor del funcionamiento de las plataformas tecnológicas digitales que se han vendido masificando en el país prestando un servicio que permite conectar a quienes requieren transporte y los conductores de carros particulares que lo prestan. Si bien toda la polémica se ha centrado en la multinacional Uber, que el viernes pasado anunció que se iba del país, lo cierto es que hay otras aplicaciones similares que poco a poco han ido ganando terreno en todo el territorio, como es apenas lógico a medida que se masifican los avances tecnológicos y la era digital copa todos los ámbitos vitales.

Más allá de lo que finalmente termine ocurriendo con Uber, que esta semana también se indicó que tras la última sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio contemplaba la posibilidad de demandar a la Nación por una presunta violación del TLC con Estados Unidos, lo que debe entender el país es que esta complicación con las plataformas aumenta día tras día. Las distintas decisiones del Ministerio del Transporte y de la Superintendencia del ramo, prohibiendo el funcionamiento de dichas aplicaciones y tomando una serie de medidas sancionatorias al respecto, no han frenado su uso por parte de la ciudadanía. Por el contrario, lo que se está viendo es que en algunas ciudades y municipios se está tratando de replicar a pequeña escala el fenómeno, aunque en una forma más rudimentaria. Por ejemplo, grupos de conductores de vehículos particulares crean una cuenta en WhatsApp u otra red social a la que invitan a vecinos y conocidos con el fin de que cuando requieran transporte simplemente publiquen un mensaje allí y en cuestión de minutos serán atendidos. Así las cosas, ya no solo es el problema con las grandes plataformas multinacionales o nacionales, sino que ahora se está atomizando peligrosamente.

A partir de esta clase de situaciones es que se puede advertir cómo esta problemática con las plataformas, que comenzó y creció en los últimos seis años en Colombia, empezó ya a tener vasos comunicantes con un flagelo más antiguo: el mototaxismo. Es sabido que no en pocos municipios quienes se dedican a esta actividad también han tratado de replicar el funcionamiento de las plataformas digitales de gran espectro. Ya no necesitan circular por las calles o parquearse en determinado lugar para conseguir clientes, sino que trabajan a punta de llamadas de teléfono celular o mensajes en las redes sociales. Esto dificulta aún más que las autoridades de tránsito locales puedan detectar a quienes prestan este servicio ilegal de transporte público sin estar autorizados para ello ni contar con las pólizas de seguro o cumplir los demás requisitos exigidos para la protección de conductores, pasajeros y terceros en caso de un accidente vial.

Por muchos años desde las gobernaciones y alcaldías se insistió a los gobiernos nacionales que abordaran de forma definitiva el problema del mototaxismo. Pero la única respuesta fue la prohibición total de esta actividad, lo que, sin embargo, no frenó su crecimiento. Por el contrario, hoy en muchos municipios, veredas y corregimientos es el servicio más utilizado por los pobladores. El resultado de esa ineficiencia institucional está a la vista: algunas investigaciones hablan de más de un millón de personas, entre conductores y sus familias, cuya sobrevivencia diaria depende de los ingresos derivados del mototaxismo. Es más, no pocos mandatarios locales admiten que si bien tienen la facultad legal para ordenar a la Policía decomisar las motocicletas y pedir a la Fiscalía que procese penalmente a estos infractores, a la hora de la verdad se abstienen de hacerlo porque no quieren exponerse a posibles asonadas de los habitantes, muchos de los cuales defienden este transporte informal por ser, de un lado, la única alternativa de empleo para muchas personas y, de otro, la única forma de movilizarse en zonas en que las empresas formales no prestan servicio o lo hacen deficientemente.

Como se ve el problema reciente de las plataformas tecnológicas tipo Uber y el más antiguo del mototaxismo, tienen, en el fondo, una causa similar: la ineficiencia del Estado para hacer cumplir de manera efectiva y definitiva la prohibición de su funcionamiento. Ante esa debilidad institucional patente unas y otro no hicieron más que multiplicarse y ganar, paralelamente, el apoyo de amplios sectores de la población. De igual manera, en ambas problemáticas queda en evidencia que el Estado tampoco supo avanzar, como alternativa ante la dificultad para restringir estas actividades, en una reglamentación rápida y efectiva que permitiera legalizar dichos servicios, cumpliendo con todos los requisitos para garantizar no solo la seguridad de los conductores y usuarios sino la eliminación de cualquier competencia desleal que afecte a las empresas de transporte y prestadores autorizados.

Como se dijo, váyase o no Uber del país, quedan muchas otras plataformas de distinto nivel en funcionamiento, ahora con un componente local y regional en el que el mototaxismo se está colando rápidamente. La gran  pregunta, entonces, continúa siendo la misma ¿Podrá el Estado acabar o reglamentar, de una vez por todas, estos dos fenómenos ilegales?

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