E.U. acusa a Petro de “incendiario” e “irresponsable”; ¿seguirá la Misión de Verificación?

@petrogustavo

E.U. acusa a Petro ante Consejo de Seguridad, de utilizar una ‘retórica incendiaria’ y pone en duda apoyo a renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia.

Duras críticas a Petro lanzó Estados Unidos durante la sesión del Consejo de Seguridad de este viernes, en la que Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación en Colombia, presentó su informe trimestral sobre la paz en el país.

El representante estadounidense acusó al Gobierno colombiano de “socavar el progreso hacia el logro de una paz duradera” con políticas “irresponsables” y de recurrir a una “retórica incendiaria” en territorio norteamericano, al tiempo que cuestionó la ampliación del mandato de la misión del organismo en Colombia.

“La Misión de Verificación de la ONU en Colombia se estableció para verificar la desmovilización del grupo terrorista Farc. Lamentablemente, con el tiempo, el mandato de la misión se ha ampliado para reflejar prioridades políticas excesivas, como la justicia transicional y el apoyo a las minorías étnicas”, dijo Mike Waltz, representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Washington advirtió, además, que está revisando de cerca el mandato para determinar si continuará respaldándolo.

“Estados Unidos está examinando detenidamente el mandato de esta misión y si amerita el apoyo continuo del Consejo de Seguridad de la ONU, basándose en una evaluación de su contribución a la paz y la seguridad en Colombia”, añadió.

La renovación de dicho mandato, que se definirá tras una votación a final de mes, es clave para que la Misión continúe verificando y acompañando la reincorporación, las garantías de seguridad de los firmantes, la aplicación de las sanciones propias, la reforma rural y el capítulo étnico.

Esta decisión, cabe destacar, ha recibido en ocasiones anteriores un respaldo unánime y, de forma consistente, el apoyo de los cinco países con poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Esto ha ocurrido al margen de quién se encuentre en la Casa de Nariño.

Además, las declaraciones de Estados Unidos se producen en un contexto de tensión en las relaciones bilaterales tras la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y luego de la reciente visita del presidente Petro a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Allí, durante una protesta propalestina, exhortó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump y obedecer las órdenes de la humanidad”, un pronunciamiento que desencadenó una crisis diplomática y derivó en el retiro de visas a varios funcionarios colombianos.

La controversia también coincide con hechos cruciales para la implementación del acuerdo. Apenas unas semanas atrás, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sus dos primeras sanciones propias: el 16 de septiembre contra siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc y el 18 de septiembre contra 12 militares involucrados en falsos positivos en el Caribe.

En ambos casos, los sancionados recibieron ocho años de actividades restaurativas y restricciones a la libertad, la sanción máxima contemplada en el Acuerdo Final.

En representación del Gobierno colombiano, la embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata, defendió los avances en la implementación del acuerdo de paz y subrayó la importancia de la Misión de Verificación para el país.

Zalabata hizo énfasis en que la permanencia de la misión sigue siendo esencial, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia, y recalcó la voluntad del Ejecutivo de cooperar de manera articulada con la comunidad internacional.

“Su labor constituye un pilar para la consolidación de la paz al actuar como un canal de alerta, un socio estratégico para la respuesta del Estado y un actor imparcial ante las comunidades”, dijo.

La representante colombiana reiteró que el acuerdo de paz “sigue vigente” y que el Gobierno está comprometido a avanzar en su implementación. En ese sentido, defendió la gestión del presidente Gustavo Petro en materia de reparación a las víctimas y en el establecimiento de diálogos con todos los actores del conflicto.

“Estamos convencidos de que la paz exige una visión de largo plazo, la continuidad de las políticas públicas y un compromiso sostenido del Estado, la sociedad y la comunidad internacional”, afirmó la embajadora.

Además, en su intervención destacó la formalización de predios en el marco de la reforma rural, la creación de consejos comunitarios y el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Integral para el Ejercicio de la Política (Sisep). (Con información de El Tiempo).