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El procurador general de la nación Gregorio Eljach y el registrador nacional Hernán Penagos, le propinaron dos golpes mortales a la consulta de Petro, al avalar prácticamente que el Senado si se pronunció sobre esta figura constitucional el día que la negó.
El procurador general Eljach (Foto), que fue 30 años secretario general del Congreso, le envió un concepto al Consejo de Estado, según el cual “No están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el demandante no tienen la solvencia ni la suficiencia que adviertan la vulneración del ordenamiento jurídico, en tratándose del desconocimiento de normas superiores o expedición irregular”.
Y el registrador Hernán Penagos (Foto) dejó la consulta en las manos del Consejo de Estado.
De manera resumida, el Ministerio Público añadió: “Los elementos de juicio traídos a colación, no gozan de la contundencia, ni de la determinación para concluir que se vulneró el ordenamiento jurídico; pues lo que se advierte, son algunas consideraciones e interpretaciones particulares, sin que tenga contundencia sobre la ocurrencia de alguna irregularidad en la expedición del acto demandado, por parte de la autoridad competente”.
Por ello, la Procuraduría solicitó expresamente: “NEGAR la medida cautelar de suspensión de los efectos del acta o certificación de consolidación de resultados de la sesión en la que se emitió concepto desfavorable a la solicitud del presidente de la República de convocar a una consulta popular del orden nacional”.
En la mañana del martes 17 de junio de 2025, el registrador nacional, Hernán Penagos, instó al Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría General de la Nación y demás entidades judiciales para que decidan sobre el decreto que convoca a los colombianos a una consulta popular, expedido por el presidente Gustavo Petro el 11 de junio.
El funcionario precisó que hay un lío jurídico entre la postura del Gobierno nacional, así como la decisión del Senado al negar el mecanismo de participación el 14 de mayo, con una votación de 49 votos en contra frente a 47 a favor, por lo que espera que la situación sea resuelta por los altos tribunales.
“Vamos a instar a los jueces de la república para que decidan sobre los actos judiciales, para que decidan sobre esta consulta popular”, señaló Penagos en declaraciones a los medios de comunicación.
“No se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas muy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes”, explicó.
A su vez, detalló que la directiva presidencial cuenta con múltiples demandas ante las altas cortes, entre ellos, se destacan 11 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y 10 accidentes de nulidad simple, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas en el Consejo de Estado.
“Organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca, exige una planeación muy juiciosa, que debe adelantarse con todo rigor”, declaró Penagos en la rueda de prensa.
“Estamos ante una dificultad material, porque organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca, exige una planeación muy juiciosa (…) Son 53, días, menos de dos meses, es un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel. Son 42 millones de personas las que podrían participar de una consulta. No podemos tener una logística que ni siquiera podamos nosotros garantizar”, reiteró el registrador. (Con información de Infobae y El Colombiano).
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