Después de 5 años, nada ha pasado con la denuncia penal contra Fajardo, por una urgencia manifiesta

@sergio_fajardo @FiscaliaCol 

¿Y qué ha pasado con Fajardo que era el representante legal del Departamento? 

Los abogados expertos Mauricio García Quiroz, Diego Andrés Velásquez Álvarez y Guillermo Mejía Mejía (foto), fueron los encargados de dirigir el empalme entre el gobierno de Sergio Fajardo (foto) y el entrante de Luis Pérez Gutiérrez. Eso fue entre octubre y diciembre de 2014. 

En desarrollo de ese trabajo se encontraron con un contrato muy curioso: El secretario de Infraestructura Mauricio Valencia y su gerente Rafael Nanclares adoptaron la figura de la urgencia manifiesta sin los rigores que establece la ley. 

Los tres abogados de inmediato les pusieron una demanda penal en la Fiscalía, en enero de 2015, comenzando el gobierno de Luis Pérez. 

Apartes de la demanda dice así: 

El día dieciocho (18) de julio de 2012, mediante el Decreto 1714, con la firma del señor MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, Secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, este funcionario decretó la urgencia manifiesta para la recuperación, según él, de los corredores viales y para la atención de puntos críticos en los sectores priorizados en los informes técnicos de las vías del Departamento, donde se realizarían todas las obras necesarias para su habilitación. 

“Nótese, señor Fiscal, cómo la Gobernación, Secretaría de Infraestructura Física, a cargo del señor MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, para eludir una licitación pública, obligatoria de acuerdo con la ley 80 de 1993, incluye en una urgencia manifiesta la reparación de vías que llevan “cerradas” más de 12 años, lo que desvirtúa cualquier urgencia, pues si llevan semejante tiempo cerradas era porque no era tan apremiante su reparación. 

“Se recuerda que ambos funcionarios firmaron un contrato para el arreglo de vías que costaba $5.640.000.000 y debía hacerse en 7 meses, pero fue adicionado 7 veces hasta costar $31.526.671.654 ya en noviembre de 2014. 

Según la denuncia penal, “la irregularidad más protuberante, se presenta con la construcción del viaducto en la vía Abejorral –La Ceja  (Km 30 +700) que tuvo un valor definitivo de quince mil doscientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil ochenta pesos ($15.259.069.080.oo), cuyo reconocimiento del terreno para la ejecución de las obras solo se hizo en la primera semana de agosto de 2013, o sea, 13 meses después de haberse declarado la urgencia manifiesta, lo cual indica claramente, que hubo tiempo más que suficiente para elaborar un proceso de licitación pública, transparente, que se hubiera hecho sin violación de los principios de transparencia, planeación y  objetividad”. (Vea la denuncia).