Desmovilizados y mercado laboral en tiempos de la COVID – 19

Por Julián Vásquez Roldán

La situación actual generada por la COVID-19 ha tenido impacto en el mercado laboral, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, que son en su mayoría mujeres, jóvenes y grupos poblacionales con menos formación y experiencia laboral como los desmovilizados. 

Los datos del DANE, con corte a diciembre de 2020, son reveladores: La población desocupada en el país fue 3,3 millones de personas, 907 mil más desempleados con respecto a diciembre de 2019, sumado a esto, se encuentra la informalidad, que sigue siendo factor principal en las diferentes ciudades. Esta situación se complejiza si incluimos en los análisis variables cognitivas, como la experiencia, el nivel educativo y la edad y no cognitivas, como el autocontrol, la resiliencia y el trabajo en equipo. 

En el caso particular de Colombia, el mercado de trabajo presenta fuertes desajustes, básicamente por las condiciones propias de la estructura económica; los elevados niveles de informalidad (cercanos a 50% del empleo total generado); y el atraso tecnológico (presente en importantes renglones productivos como el agrícola). 

Aunque hasta el momento estos parecieran ser contextos que aplican no solo a la realidad del país, bien vale mencionar que el caso colombiano cobra mayor relevancia en la medida en que, luego de un proceso de conflicto armado interno de más de 50 años, se firma la paz con la guerrilla más antigua y rica del mundo. 

Estos factores se conjugan y determinan una situación de mayor vulnerabilidad para los jóvenes, las mujeres y las personas que habitan principalmente en las zonas rurales. También la edad, en interacción con el género, hace que los varones (jóvenes, adolescentes y niños), más que sus contrapartes femeninas, ocupen el grueso de la fuerza laboral agraria (incluidos los cultivos ilícitos) y la masa de los combatientes. 

Es allí, donde además de la reactivación económica, la disminución de la tasa de desempleo y la discusión de una reforma tributaria se hace necesario que, en términos de mercado laboral, se realicen esfuerzos significativos en materia de política pública que favorezcan la incorporación a la fuerza laboral de los desmovilizados en tiempos de pandemia. La COVID – 19 no puede enterrar las oportunidades para esta población. 

La rápida inserción laboral, por precaria que sea, proporciona a los excombatientes (en especial las mujeres) nuevos horizontes vitales que no existían, como el contacto directo con la economía monetaria y el acceso a una nueva realidad que les permiten acabar con el aislamiento, socializar, ampliar sus relaciones y redefinir su posición en la estructura familiar. 

En este sentido, una lenta o nula inserción laboral, sumada a problemas de amenazas a la seguridad, pobreza y limitada participación política, han sido identificadas como determinantes del fenómeno de reincidencia en la población desmovilizada; es decir, alicientes para que un excombatiente regrese a las actividades ilegales. 

Estudios sugieren que, en Colombia, dadas las diferentes variables socioeconómicas incluidas para analizar la fuerza laboral como las anteriormente mencionadas, no existe una estructura de alineación de incentivos para la incorporación de reinsertados al mercado laboral. Además, esta población presenta mayores probabilidades de reincidir en el delito y de engancharse en actividades informales. Esta situación posibilita que este grupo poblacional esté cerca de volver a la ilegalidad y que sea objeto de estar inmerso en delitos o incluso de ser asesinados. 

Se deben buscar entonces estrategias para que los desmovilizados puedan encontrar oportunidades de integrarse al mercado laboral y con ello aumentar las probabilidades de encontrar empleo formal, pues se requieren niveles de formación en educación como mínimo de 13 años. Una limitante es que la mayoría de estas personas se encuentra entre los 26 y los 40 años. Un análisis costo – beneficio hace inviable esta posibilidad, incluso para los que hoy cuentan con 26 años, pues al terminar el ciclo de formación tendrían alrededor de 40 años, lo que para ese momento les limitaría posibilidades en el mercado laboral. 

Sin estos años de educación, la probabilidad de encontrar empleo formal para un desmovilizado llega máximo al 20%. Por lo que es imperativo que, además de la discusión de una nueva reforma tributaria, se diseñen programas de formación a la medida, tanto en la formación básica como superior, que sea compatible con la generación de ingresos y la realidad territorial. 

Finalmente, las discusiones del país deben de ir más allá de la COVID-19 y la reforma tributaria. Deben enfocarse en establecer hojas de ruta tendientes a la formalización empresarial y laboral, la reducción de la pobreza, la creación de empresas, la disminución de costos laborales no salariales, el acceso a la educación y en últimas la construcción de un proyecto común de país que se fundamente en liderazgos colectivos, el progreso económico y la movilidad social intergeneracional y regional como vehículo natural de construcción de una paz estable y duradera.