Demasiadas guerras

Por Darío Ruiz Gómez 

Si durante lo que va corrido del Gobierno Petro el número de mercenarios al servicio de los nuevos grupos dedicados al narcotráfico ha aumentado en un 43% el crecimiento de los cultivos de coca ha crecido, curiosamente, en la misma proporción y en triple proporción ha aumentado el número de víctimas, de poblaciones destruidas en estas guerras fabricadas para que el crimen organizado se enriquezca en proporción más exagerada.

Un reciente artículo del New Tork Times se refería al Guaviare como el escenario de “Otra guerra” más en Colombia haciendo una descripción sobre las características de los nuevos líderes de estas organizaciones delictivas que como sabemos luego del Acuerdo aparecieron disfrazadas de “Disidencias” para continuar con el dominio sobre territorios que nunca fueron devueltos a las víctimas.

De las consignas totalitarias llamando al levantamiento popular contra el imperialismo se ha pasado de manera explícita a la normalización de la extorsión, del secuestro, del tráfico de drogas y personas. Lo que llamaron sus principios revolucionarios fueron dejados a un lado como lo señala el artículo cuando lo que prevalece es el afán de enriquecimiento de los Calarcá, Mordisco, Pablos Beltran y Garcías. Descertificar por parte del gobierno Trump al gobierno Petro por haber convertido a Colombia en un narco país no se limita solamente a condenar el aumento de estos cultivos –  tal como lo escucho en boca de algunos políticos  que reducen el problema a erradicar sembrados, olvidando  los daños colaterales  que continúan destruyendo los valores que fundamentan  una sociedad libre,  e imponiendo con la complicidad del gobierno, una justicia títere que previamente ya  absolvió de sus tropelías a estas organizaciones criminales.

Hemos visto esta semana el asalto a diferentes municipios del Cauca llevados con la ferocidad propia de estos delincuentes para los cuales nada está vedado como en este intento de borrar al corregimiento de El Carmelo en Cajibío. Cinco policías en solitario resistiendo el desproporcionado ataque a una la población desprotegida, aterrada, escondida, la iglesia y el Cuartel de la Policía destruidos por los drones y las descargas de las ametralladoras y finalmente otro policía muerto.

La voz de un ciudadano solicitando una ayuda que solamente llegaría dos horas después. ¿Por qué la fuerza Pública no ha podido recuperar el cañón del Micay? La aparición de territorios por parte de los grupos del ELN y las Disidencias viene acompañada, no sólo de la siembra de más hectáreas de coca sino de lo más grave, la destrucción de las familias, de iglesias y escuelas.

Nueve años necesitó el desconsiderado número de burócratas de la JEP para burlarse de estas graves faltas a la dignidad humana, para que conceptos como Delitos de Lesa Humanidad hayan desaparecido de la llamada “Justicia Transicional” y ahora ante  la prolongación de estas otras guerras donde se cometen los mismos crímenes que cometieron y siguen cometiendo las FARC y el ELN, ya las víctimas de los más morbosas irracionalidades han tenido tristemente que aceptar que a estos  monstruos, el castigo que les impondrá esta farsa de justicia será la de hacer placa huellas o recoger tomates, o, aprenderse de memoria los “textos  de Sandra Ramírez sobre los beneficios del aborto. Esta es una afrenta a la justicia universal, a los Acuerdos de Roma y a la lección que dieron al mundo los juicios de Nuremberg donde se condenó a los jerarcas nazis pero también a jueces y magistrados de la llamada justicia ordinaria que callaron ante estos atropellos al ser humano.

¿Cuánta es la población colombiana que ha tenido que marcharse al exilio? Como a nadie del Comisariado ha condenado la JEP por el delito de esclavitud al no diferenciar el bien del mal, la descertificación viene a recordarle a la Justicia de este país que en el Chocó, Guaviare, Catatumbo, Putumayo y donde se siempre coca no hay campesinos sino esclavos sometidos a infamias que creíamos habíamos sido capaces de superar.