¿Debe un magistrado de la Corte Suprema, firmar contratos de asesoría con un gobierno?

@CorteSupremaJ @JuanManSantos

• El que firmó el magistrado César Augusto Reyes con el gobierno de Santos, lo tiene en el mundillo de las sospechas. 

«La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo», una de las sentencias atribuidas al emperador romano Julio César.

La frase viene al caso, porque un magistrado de las altas cortes debe tener un pasado y un presente libres de toda sospecha, para que sus fallos y actuaciones no despierten suspicacias de ninguna clase.

Desafortunadamente esto no ocurre con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes, ponente y elaborador del auto de solicitud del aseguramiento del expresidente Uribe.

El Centro Democrático denuncia que el magistrado Reyes tuvo un contrato con el gobierno anterior, para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Según los documentos dados a conocer públicamente, el contrato se dio en el año 2016, por un valor de $574.674.360.

La suspicacia que se desprende es que el magistrado le sirvió al Gobierno de Santos, uno de los enemigos acérrimos del expresidente Uribe. Y cualquiera puede sacar la conclusión del Centro Democrático.

Lo ideal y lo real, es que, si este magistrado no hubiese tenido ese contrato, esta suspicacia no tendría espacio en la especulación. Porque los magistrados no debieran tener ataduras con ningún gobierno ni partidos, para que no despierten sospechas de que comercian con los fallos.

Y menos cuando la Corte Suprema de Justicia ha estado bajo sospecha por el Cartel de las Toga.

Este es el comunicado del Centro Democrático:

Gobierno de Juan Manuel Santos otorgó millonario contrato a magistrado de la Corte Suprema que investigó y dictó medida de aseguramiento al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Luego de conocer públicamente los contratos que uno de los magistrados tuvo con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Centro Democrático reitera que, esta es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia.

Según establecieron los medios de comunicación, el magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, tuvo un contrato con el gobierno anterior, para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Según los documentos dados a conocer públicamente, el contrato se dio en el año 2016, por un valor de $574.674.360 en el que el magistrado Reyes, fungía como subgerente de la empresa contratista y que tuvo una ejecución de cinco meses y medio, se dio bajo la modalidad de contratación privada y fue pactado en tres pagos parciales de 172 millones, 230 millones y 172 millones. (El contrato).  

Este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte.