Cuando se cierran todas las salidas: la larga ruta que llevó a la caída de Maduro

Por Sandra Milena Alvarado P. 

Lo que ha ocurrido en Venezuela estos días no se entiende en horas, ni siquiera en meses. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para responder por cargos de narcoterrorismo no es un trueno aislado en un cielo despejado; es el estruendo final de una tormenta que se venía formando desde hace años, a la vista de todos. Durante largo tiempo, Venezuela fue dando pasos sucesivos hacia el autoritarismo: elecciones cada vez menos libres, tribunales sometidos al Ejecutivo, persecución abierta contra la oposición, cierre del Parlamento, uso del sistema militar y penal como arma política, prensa silenciada o domesticada, exilio forzado de disidentes, control del territorio por redes de corrupción y crimen organizado. No se trató de un accidente, sino de una estrategia consistente: desmontar, una a una, las garantías que permiten a un pueblo cambiar a su gobierno sin violencia.

Las elecciones presidenciales más recientes fueron el punto de quiebre. Con la principal líder opositora inhabilitada, con el árbitro electoral capturado y con denuncias documentadas de manipulación en el conteo y la transmisión de resultados, el régimen declaró victorioso a Maduro mientras la oposición exhibía actas que mostraban otra realidad. A las acusaciones de fraude siguieron las protestas; a las protestas, la represión; a la represión, nuevas oleadas de presos políticos, allanamientos y amenazas. El mensaje era inequívoco: no habría corrección de resultados, no habría auditoría real, no habría alternancia. En paralelo, se había ido clausurando el resto de salidas institucionales. La Asamblea fue vaciada y sustituida por un órgano dócil; el Tribunal Supremo, convertido en notaría del Ejecutivo; los organismos de control, alineados sin matices; el establecimiento militar corrupto, unido al régimen y de espaldas a la población. Las conversaciones políticas que en otros contextos han servido para encauzar transiciones aquí se agotaban siempre en el mismo desenlace: promesas incumplidas, foto para la galería y más cerrazón. Millones de venezolanos entendieron el mensaje y se fueron del país como pudieron, a veces a pie, por trochas, con una maleta y la nostalgia al hombro.

En un mundo ideal, la comunidad internacional habría actuado con eficacia a tiempo. Pero el entramado jurídico global tiene límites muy claros. La ONU puede emitir comunicados, votar resoluciones, expresar “profunda preocupación”, pero no tiene una fuerza propia que pueda imponerse allí donde un gobierno controla sin contrapesos el territorio y las armas y donde, además, potencias con derecho a veto protegen, por interés, a ese régimen. La Corte Penal Internacional investiga, pero lo hace con los tiempos y formalidades de un tribunal que debe probar cadenas de mando y patrones de criminalidad antes de acusar. No se puede pedir a sus jueces la velocidad de una operación militar.

En la práctica, no existe hoy una entidad internacional con poder real para detener, de manera rápida y eficaz, a un gobierno que viola de forma abierta y reiterada la democracia y la libertad de sus ciudadanos cuando ese gobierno ha capturado todas las instituciones internas. Ese vacío ha sido evidente en Venezuela: informes lapidarios, pronunciamientos solemnes, sanciones selectivas, llamados a nuevas elecciones con garantías que jamás se materializaron. Mucho diagnóstico; poca capacidad de corrección.

Es en ese contexto donde se inscribe la operación que terminó con Maduro en manos de la justicia estadounidense. No se trata de una salida que pueda considerarse normal ni deseable. La intromisión militar de un país en el territorio de otro es, en principio, algo que el derecho internacional mira con la máxima desconfianza. Nadie que conozca la historia latinoamericana puede celebrar a la ligera que la suerte de una nación dependa de la decisión militar de una potencia extranjera. Pero sería hipócrita no mostrar complacencia con el vuelco de la situación a la que los venezolanos estaban condenados: convivir eternamente con un régimen que les había cerrado todas las posibilidades de cambio pacífico.

Aquí aparece la incomodidad de fondo: cuando desde fuera se condena la intervención sin matices, se pasa por alto que la inacción también es una forma de decisión. Pensar que la única opción aceptable era ver, año tras año, cómo se falsificaban elecciones, se encarcelaba opositores, se torturaba a manifestantes, se expulsaba a millones de ciudadanos y se destruía la economía equivale a aceptar que algunos pueblos están destinados a la opresión perpetua en nombre de una pureza jurídica que solo existe en los manuales. La indiferencia también tiene un costo moral.

Nada de lo anterior transforma en ideal una operación que, en un mundo mejor ordenado, habría debido ser innecesaria. Pero sí ayuda a entender que lo ocurrido no se explica solo por la voluntad de un gobierno extranjero, sino también por la decisión prolongada de un régimen de cerrarse sobre sí mismo hasta dejar a su país sin cauces. Cuando se mutila el voto, se captura la justicia, se humilla al Parlamento, se criminaliza la protesta y se burlan, una y otra vez, los llamados internacionales, lo que se estaba construyendo ya no era una democracia defectuosa, sino una jaula.

La caída de Maduro por una vía externa no debe interpretarse como una licencia general para que cualquier potencia se arrogue el derecho de intervenir donde encuentra un autócrata que le disgusta. Tampoco debería verse como un espectáculo tranquilizador que exonere al resto del mundo de la responsabilidad de haber llegado tan tarde. Más bien, debería asumirse como advertencia: un país que cede su institucionalidad a un caudillo termina dependiendo, para salir de él, de factores que no controla.

Para América Latina, la lección es clara y, a la vez, incómoda. Ninguna nación está a salvo de recorrer, paso a paso, el camino venezolano si normaliza el desprecio a las reglas, aplaude la concentración de poder, se acostumbra a los insultos contra jueces y periodistas, acepta la persecución de opositores como si fuera gestión y mira hacia otro lado cuando se violan derechos en nombre de una causa supuestamente superior. Las dictaduras no nacen en un día: se incuban al ritmo de la complacencia y del miedo.

Desde esa perspectiva, lo ocurrido en Venezuela no debería llevarnos solo a aplaudir la caída de un tirano, sino a preguntarnos qué hacemos, en nuestros propios países, para que el Estado de derecho no se convierta en una fachada vacía. La mejor manera de evitar intervenciones externas no es invocando la soberanía cuando conviene, sino preservando una vida institucional en la que los conflictos se resuelvan con votos, sentencias y debates, no con fusiles.

Quizá la enseñanza más dura que deja la larga ruta hasta la caída de Maduro es esta: cuando un régimen decide cerrar todas las salidas, el costo de la salida que finalmente se abre siempre es demasiado alto. La responsabilidad de no llegar allá es de todos: de los gobernantes que hoy ostentan el poder, de las instituciones que deben controlarlos y de los ciudadanos que no pueden darse el lujo de confundir lealtad con obediencia ciega, ni apatía con neutralidad.

Venezuela enfrenta ahora un reto enorme: lograr la transición a la democracia. Y en ello Colombia deberá jugar un papel principal eligiendo, en la próxima votación presidencial, a un gobernante que refleje el respeto por los valores democráticos, un buen conocimiento y experiencia en las relaciones internacionales y que esté presto a estrechar los lazos económicos y sociales con nuestro país hermano.