Cuando la delincuencia pone las condiciones

Por Balmore González Mira

Desde que Pablo Escobar dijo como quería su cárcel y como sería juzgado, e impuso una ley que prohibía la extradición y dijo además que la ley debía llamarse de sometimiento, Colombia adquirió el mal hábito de dejar que los delincuentes pusieran las condiciones y moldearan las normas para someternos a los colombianos. 

Y como el mal ejemplo cunde, un cuarto de siglo después fueron las Farc las que pusieron las condiciones, amnistía, curules, perdón, comisión de la verdad y JEP, y en compañía de su socio de empresa, el inmerecido presidente santos, negociaron a su antojo el tal llamado proceso de paz, poniendo ellos todas las condiciones, y en un acto funesto, el 2 de octubre hace cinco años, cuando el pueblo colombiano en su mayoría los desaprobó, se robaron literalmente la voluntad de la democracia, y en el acto más claro de dictadura  pisotearon la Constitución que habían jurado defender y respetar. 

Si a esto le sumamos el deseo de la ola de vándalos que han dañado al país y que quieren obligar al gobierno a negociar las políticas públicas y las instituciones del estado, con paros que han hecho más daños a la economía nacional que la misma pandemia del Covid; cuando se habla de hacer daño a la economía, no se puede leer que se hace daño únicamente a los empresarios y ricos como quieren hacerlo ver algunos. Ese daño va hasta las cocinas de las clases populares y de los estratos más bajos que ven mermados sus ingresos y escasear sus mercados, no poder pagar sus servicios y retirar a sus hijos de las aulas de clases porque no hay ni con que vestirlos siquiera. El daño que hacen los vándalos que muchas veces son aplaudidos desde las ventanas oscuras, y financiados desde el mismo capitolio del congreso, ahora lo quieren legitimar con jornadas de negociación, cuando la inmensa mayoría de los colombianos, otra vez, rechazamos estos actos de violencia, barbarie y destrucción que no merece el más mínimo reproche desde el oscuro rincón de quienes los azuzan diariamente. Y ahí es donde quedamos graves, cuando son los delincuentes, los que ponen las condiciones. La seguridad y la justicia, son dos potestades del estado que no se pueden negociar. 

Cambiando de tema: Al final estoy convencido que ni Aníbal Gaviria ni Luis Alfredo Ramos son delincuentes, son tal vez víctimas de un sistema de justicia lento, ineficiente e ineficaz que grita con desespero que requiere modernizarse para volver a creer en el Estado Social de Derecho.