La Corte Constitucional: guardiana del pacto social
Hablar de un magistrado es hablar de una figura revestida de dignidad y autoridad. Según el Diccionario de la lengua española, se trata de un miembro de la carrera judicial con categoría superior a la del juez. Sin embargo, en el caso de la Corte Constitucional, esta investidura adquiere un matiz mayor: sus magistrados son los guardianes del pacto social acordado en 1991, plasmado en la Constitución, y que define las reglas de convivencia democrática.
Política y justicia: un vínculo inevitable
La reciente elección del doctor Carlos Camargo como magistrado puso de nuevo sobre la mesa el carácter político de estas designaciones. En un país polarizado como el nuestro, donde los debates se trasladan a todos los escenarios, el rol de la Corte se convierte en pieza clave del equilibrio de poderes. No es casualidad que la Constitución asignara este proceso al Senado, como expresión del sistema de pesos y contrapesos frente al Ejecutivo y al Judicial.
El Senado eligió entre dos candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia: Patricia Balanta y Carlos Camargo. La decisión, más allá de lo jurídico, estuvo atravesada por deliberaciones políticas. Y es natural: la Corte no solo interpreta la Carta Magna, también define los límites del poder en democracia.
Decisiones que marcan la historia
El debate sobre el rol de la Corte no es nuevo. Basta recordar a magistrados como Ciro Angarita, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes, Jaime Araújo Rentería o Carlos Gaviria, cuyas sentencias marcaron la historia del país en temas tan controversiales como la despenalización de la dosis mínima o del aborto. Decisiones que, en muchos casos, tuvieron costos personales para sus autores.
El ejemplo del magistrado Araújo Rentería tras la Sentencia C-355 de 2006 lo demuestra: defender la Constitución puede acarrear consecuencias personales y familiares. Esto refuerza la idea de que el deber de un magistrado trasciende intereses individuales, políticos o ideológicos.
[1] Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en derecho penal de la Universidad EAFIT, Máster en Política Criminal de la Universidad de Salamanca, España. Consultor, asesor y litigante en asuntos relacionados con derecho penal, extinción de dominio y gestión de riesgos punitivos. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Mediador del Centro de Mediación Penal de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Principios que deben prevalecer
La misión de la Corte es clara: proteger la Constitución, la dignidad humana y los principios que sostienen el Estado Social de Derecho. Entre ellos, la democracia participativa, la igualdad, la solidaridad, la soberanía popular y la prevalencia del interés general.
Hoy, cuando desde el Ejecutivo surgen discursos que sugieren un eventual control presidencial sobre la Constitución, la Corte adquiere mayor relevancia. Académicos como José Mauricio Gaona Bejarano han recordado públicamente la diferencia entre una Asamblea Nacional Constituyente legítima y la ambigua “Asamblea Popular Constituyente”. Estos debates evidencian que la Corte es un dique frente a la tentación populista.
Una integración equilibrada
La actual composición de la Corte refleja el equilibrio buscado por el Constituyente: tres magistrados provenientes de ternas del Consejo de Estado, tres de la Corte Suprema y tres del Presidente de la República. Aunque la política influye en la elección, reducir el papel de los magistrados a la procedencia de su terna es un error. Su verdadera medida está en su trayectoria académica, sus providencias y la forma en que encarnan valores de imparcialidad y objetividad.
No obstante, existen retos: la baja representación femenina —tres mujeres frente a seis hombres— y la presión de un contexto político crispado. Con todo, la Corte sigue siendo garante de que el país no se aparte del camino trazado en 1991.
Antioquia y la tradición constitucional
La historia de Antioquia también tiene un lugar en la Corte. Basta recordar a Jorge Iván Palacio, Vladimiro Naranjo y Carlos Gaviria, cuyas decisiones marcaron la jurisprudencia. Hoy, esa representación continúa con la magistrada Lina Marcela Escobar, elegida en 2025.
Una responsabilidad inmensa
Al final, lo fundamental es entender que la Corte Constitucional no pertenece a un partido ni a un gobierno. Es la guardiana de la Constitución y, por tanto, de la democracia misma. Sus decisiones, nos gusten o no, deben inspirar respeto, pues son la expresión viva de nuestro Estado Social de Derecho.
A los magistrados recién elegidos les corresponde ahora cargar con esa enorme responsabilidad: velar por que los principios que nos unen como nación sigan siendo faro y límite del poder.
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