Crónicas de la corrupción (5): Invercolsa

Por Guillermo Mejía Mejía

Fue durante la década del 90 que el Gobierno Nacional mediante documento Compes decidió adoptar un programa para la masificación del consumo de gas natural y gas propano en Colombia en los sectores industrial, comercial y familiar, plan en el cual se conectarían 3.7 millones de hogares en un mediano plazo que implicaría, no solo la extracción de los campos gasíferos de la costa Atlántica (Ballena) y de los Llanos Orientales (Cusiana y Cupiagua), sino también la construcción de una infraestructura de transporte y distribución del gas natural.

Ecopetrol, a través de su filial Colgas, era la empresa que distribuía la mayor parte del gas en el país, en la que tenía el 52.5% de las acciones. El otro 47.5% se encontraba en poder del Grupo Urbina, de propiedad de un poderoso del gas, José Urbina Amorocho, (39%) y un 8.5% lo tenía Agrícola de Seguros y otros pequeños accionistas.

Todo comenzó con un proyecto de capitalización de Colgas por 1.500 millones, empresa sobre la cual pesaba una carga laboral bastante onerosa, iniciativa a la que se opuso el grupo Urbina y los otros accionistas. Explicaba el gerente de Colgás de la época que para sanear el pasivo laboral y liquidar a sus 80 trabajadores, se requerían unos 3.500 millones, pues cada uno costaba, en promedio, 44 millones de pesos.

Por esta razón el gobierno nacional decide liquidar a Colgás y crear una nueva empresa con los mismo accionistas privados y es así como nace Invercolsa.

La sociedad Invercolsa S.A fue constituida el 30 de julio de 1.990 como una entidad privada pero a ella llegaba Ecopetrol con su paquete de acciones que poseía en GASCARIBE, ALCANOS S.A, ALCANOS DEL HUILA, COLGAS DE OCCIDENTE y GASORIENTE, entre otras empresas comercializadoras de gas.

De este modo lo que antes era Colgas, pasa a llamarse Invercolsa con los mismos socios y porcentajes. O sea que Invercolsa es una empresa de papel que no tiene operaciones directas de extracción ni de comercialización de gas sino que se limita a recibir los rendimientos de sus filiales: las mencionadas que aportó Ecopetrol y las del señor Urbina, propietario de Gl Tractouaz de Colombia, Inversiones San José de Cúcuta e Inversiones El Tablazo.

Seguramente por convenio entre Ecopetrol, José Urbina y Seguros del Estado, se designó como presidente de Invercolsa al abogado del industrial Urbina, Fernando Londoño Hoyos, socio de un bufete de litigantes llamado Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda., quien desempeño el cargo desde el 30 de julio de 1.990 hasta el 6 de abril de 1.995. Pero este presidente de Invercolsa no era ni empleado público, ni trabajador oficial, ni tampoco trabajador privado porque acordó que no se firmara contrato de trabajo, sino que se le pagaran honorarios profesionales por prestación de servicios, razón que no lo obligaba a pagar seguridad social en ese momento.

Por distintas razones, el gobierno nacional aprobó la enajenación y el programa de venta de las acciones que poseía Ecopetrol, Explotaciones El Condor S.A y South American Gulf Oil Co.poseían en Invercolsa S.A. y expidió el decreto 2.324 de 1.996 en el cual se fijaban una condiciones bastante serias para su adquisición tales como el precio; las condiciones especiales para el acceso a las acciones por parte de trabajadores, extrabajadores, pensionados, organizaciones solidarias y de trabajadores y extrabajadores; la venta en dos fases; la adjudicación; los responsables de la veracidad de las ofertas y la prenda a favor de Ecopetrol.

Adquirir acciones en Invercolsa en ese momento era un negocio redondo pues prácticamente se trataba de un monopolio en un momento clave del país que acababa de pasar por un apagón generalizado.

Fue entonces cuando el “trabajador” Fernando Londoño Hoyos ve que tiene al frente una mina de oro y, sin pensarlo dos veces, renuncia a la presidencia de Invercolsa, al frente de la cual los socios, en su reemplazo, designan al exministro Enrique Vargas Ramírez, quien le expide a Londoño un certificado en donde consta la fecha de su designación, las tareas que cumplió como presidente de la sociedad y la fecha de su retiro, es decir, la certificación de que Londoño era un empleado de Invercolsa.

Vargas Ramírez también se antojó y se levantó 300 millones con los que adquirió otras cuatro millones setecientas mil acciones para él.

Armado con semejante certificación, Londoño se va donde la sociedad comisionista de bolsa Corredor y Albán y cumpliendo con los demás requisitos del decreto del gobierno y del reglamento de Ecopetrol, compra 145 millones de acciones por valor de 9.264 millones que se auto prestó como presidente del Banco del Pacífico en Colombia, un banco que conjuntamente con el Andino, se llevó de Colombia una suma cercana a los 35.000 millones producto del recaudo de impuestos, autorizados por el Ministerio de Hacienda. Recomiendo que busquen quiénes fueron los socios y directivos colombianos de estos bancos ecuatorianos(http://www.mamacoca.org/separata_nov_2002/art_castrocaycedo_pesca_milagrosa.htm) 

Y aquí comienza la batalla de este gladiador jurídico que conoce las armas del derecho y las utiliza, no para defender causas justas, sino para enriquecerse. Veamos:

El 12 de marzo de 1.998, nuestro héroe demanda a Invercolsa S.A en proceso ordinario laboral para reclamar el pago de salarios y prestaciones sociales que no reclamó durante los casi cinco años que fungió como presidente de la empresa de gas. La finalidad no era reclamar unos salarios y prestaciones sociales sino obtener por sentencia judicial su calidad de trabajador. Afortunadamente para el país, este proceso laboral del “trabajador” Fernando Londoño Hoyos fue fallado en primera instancia por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que no se tragó el cuento del “trabajador dependiente”, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de junio de 2.002. El tribunal dice en la sentencia que la pretendida relación laboral que buscaba Londoño fue un contrato de mandato comercial con representación.

En vista de esta sentencia de carácter laboral, Ecopetrol comienza una tarea titánica para recuperar las acciones obtenidas ilícitamente por Londoño Hoyos y lo demanda en un proceso ordinario de mayor cuantía, lo mismo que a la firma irresponsable Corredor y Albán que no verificó el carácter de trabajador de Londoño, el 28 de octubre de 1.997, ante el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, despacho que ordenó el registro de la demanda en el libro de accionistas de Invercolsa S.A., el 21 de septiembre de 1.999, medida que congelaba cualquier transacción que se hiciera en adelante con esas acciones.

A pesar de esta medida, Londoño Hoyos celebró un contrato de transacción y de dación en pago, con las acciones de Invercolsa, compradas ilícitamente, con una sociedad de Panamá llamada Arrendadora Financiera Bolivariana S.A, AFIB, el 16 de diciembre de 1.999, sucesora en los derechos del acreedor inicial, Banco del Pacífico, entidad con la que Londoño se auto prestó la plata para comprar las acciones de Invercolsa.

A pesar de que el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de enero de 2.004, dentro de un proceso instaurado como acción pública, anuló y en consecuencia declaró ineficaz la compra de los 145 millones de acciones de Invercolsa efectuada por Fernando Londoño Hoyos, el proceso ante los jueces civiles continuó, pues nuestro héroe reclamaba los dividendos percibidos durante el tiempo que las acciones judiciales perduraron y la devolución del dinero (9.264 millones de pesos) más un interés a la tasa DTF que ya rondaba la liquidación por los 25.000 millones de pesos para la época en que fue designado Ministro del Interior y de Justicia y fue citado al Congreso para que explicara la “licitud” de este negocio.

A 23 años de Fernando Londoño Hoyos haber iniciado su épica aventura para quedarse con el 20% de Invercolsa, o sea patrimonio público, plata de todos los colombianos, la mayor distribuidora de gas del país, Ecopetrol expidió el 6 de noviembre de 2.019, el siguiente comunicado:

“Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que tal y como lo mencionaron algunos medios de comunicación y consultada la página de la Rama Judicial, la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo confirmando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, consistente en declarar la ineficacia de la adquisición de 145.000.000 de acciones ordinarias de INVERCOLSA por parte del señor Fernando Londoño Hoyos en 1997, lo que significa que tales acciones serán nuevamente de propiedad de Ecopetrol S.A., que pasará de tener una participación accionaria en el capital de INVERCOLSA de 43,35% a 51,88%. Es importante aclarar que a la fecha el fallo no ha sido notificado, razón por la cual las implicaciones jurídicas y financieras del mismo serán evaluadas en detalle una vez la Compañía haya conocido el texto completo de la decisión judicial.”

En su programa radial diario, que se transmite por RCN, el doctor Londoño Hoyos con su tradicional elocuencia y sin que le remuerda la conciencia, fustiga con acritud los hechos de corrupción que a diario se descubren en el país. (Opinión).

Medellín, 12 de noviembre de 2.020