Crónicas de la corrupción (4): El engaño de la mona Jaller al Ejército, y DMG

Por Guillermo Mejía Mejía 

11- LA MONA JALLER 

Giselle Jaller Jabbour, nacida el 3 de marzo de 1.959 en Beirut, Líbano, y traída desde niña a Colombia, era para 1.993 una mujer de 34 años, dotada de atributos físicos que le ayudaron a entrar a instituciones en donde generalmente a la apariencia externa de las personas le dan una connotación muy alta. 

Con su atractivo sensual y su apellido extranjero, la dama abría puertas fácilmente y luego esgrimía su segundo atributo que era la palabra.     

Con estas dos armas afiladas logró penetrar en el ejército colombiano y conquistar la confianza de los más altos oficiales encargados de las compras y lograr que le adjudicaran tres contratos. 

Lograda su entrada a las instalaciones y a la vida social de los casinos de oficiales, el paso siguiente fue mostrarse como una empresaria exitosa con una firma denominada Inter Terra y ofrecerse para el primer contrato, cuyo objeto era la intermediación para la fabricación y suministro de pertrechos militares, nada más ni nada menos que de Indumil, que es la única empresa oficial autorizada para fabricar armamentos y municiones en Colombia desde 1.954. El otro contrato de suministro sería el de sables muy finos para los cadetes de la Escuela Militar José María Córdoba, un arma que no es de ataque ni de defensa sino un símbolo de la pertenencia a la institución armada que la exhiben los militares con mucho orgullo en los desfiles durante las festividades patrias. 

Los negocios se celebraron por $ 800.000.oo, con un dólar a $ 781 de la época, pero seguramente fueron las revistas de farándula y la vanidad las que dieron al traste con los contratos que comenzaron a ser comentados en los medios de aquel tiempo, pero de todas maneras se alcanzaron a firmar y el gobierno nacional tuvo que frenarlos y eso le acarreó posteriormente, años después, una condena a la Mona Jaller en el año de 2.013 de 10 años de prisión. 

La fachada que utilizaba la Mona era una empresa de papel denominada Inter Terra en la cual aparecía su hermana Rolla Jaller como representante legal. En esta ocasión el objeto del tercer contrato fue la compra de 16.400 sacos de campaña, 16.400 tirantes y 16.400 ponchos que nunca ingresaron a los almacenes ni a ninguna instalación del ejército nacional. Ese tercer contrato bordó la suma de 700 millones de pesos con dólar a US $ 782.42. 

Lo curioso del caso es que estos elementos eran supuestamente fabricados en Estados Unidos, cuando la industria nacional ya estaba en capacidad de producirlos, y allá fue enviado un mayor de apellido Idárraga para supuestamente recibir la mercancía. Con los documentos falsificados por este oficial, se le entregó el dinero a Rosa Jaller, la hermana de la Mona. 

Por este caso se convocó un Tribunal Penal Militar y la Procuraduría pidió la condena para dos coroneles y dos mayores del ejército por presunta falsedad ideológica, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito. No se encuentran datos sobre la suerte corrida por los oficiales que cedieron a los encantos de la Mona Jaller y qué los llevó a cometer todas las irregularidades denunciadas y probadas por la Procuraduría. 

Esta entidad de vigilancia pidió también, por lo menos, una investigación disciplinaria contra el almirante Hugo Hernando Sánchez, el general Henry Medina, los coroneles José Ignacio Báez y Fabio Muñoz, el mayor José David Silva, los capitanes Germán Said Castaño y Gustavo Urdaneta pues las acciones penales habían prescrito. 

Los encantos de la Mona Jaller seguían generando negocios lucrativos y fue así como en el año 1.995, al que antes se conocía como Banco Ganadero, hoy BBVA, intentó estafarlo con dos créditos uno por 150 y otro por 148 millones de dólares, modalidad en la que suplantó a su hermana Rolla como representante de la empresa Inter Terra. El banco logró detener a tiempo el otorgamiento de los créditos, pero las estafas de la mona continuaron. 

Una de estas fue la que intentó hacerle al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli haciéndose pasar por asesora del presidente Trump. 

La oferta que le hizo llegar al expresidente panameño, a quien se le sigue un proceso en su país, fue conseguirle asilo a él y a cada miembro de la familia presidencial por 36.000 dólares cada uno, pero tuvieron la diligencia de averiguar de quien se trataba tan influyente personaje y descubrieron que se trataba de la Mona Jaller. 

La última estafa que se le conoce fue a un norteamericano llamado Bob Underwood, vecino suyo en Estados Unidos con el argumento de que había estado casada con Hugo Chávez y que eso le permitía suministrarle camisetas al ejército de Venezuela. El hombre también cayó en sus redes y le entregó 50 mil dólares para comenzar tan lucrativo negocio.  

Por todas esas fechorías, la Mona Jaller, ya en sus 61 años, tenía orden de captura de la Interpol para pagar en Colombia la condena impuesta hace 26 años. 

En febrero de 2.019 cuando salía tranquilamente de su casa en Usaquén, fue requerida por su identidad por una patrulla de policía que andaba por el lugar y sacó como documento un papel blanco en donde aparecía como Giselle Yazogi, ciudadana israelí, situación que ya conocía la embajada israelí en Colombia que se había quejado ante la cancillería por tal anomalía. Una vez realizada la audiencia de control de garantías, el juez 46 de Paloquemao, verificada la verdadera identidad, la envió directamente al Buen Pastor en donde todo indica que allí continúa. 

12- DMG 

DMG son las siglas del nombre de David Murcia Guzmán, un personaje común y corriente residenciado en un municipio del departamento del Putumayo llamado La Hormiga, donde, a finales del año 2.003, fundó una oficina captadora de dinero del público, en un local situado al frente de la Casa de la Cultura de ese municipio. Fue tanto el éxito de la captación de dinero que, más adelante, abrió oficinas en Orito, Puerto Asís y Mocoa, municipios del mismo departamento. Para el año 2.005, los recursos captados le dieron vuelo para inaugurar la sede de Bogotá y comenzar a convertirse en un gigantesco holding que fue cambiando de nombre primero de DMG S.A. a DMG grupo holding S.A y luego se creó otra sociedad denominada Grupo T, que era la que prestaba servicios a la casa matriz. O sea, una organización vertical que comprendía farmacias, supermercados, empresas de construcción, modas, compañías de televisión y gimnasios, entre otros. Sus ahorradores estaban para ese entonces por los 200.000. En la ley financiera que se aprobó por la época, se introdujo un artículo que aprobaba el uso de las tarjetas prepago, que era el documento clave con el que se movían las transacciones del Holding. Cuando ya se adelantaban los procesos penales, David Murcia confesó haber pagado 700 millones a un lobbista para lograr meter el “mico” dentro del articulado. 

El crecimiento vertiginoso de la empresa captadora y comercializadora hizo posible que se abrieran otras 62 oficinas en el país y en Ciudad de Panamá, Chiriquí, Chitre y Colón en Panamá; Quito, Guayaquil, Cuenca y Lago Agrio en Ecuador y Caracas en Venezuela. 

En menos de cuatro años la oficinita que se fundó en La Hormiga, Putumayo, se convirtió en una captadora de dinero transnacional. 

Todo este entramado no lo hizo solo Davis Murcia, sino que en el negocio intervinieron otros personajes como la abogada Margarita Pabón, tal como lo dijo el apoderado de DMG, Abelardo de la Espriella en su momento: “Se que (Margarita) Pabón Castro ayudó a estructurar todo el negocio (de DMG) desde punto de vista jurídico y financiero”, según aparece en el diario El País de Cali. Otros de los cerebros eran el esposo de Margarita Luís Fernando Cediel y el relacionista de la empresa Daniel Ángel.  

Pero las cosas se empezaron a complicar pues el 19 de agosto de 2.007, en La Hormiga, las autoridades encontraron escondidos en cajas de cartón con sellos falsos del Plan Colombia 6.509 millones de pesos (USD 3.250.000) de ese momento. Inicialmente en la investigación se pensó que el dinero era de las FARC, grupo guerrillero con fuerte influjo en esa región del Putumayo, pero posteriormente el mismo David Murcia inició un proceso de recuperación alegando que eran de su propiedad. La Fiscalía, por su parte, inició el proceso de extinción de dominio sobre el dinero hallado en cajas de cartón. 

El castillo de papel comienza a desmoronarse cuando en septiembre de 2.007, la Superintendencia Financiera expide dos resoluciones que obligan a DMG a devolver el dinero captado por la venta de las tarjetas prepago. No obstante, se comprueba después que, posterior a la fecha de las resoluciones, DMG captó del público, en efectivo, 1.527 millones de pesos. 

En octubre del mismo año, el fiscal general, Mario Iguarán, informa que en el caso de DMG, se configuran no solo los delitos de estafa, captación ilegal de dinero, sino también lavado de activos 

Pero el año fatal fue el 2.008 cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención directa, pues encontró irregularidades jurídicas, contables, financieras y administrativas. La DIAN, por su parte, realizó una visita sorpresa a las instalaciones de Bogotá y la Fiscalía encontró otra caleta en Manizales con 4.700 millones de pesos. 

El 15 de noviembre de 2.008, el gobierno nacional expidió el decreto 4334 que ordenaba la intervención de varias empresas captadoras de dineros del público que ya se conocían comúnmente como pirámides. Con este decreto como fundamento, la policía nacional sella todos los locales de la captadora DMG. 

El 19 de noviembre se expiden 7 órdenes de captura contra los socios de DMG y el 29 de diciembre se incautan 652 bienes que se destinarán, hasta donde alcance, para devolver la plata a los ahorradores perjudicados. Los directivos contra los que se expide la orden de captura son David Murcia Guzmán; Ibeth León, esposa de Murcia; Amparo Guzmán de Murcia (madre de David); William Suárez, cuñado de David Murcia; Daniel Ángel Rueda, productor de televisión; Margarita Pabón, abogada de la empresa y Antonio Bastidas. 

El 10 de febrero de 2.009 la abogada Margarita Pabón y Daniel Sánchez Rueda, socios de David Sánchez Murcia, son condenados a 53 meses de prisión. 

A lo anterior se le agrega que la Corte del Distrito Sur de Nueva York considera que Margarita Pabón y los demás socios de DMG, conformaron una red internacional de lavado de activos a través de la captación de dineros en Colombia y otros países. 

El 24 de febrero de 2.009, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Margarita Pabón a los Estados Unidos, pero solo se efectuó hasta el 5 de agosto de 2010 mientras continuaba el proceso penal en Colombia y allí solo estuvo 15 meses, cuando nuevamente fue deportada a Colombia para cumplir la pena de 53 meses impuesta por el juez cuarto especializado de descongestión y una multa de 375 salarios mínimos mensuales vigentes. 

El 25 de octubre de 2013, la abogada Pabón sale libre de la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por cumplir parte de la pena y trabaja actualmente en la sociedad de abogados litigantes De La Espriella Lawyers Enterprise SAS.  

Lo aberrante del caso es que a los directivos se les concedió la libertad después de haber cumplido parte de la pena, pero empleados menores como Isabel Cristina Lara y Leonor Uribe Quintero que simplemente pasaron sus hojas de vida y recibían órdenes de Margarita y de su esposo, en una empresa que creían legal, se acogieron a un preacuerdo con la Fiscalía y las condenaron a 7 años de cárcel. 

La exesposa de David Murcia, Joane Ivette León Bermúdez, a pesar de estar condenada en Colombia por el juez sexto del circuito penal especializado de Bogotá, por el delito de lavado de activos, continúa residenciada en Uruguay de donde no fue posible extraditarla porque, al parecer, los hechos por los que se pide la extradición no constituyen delito en ese país. 

El 25 de junio de 2.019 David Murcia fue deportado de Estados Unidos a Colombia donde cumple una pena de 22 años. 

De acuerdo con la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, la plata perdida fue más de un billón de pesos, se ha logrado establecer que los “tumbados” fueron alrededor de 240.000 mil personas y solo se ha logrado reparar parcialmente a unos 21.400 reclamantes o sea un 8% del total de afectados.