En medio de los afanes de la peste el gobierno nacional emitió el decreto 568 que creó el mal llamado impuesto solidario.
Por medio de esa orden presidencial todos los empleados públicos que ganen más de 10 millones se les quitará un porcentaje con destino al tal Fome, un fondo creado para dizque atender la emergencia sanitaria y económica por el virus del corona 19.
Como hay quienes dicen que no puede haber impuestos selectivos y como dentro de los exprimidos con ese tributo van también un grupo de pensionados que reciben alguna suma clasificada esotéricamente como megapensión, varios de quienes se jubilaron sirviendo al estado elevaron ante la Corte Constitucional un documento para que atendieran una serie de inquietudes a la hora de la revisión obligatoria de constitucionalidad. El estudio en mención está en el despacho del magistrado Bernal quien le planteó a la Casa de Nariño unas preguntas que hacen pensar hasta al más idiota, que el gobernante chamboneó emitiendo ese decreto.
Entre otras cosas el magistrado pregunta cuáles son los criterios que se tiene por parte del gobierno para identificar a quienes pertenecen a los grupos llamados “trabajadores informales y clase media vulnerable”.
Pero hay una pregunta que puede echar abajo la determinación si se mira a la luz de las normas constitucionales vigentes y, en especial, de los derechos y deberes que tiene todo ciudadano cuando pregunta por qué se hicieron ciertas exclusiones, como por ejemplo al no incluir como sujetos pasivos del impuesto a los trabajadores del sector privado y sólo gravar a los empleados públicos. O por qué motivo no se incluyó a las personas naturales rentistas de capital, que reciben y declaran ante la DIAN sumas iguales o superiores a los 10 millones.
No sabemos cómo vayan a contestar los sabios jurídicos de la Casa de Nariño que han estado redactando durante toda esta emergencia decretos y decretos que a la hora de verdad han resultado ser más chácharas que protocolos admitidos y obedecidos.
Pero lo que sí sabemos es que al excluir a los mayores, coroneles y generales de ser sujetos pasivos de ese impuesto se metieron en camisa de once varas y se van a enredar ante la Corte Constitucional.
Y al sólo sacar a un lado para que no paguen el impuesto a los empleados de los denominados grupos de talento humano del Ministerio de Salud y dejar que todos los demás trabajadores de la sanidad pública lo paguen, obviamente estaban a más de chambonear oficializando una injusticia.
Amanecerá y veremos, decían en mi pueblo, porque a ni a los que lo redactaron les va a dar vergüenza ni al que lo firmó le va a pasar algo más que un pellizco virtual en su cada vez más crecido nalgatorio.
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