25 abril, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Crónica # 418 de maestro Gardeazabal: Organización criminal 

@eljodario 

En el Valle del Cauca, y quizás en casi todas las carreteras y ciudades del país, ha sido un voz a voz desde hace mucho tiempo que cuando lo paren en un retén de Policía, lo más recomendable es bajarse del vehículo y tener ojo avizor, para que no vaya y en un descuido “lo carguen”.  

La modalidad puede llegar a ser simplemente una contravención considerada por los uniformados como “negociable”, hasta la de quedar convertida en un delito de marca mayor y entregada a la Fiscalía.  

Las autoridades judiciales de Cartagena acaban de considerar públicamente que eso fue lo que le sucedió a la concejal Gloria Estrada, cuando fue detenida en plena calle de la ciudad amurallada el día de febrero que iba en su vehículo y él fue reportado inmediatamente como que llevaba debajo de alguna silla un kilo de cocaína.  

El escándalo resultó nacional. Con el desprestigio que tienen los políticos cartageneros, que supera al de la Policía, (lo que es mucho decir), los medios llenaron de arreboles a esa casta presumiblemente corrompida que administra la ciudad desde el Concejo Municipal.  

Ahora, cuando el escándalo debería ser mucho mayor porque se ha demostrado, por confesiones de los actores, que la carga de cocaína fue introducida en el vehículo por uno de los tres policías que participaron en el retén en el barrio de Manga. Ahora, cuando se comprueba una vez más que la policía actúa repetidas veces como organización criminal y no como entidad defensora de la patria y la ciudadanía, el escándalo se ha ido disolviendo.  

No se valora lo que indican las confesiones de los implicados, quienes a su vez contaron que todo había sido fraguado por unos politiqueritos cartageneros en venganza porque la concejal, entonces presidente del cabildo, había logrado remover del cargo de alcalde sectorial a uno de los financiadores de la patraña. 

Escuche al maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal. 

Dicen que pagaron 40 millones para repartir entre el capitán y los policías que se prestaron. También afirman que los uniformados ya fueron destituidos e inhabilitados por 10 años, pero de lo que no se habla es del desprestigio extremo a que ha llegado la otrora respetada y aplaudida Policía de Colombia. Y no lo hacen porque es tiempo perdido exigir un replanteamiento a fondo de esa institución y todos le tienen miedo a la reacción de semejante entidad tan grande, numerosa y poderosa si llegare a plantearse e imponer que la acaben, como hicieron con el DAS (y como deben hacer con el Inpec), para que monten la Gendarmería Nacional, con obligaciones civiles, no militares, igual a como ocurre en la mayoría de los países civilizados.