Cripto-resistencia: el arma financiera de Maduro

Por Jorge Mario Gómez Restrepo* 

Se estima que desaparecieron entre 3.000 y 20.000 millones de dólares. El escándalo, conocido como ‘PDVSA-Cripto’, reveló en 2023 cómo funcionarios de alto nivel, incluido el exministro Tarek El Aissami, participaron en una red de corrupción para evadir sanciones estadounidenses. La trama era sofisticada: vendían petróleo a compradores asiáticos que pagaban con criptomonedas como Petros y Bitcoin, usando billeteras digitales. Ese dinero, fuera del alcance de la regulación financiera internacional y no controlado por el Estado venezolano, se depositó en cuentas privadas de paraísos fiscales sin supervisión bancaria.

Esta no es una simple historia de corrupción. Es la razón clave por la que el régimen de Nicolás Maduro sigue en pie. Mientras Washington apunta sus cañones al Caribe, la resistencia de Maduro se financia con esta estrategia de evasión. Las criptomonedas, que en América Latina han facilitado numerosas operaciones económicas, se han convertido para Venezuela en el instrumento formal para sortear las sanciones internacionales que impusieron tanto la Unión Europea como Estados Unidos.

¿Por qué esta herramienta? Porque las criptomonedas funcionan como dinero digital que se almacena fuera de los bancos, permitiendo transacciones rápidas que pueden realizarse globalmente. Aunque su objetivo original tras la crisis de 2008 era crear un sistema independiente de los gobiernos, en la práctica se convirtieron en el activo refugio ideal para la opacidad. Permiten al gobierno venezolano vender petróleo sin la supervisión fiscal ni financiera habituales, facilitando la transferencia no rastreable de miles de millones de dólares.

Investigaciones realizadas por agencias de seguridad norteamericanas, como el FBI y la CIA, señalan que las criptomonedas pueden ser utilizadas como instrumentos relevantes en el lavado de activos por parte de carteles de narcotráfico, convirtiendo a la región en un entorno propicio para el crecimiento de actividades relacionadas con las criptomonedas. Este ecosistema ilegal ha estado presente en diversos países de Latinoamérica, operando bajo esquemas Ponzi o estafas piramidales que prometen significativos beneficios económicos a quienes invierten o adquieren estos activos.

Actualmente, tras la caída del Petro, el régimen utiliza stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) para facilitar el blanqueo de capitales bajo la apariencia de empresas privadas presuntamente como Kontogo y Crixto Pay, que operan con licencia e integran activos ilegales en el sistema financiero.

Las criptomonedas se han convertido en activos de refugio frente a la inflación y la devaluación, facilitando el envío de remesas y esquivando el control cambiario, especialmente en Venezuela. Además, permiten que muchas personas no bancarizadas accedan y realicen transacciones fácilmente mediante un teléfono móvil, sin depender de los bancos tradicionales.

La amenaza ha evolucionado e involucra redes sofisticadas de lavado de dinero y el uso sistemático de tecnologías de anonimato. Para enfrentarlas se necesitan vigilancia tecnológica avanzada, cooperación internacional ágil y una economía global más estable y vigilada, con menos especulación, gobiernos democráticos sólidos y mayor transparencia en los mercados de criptomonedas.

Nicolás Maduro se aferra al poder no a pesar del escándalo ‘PDVSA-Cripto’, sino gracias al sistema que ese escándalo reveló. Ha transformado a las Fuerzas Armadas en una «auténtica empresa familiar» o «mafia». Las criptomonesdas no son un negocio más en su portafolio; son el aceite que lubrica la maquinaria ilícita del oro, la gasolina y el contrabando, garantizando una lealtad que el dinero tradicional, hoy sancionado, ya no puede comprar.

Este sistema financiero paralelo es el verdadero «oxígeno político». Aliados como Rusia, China e Irán no solo ofrecen respaldo diplomático; participan en esta nueva economía. Pueden seguir comprando el petróleo venezolano y vendiendo combustible o tecnología, porque Maduro les ofrece un circuito de pago (vía stablecoins y otros criptoactivos ) que opera completamente al margen del sistema financiero estadounidense.

Como vecinos, la pregunta no puede ser únicamente si estamos listos para una nueva ola migratoria tras una intervención militar. La pregunta real, la que nos afecta hoy, es: ¿estamos preparados para que la crisis humanitaria se perpetúe indefinidamente? Porque este blindaje digital es lo que hace al régimen de Maduro inmune a las sanciones, prolongando el éxodo.

Esta dinámica nos golpea directamente. ¿O acaso creemos que esos miles de millones lavados en cripto se quedan solo en Caracas? ¿Qué parte de esa «alcancía digital» ya está fluyendo por nuestra frontera, distorsionando la economía en Cúcuta y financiando a los mismos grupos armados que operan en ambos lados del Arauca?

Aquí la soberanía se difumina. Washington apunta sus cañoneras al Caribe, pero el régimen se blinda con algoritmos. Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela. Lo que se define es si nuestra propia seguridad y economía quedan a merced de un «régimen mafioso» cuya soberanía ahora reside, intangible, en una clave privada de internet. (Opinión).

*Abogado Universidad Libre, especialista en instituciones jurídico penales y criminología Universidad Nacional, Máster en Derechos Humanos y Democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid. Especialista en litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.