Crece polémica por juicio y detención de 11 campesinos en Jericó

@petrogustavo

Una gran polémica a nivel regional y nacional se ha desatado por el juicio y detención de 11 campesinos de Jericó, quienes han participado y liderado marchas y protestas en defensa del suelo y del agua en el territorio, donde hace más de 16 años la minera Quebradona S.S. ha pretendido impulsar un proyecto minero de cobre.

A los 11 campesinos, la Fiscalía les imputa los cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

Los campesinos argumentan que las obras de exploración minera realizadas por Quebradona S.A. representan un riesgo para los recursos hídricos de la región. Y varios concejales y otros líderes de la región consideran a los campesinos como defensores del medio ambiente, que se mantienen en la lucha en medio de sus acciones para proteger la tierra y el agua en el municipio de Jericó, Antioquia.

Se les acusa por haber participado en la protesta que incluyó el desmonte de varias plataformas mineras, según ellos instaladas sin socialización previa en predios rurales.

La principal preocupación de los campesinos y de los marchantes ha sido la defensa del agua y la protección del territorio agrícola, porque temen que la minería ponga en riesgo los nacimientos de agua que abastecen no sólo a Jericó sino también a municipios vecinos como Támesis y Jardín.

La oposición a las intenciones de la AngloGold Ashanti, ha generado movilizaciones, cartas firmadas por habitantes y acciones legales para impedir el avance de la minería en la región.

Los campesinos y quienes los acompañan en las movilizaciones, sostienen que la infraestructura de la multinacional se habría instalado de manera clandestina en zonas cercanas a humedales vitales para el suministro de agua, lo que motivó la intervención de la comunidad.

Por estas protestas y marchas, la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria para los acusados, luego de que la AngloGold Ashanti presentara denuncias contra decenas de campesinos y líderes sociales, argumentando daños y delitos durante las protestas.

Los habitantes de Jericó sostienen que nunca fueron informados adecuadamente sobre las actividades mineras y que la empresa incumplió los compromisos de socialización con la comunidad.

Defensores de derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta al considerar que los campesinos sólo ejercían el legítimo derecho a defender el agua y el territorio frente a un proyecto que consideran lesivo para el ecosistema de la subregión.

Entre los acusados se encuentra un campesino de 85 años, Porfirio Garcés, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Soledad

Según los argumentos de la Fiscalía, los campesinos fueron los protagonistas de al menos nueve episodios entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, en los que habrían retenido y agredido a vecinos y turistas que visitaban la región, asegurando que estaban irrumpiendo y afectando una zona protegida como reserva natural.

Según información conocida por la revista Semana, uno de los casos habría ocurrido el 2 de mayo de 2022. Según la Fiscalía, un grupo de 16 trabajadores de la empresa minera Quebradona S.A. fue retenido por aproximadamente ocho personas armadas con machetes y palos.

Los manifestantes argumentaron que las actividades de la empresa no podían continuar debido a que se trataba de una zona protegida. Asimismo, se les acusa de retener a 15 ciclistas y una guía local mientras realizaban un recorrido turístico en la finca La Arboleda.

Según el relato de la Fiscalía, estas personas fueron interceptadas en el mirador de La Soledad, donde se les impidió continuar su marcha durante más de 20 minutos.

En las redes sociales se ha formado todo un movimiento en defensa de los 11 campesinos que, según comentan, solo han trabajado para defender el municipio y sus recursos naturales, además de acusar a la Fiscalía de estigmatizar a los labriegos.

En medio de los mensajes surgieron los relatos de vida de los trabajadores, además de organizar un plantón frente al juzgado de Jericó para apoyarlos. Nombres como juan, José y Argiro salieron a la luz, resaltando los esfuerzos que, como trabajadores de la tierra, han adelantado para preservar la naturaleza del municipio.

Además, los líderes de Jericó y los activistas denunciaron “una estrategia de intimidación jurídica” por parte de sectores interesados en favorecer a la compañía minera, al señalar que los procesos judiciales lanzados contra los defensores del territorio buscan acallar sus voces.

“Utilizar el poder judicial para criminalizar la protesta social constituye una forma de violencia estructural”, destacaron en el comunicado, que también califica estas medidas como un ataque a los principios de justicia ambiental, pluralismo y democracia participativa.

Entre las acusaciones del ente obtenidas por Semana, también figura una presunta agresión física a una persona con un palo, así como una supuesta mordedura de un perro que acompañaba a uno de los manifestantes.

No obstante, los campesinos, entre ellos Porfirio Garcés, de 85 años, han negado las acusaciones de secuestro y han defendido sus acciones como parte de protestas legítimas en defensa del agua y el medio ambiente. (Con datos de Infobae, Punto de vista y Semana).