Contraloría de Antioquia realizó hallazgo fiscal por $5.163 millones en Sopetrán 

@ContraloriaAnt @AlcSopetran  

Luego de una denuncia realizada por un ciudadano en la entrega y liquidación de las licencias urbanísticas en el municipio de Sopetrán, el equipo auditor de la Contraloría General de Antioquia, evidenció la existencia de irregularidades y daño al patrimonio en la Alcaldía Municipal de Sopetrán. 

Se encontró un presunto detrimento patrimonial por valor de $5.163.007.120. En el informe técnico a la denuncia interpuesta bajo radicado No. 2022200000344 del 31 de enero de 2022, se realizó visita al municipio para revisar los expedientes de las licencias urbanísticas otorgadas por la Secretaría de Planeación durante las vigencias 2020 y 2021, donde a través de una muestra aleatoria simple se verificaron las normas urbanísticas generales (usos, aprovechamientos, densidades, alturas, entre otras) para el suelo urbano y rural.  

Así mismo, lo referente a las cesiones urbanísticas y las normas para el trámite y expedición de licencias urbanísticas para urbanización, parcelación y construcción.  

La revisión de dichas licencias urbanísticas se enfocó́ en tres aspectos específicos, como el cumplimiento normativo en la expedición de las licencias urbanísticas, liquidación y pago del impuesto de delineación urbana y la causación, recaudo y destino de las cesiones urbanísticas obligatorias generadas en los procesos de licenciamiento.  

Analizada la información recopilada, surtida la evaluación y trámites correspondientes a la acción de fiscalización, se generaron 8 hallazgos con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias.  

Es importante resaltar que, en el momento de expedir las licencias de construcción, de urbanización y parcelación, se le asigna el número de consecutivo de la resolución y se le colocan los sellos, sin verificar y exigir el pago respectivo por concepto del impuesto por parte del titular de la licencia.  

De igual manera, no se evidencia un seguimiento eficiente a las cuentas pendientes por pagar por concepto de cesiones urbanísticas, así mismo, no se da un seguimiento eficiente a los predios que deben ser entregados y las obras ejecutadas por los constructores por concepto de cesiones.  

Es importante destacar, que la entidad no liquidó correctamente el impuesto de delineación urbana, generando una diferencia en el valor del pago realizado y el valor que se debió́ cobrar, según lo establecido en el estatuto tributario vigente para la fecha de expedición de las resoluciones, indicando una posible conducta antieconómica en la gestión fiscal, traduciéndose esto en un presunto detrimento patrimonial.  

Así mismo, en las licencias urbanísticas de parcelación y urbanización una vez revisados los respectivos expedientes, se evidenció que no se tuvo en cuenta la liquidación y cobro de la obligación “Destinación por Unidad de Vivienda”, dejó de recaudar la compensación urbanística en dinero o en mayor cantidad de obra ejecutada, ocasionando un menoscabo o disminución de los recursos destinados por este concepto, para la generación, construcción y mejoramiento del espacio público y de equipamiento comunitario.  

Es importante resaltar que, en algunas licencias de urbanismo, a través de obras que benefiaban de manera directa al proyecto desarrollado, eran presentadas como compensaciones urbanísticas y aceptadas por el municipio, sin cumplir el requisito de ser para espacio público o equipamiento comunal.