Contracorriente: Una reforma tributaria inoportuna y torpe

Por Ramón Elejalde Arbeláez 

Sea lo primero expresar que se ha vuelto costumbre en nuestros gobernantes cambiarles el nombre a las cosas, creyendo que de esa forma maquillan lo que proponen. El proyecto de ley que busca incrementar los tributos en Colombia es sencilla y llanamente una reforma tributaria o fiscal y no una Ley de Solidaridad Sostenible, como la ha denominado el Gobierno. 

Pretende el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla recaudar con la propuesta unos veintiséis billones de pesos, como lo afirmó esta semana que finaliza en un seminario organizado por ANIF. Allí también dijo el ministro que a raíz de la pandemia el déficit fiscal se incrementó notablemente y que “tenemos caja que nos alcanza para unas seis o siete semanas, por lo que tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos”, expresión que inmediatamente salieron a adornar algunos gremios y cercanos al Gobierno, para evitar un impacto negativo en la economía. La frase, amén de desafortunada, es alarmista y desconoce uno si tiene por objeto sensibilizar bajo presión a la opinión pública y al Congreso, donde se debe aprobar la propuesta gubernamental, o si se pretendía informar una realidad, que es poco probable que esté sucediendo, pues sería desconocer que el Estado está permanentemente recaudando dinero. 

La reforma pretende recoger parte de la billonaria meta recargando de más impuestos a la clase media y al sector productivo, lo que, en el concepto de un profano en estos temas, es un adefesio impresentable en momentos en que es imprescindible reactivar la economía, tan golpeada por la pandemia. Si le impedimos a la clase media que consuma, estamos retardando el proceso de reactivación. Si golpeamos más al que produce, obviamente que lo estamos asfixiando e impidiéndole que contribuya al crecimiento del país. Craso error comete el Gobierno. 

Incomprensible el trato preferencial que reciben algunos sectores de la economía colombiana, al obtener una billonaria ayuda en exenciones y otras gabelas que el Estado deja de percibir y busca en otros bolsillos, de por sí ya bastante esquilmados. El Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP, ha expresado que: “De ochenta billones anuales son las pérdidas para el Estado colombiano en consecuencia a los descuentos, los beneficios tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas. Esta cifra tiene una tendencia a aumentar…” 

El Gobierno tiene la facilidad de recoger el dinero que le hace falta suprimiendo esas exenciones, pero también se puede ayudar con un agresivo plan de austeridad y no con el remedo de propuesta que acaba de plantear. Colombia no necesita costosísimos aviones de guerra, debe abstenerse por lo pronto de adquirir tanquetas y camionetas, los altos funcionarios del Estado deben abstenerse de firmar onerosos contratos para mejorar su imagen o la de sudependencia. El derroche en viajes, la empalagosa parafernalia que algunos ostentan para deambular por Colombia, debe reducirse a lo absolutamente indispensable. Tanta alta burocracia ineficiente y rimbombante, llámese asesores, consejeros, etc. debe de ser eliminada. El Gobierno tiene que ahorrar y no posar de derrochón. Los organismos de control no tienen razón para incrementar su nómina como ya lo logró la Contraloría y como lo busca la Procuraduría, ésta última debería reducirse prescindiendo de funciones y funcionarios que en la realidad poco aportan. 

Capítulo aparte merece el tema de la corrupción, de donde también se pueden ahorrar los billones que está requiriendo el Estado. 

Aliviar las finanzas del Estado acudiendo a sacarle más dinero a la clase media y al sector productivo, sin un esfuerzo del Gobierno por hacer ahorros importantes en sus gastos, es como pretender apagar un incendio con gasolina.