Contracorriente: Sobre el informe de la Comisión Interamericana

Por Ramón Elejalde Arbeláez  

Colmados estuvieron los medios de comunicación con opiniones sobre el contenido del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- , dado a conocer el miércoles de esta semana y que vino a morigerarse un poco con la aparición de otras noticias (asesinato del presidente de Haití, sindicación del hecho a 26 soldados retirados del ejército colombiano, entre otras). Básicamente el organismo internacional deja saber su preocupación por «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar» (BBC. News). 

La reacción del Gobierno colombiano al citado informe, fue desafortunada y calenturienta, lo descalificaron al unísono todos los que en la cúpula del Estado podían opinar sobre el tema. El más patético fue el propio doctor Iván Duque quien le dijo a varios medios de comunicación que «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad». Quedaron sensaciones encontradas sobre esta reacción: 1- No leyeron el documento. 2- Estaban enviando una arenga política a sus seguidores o 3- Desconocen la arquitectura del  sistema interamericano de derechos humanos, acordado por los países afiliados a la Organización de Estados Americanos y que obligan a Colombia. 

El informe es serio, ponderado y digno de que las autoridades lo lean, analicen y corrijan lo que sea menester. Por ninguna parte pude leer que le estaban recomendado al Estado ser tolerante con la criminalidad. Existen propuestas polémicas que el Gobierno bien puede discutir con el CIDH, como la de adscribir la policía al Ministerio del Interior. Yo personalmente creo es un error garrafal volver a las épocas de la violencia política en Colombia, cuando nuestra policía era una policía política, adscrita al ministerio de gobierno. La violencia de mediados del siglo pasado se debió en mucha parte a una policía politizada y poco profesional.  

Como lo dice Humberto de la Calle, la policía no debe quedar adscrita a ningún ministerio. Por allí puede existir una salida inteligente para acercar la policía a la ciudadanía.  

Decir, como lo afirmó la doctora Martha Lucía Ramírez, que el informe no obliga al Estado, es otro despropósito. Ella debe saber que se está hablando de derecho humanos y que estos deben ser observados y respetados por el Estado. Continuar violando derechos y haciendo uso de una fuerza desproporcionada por la fuerza pública, le traerá a Colombia señalamientos internacionales poco edificantes que nos harán ver en el concierto mundial al mismo nivel de Maduro y Daniel Ortega. 

El Gobierno bien pudo aceptar las recomendaciones y pedirle a la Fiscalía investigar todos los hechos violentos del pasado movimiento social, incluyendo el vandalismo, los cortes de ruta prohibidos, las muertes, las desapariciones, los excesos policiales y la presencia de civiles armados en algunas marchas. 

Le faltó diplomacia al Gobierno.