Contracorriente: Pegasus: toda una trama digna de Al Capone o Pablo Escobar

Por Ramón Elejalde Arbeláez 

Pegasus es un software espía de propiedad de la firma israelí NSO Group, de ciberinteligencia destinado a la prevención del crimen y el terrorismo, pero “en manos malintencionadas, puede ser utilizado para fines inapropiados o arbitrarios, ya sea en áreas empresariales o políticas” (El Tiempo, octubre 24/2024).

La primera noticia de la compra de Pegasus por el Gobierno colombiano la dio el periodista israelí Gur Meggido del diario Haaretz, en marzo de este año. Posteriormente el presidente Gustavo Petro, en una alocución el día 4 de septiembre denunció que en forma irregular el gobierno anterior había adquirido un software espía en Israel. Desde ese momento la historia se ha venido destapando por partes y la realidad conociéndose por etapas. 

Inicialmente el exalto mando militar, Diego Molano Aponte el exministro de defensa y Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, todos vinculados al gobierno del expresidente Iván Duque, se dedicaron a rechazar la versión del periodista Meggido y del presidente Petro, algunos periodistas desafectos al actual mandatario llegaron a tildarlo de loco por sus afirmaciones.

Las evidencias fueron contundentes: primero fue el Banco donde realizaron las transacciones, luego el gobierno israelí y finalmente la empresa vendedora del software y la Aeronáutica Civil Colombiana, quien indicó la presencia en nuestro país de dos aviones que vinieron a recoger el dinero, producto del valor de la compra que resultó ser la no despreciable suma de once millones de dólares. Aviones que llegaron a los hangares de la policía nacional.  

Muchas dudas dejan este negro episodio del gobierno Duque que debe ser explicado con claridad: ¿Cuál la razón para hacer una transacción tan alta en dinero en efectivo y transportarla en aviones como si se tratara de una operación entre mafiosos? ¿No era posible hacer la transacción por la banca colombiana? ¿Quién negoció, la policía, la presidencia o la fiscalía? ¿De dónde salió tal cantidad de dinero y en dónde se registraron tales gastos? ¿Se utilizaron dineros decomisados a la mafia? ¿Se recogió dinero entre personas adineradas del país? ¿Cuál la razón para hacer el pago en efectivo? Si todo esto se hizo a escondidas y subrepticiamente, ¿Cuál era el fin? ¿Querían espiar políticos o campañas políticas? ¿Quién operó el software? ¿En dónde está instalado y opera? ¿Qué políticos, periodistas o campañas se beneficiaron de la información obtenida con el software espía? ¿Si la compra era para combatir el narcotráfico y el terrorismo por qué el negocio no se realizó transparentemente y por encima de la mesa? Turbio, muy turbio todo.  

El gobierno, la banca de Israel y la empresa vendedora del software también deben muchas explicaciones y respuestas: ¿Por qué aceptan una negociación en dinero en efectivo? ¿Pagaron impuestos en Colombia? ¿Surtieron los trámites contractuales para vender el producto? ¿Conocieron el origen de los dineros? ¿No sospecharon de una negociación tan truculenta? ¿No recelaron de un posible lavado de activos? ¿Son usuales ese tipo de transacciones con un Estado? 

Indudablemente que con lo conocido hasta ahora existen más preguntas que respuestas y todo apunta a que varios artículos del Código Penal fueron violentados ¡y de qué manera! en este vergonzoso episodio de la vida nacional.

La Fiscalía tiene la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias y decirle la verdad a Colombia. Lo cierto es que Pegasus fue adquirido por el Gobierno anterior, que se pagaron muchísimos millones de dólares por él, que ese dinero se transportó a Tel Aviv en dos aviones israelíes y que aquí, en Colombia, estuvo o está en funcionamiento, el resto de la verdad debe salir a flote. Toda una trama digna de Al Capone o de Pablo Escobar. Vergüenza.