3 marzo, 2021

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Condenado el fugitivo David Wigoda a 13 años de cárcel

El juez 30 penal del circuito con función de conocimiento, Wilson Ricardo Bernal Devia, condenó ayer a 13 años de cárcel a David Wigoda Rinzler, quien fue encontrado coautor penalmente responsable de las conductas punibles de captación masiva y habitual de dineros del público y estafa agravada, al paso que absuelve a las ciudadanas Marcela Jaramillo Cuartas y Beatriz Wigoda Rinzler. 

La justicia probó la existencia de la compañía Factor Group, persona jurídica que adoptó ese nombre en 2004, y se dedicó a operaciones de factoring y a manejar diferentes líneas de negocio, enfocadas a la compra de activos, al descuento de facturas, derechos de contenido económico y/o créditos derivados de contratos, sentencias, títulos valores, flujos futuros, entre otros. 

La sentencia fue apelada por la Fiscalía, la defensa y la representante de las víctimas. 

La plata que se perdió en manos de Factor Group se distribuye así: 

En fideicomisos $146 mil millones; en el fondo en el exterior 42 millones de dólares; en otros procesos judiciales $45 millones. 

En total, David Wigoda tumbó a 1.572 personas. 

Vale la pena informar que David Wigoda, quien no entregó contabilidad alguna, está refugiado hace 4 años en su país Israel, de donde no es posible traerlo a que le rinda cuentas a la justicia colombiana. 

Lo importante de este fallo, es que el juez ordena compulsar copias para que se investigue a Juan Guillermo Jaramillo Cuartas, quien fue su socio y anda fresco como una lechuga por las calles de Medellín.  

El presidente de Factor Group David Wigoda era un reconocido ingeniero civil que durante varios años trabajó en el denominado Sindicato Antioqueño, conocido hoy como Grupo Empresarial Antioqueño.  

Sus labores con la firma Suratep lo llevaron a obtener un gran reconocimiento para posteriormente fundar su propia empresa, así que, en 2004, inició la compañía junto a su cuñado Juan Guillermo Jaramillo Cuartas. 

Al principio todo parecía legal y práctico, pues basaron su actividad económica en adquirir de personas o empresas con poca liquidez, facturas, títulos, contratos, propiedades y órdenes de compra, para luego venderlas a terceros con grandes rentabilidades. 

Sin embargo, las cosas empezarían a cambiar cuando algunos de sus clientes denunciaron incumplimientos en los pagos de una de sus líneas de negocio; inversiones en inmuebles y ceba de ganado. En ese momento, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera iniciaron un proceso de vigilancia para determinar qué era lo que estaba pasando. (Con datos de Infobae). (Lea la sentencia).