Colombia, un país que necesita ser legal

Por Balmore González Mira 

Los diferentes escenarios mundiales nos muestran cada día la posibilidad de poder ser un país económicamente exitoso y que sobresalga en el contexto de los denominados subdesarrollados, e inclusive pasar a ser la otra potencia de américa por encima de Brasil. 

Ubicación en dos mares como una posibilidad de geoestrategia para el comercio mundial, crecimiento en desarrollo minero y buena explotación de yacimientos petroleros; y unas posibilidades en el sector agropecuario para exportación de productos como el café, cacao y aguacate que nos ayudarían al crecimiento del PIB, si lo hacemos de manera responsable y sostenible. 

En el caso de Antioquia y Urabá, toda la posibilidad de unos puertos que fácilmente, en la denominada Mejor Esquina de América, la podríamos implementar como la Hong Kong del continente para aprovechar todas sus bondades y ventajas y hacernos más competitivos. 

La minería entonces necesita, inexorablemente despegar hoy, para que los proyectos que vienen en exploración y otros en construcción y montaje, puedan rápidamente entrar al mercado interno dinamizando la economía, y permitiendo que la recesión que se nos vino por causa de la pandemia no sea tan dolorosa en términos de decrecimiento, pérdida de poder adquisitivo, ausencia de dinero circulante y por lo tanto necesidades básicas insatisfechas en aumento,  y unido a ello, hambruna, falta de cobertura de salud, educación, vivienda y servicios públicos sin poder ser pagados.  Si este renglón de la economía, de manera legal y formal, pudiese abrazar un gran número de desempleados, los cuales tengan su seguridad social al día y con el pago de todos sus servicios laborales y cotización en salud, lograríamos equilibrios en los sistemas y avanzaríamos en el cumplimiento de la normatividad existente en nuestro régimen legal. 

De aquí nace la necesidad urgente de la formalización, de que podamos mirar hacia los objetivos de la ONU. ODS, del foro de Davos y de la OCDE. En cumplimiento de nuestros principios constitucionales y de la oportunidad de hacer entender a todos nuestros empresarios y a los trabajadores de la obligatoriedad de la formalidad, toda vez que ella contribuye al crecimiento y desarrollo económico; de que es necesaria y útil para cerrar brechas de inequidad y fortalece el espectro de la legalidad, enmarcado en una solidaridad que nace en la relación laboral y no en la fría fórmula de empleador y empleado o de patrono – trabajador. 

Los recursos con que se cubre legal, sagrada y obligatoriamente la seguridad social no van inoficiosamente al estado, van en procura de mantener en pie el sistema que nos cobija y nos atiende solidariamente; y los recursos de las prestaciones sociales, no son ni más ni menos que el derecho que tiene el trabajador por haber prestado unos servicios; y en conjunto ellos representan el bienestar a corto, mediano y largo plazo de las familias colombianas, sin ellos hoy habría millones de pensionados que no recibirían un solo peso y muy seguramente, como podría verse a futuro, seríamos una población vieja sin este ingreso que muy probablemente en el peor de los escenarios, nos llevaría a un estado fallido en materia de seguridad social.