Colombia en la era Trump 

Por José Hilario López 

La cooperación internacional surgió después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del debilitamiento económico y social de los países europeos. La cooperación internacional tradicionalmente fue vista como un proceso asistencial de los gobiernos de los estados desarrollados con los países del Tercer Mundo. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos todo está cambiando hacia un mundo de “sálvese el que pueda” y de la ley de la selva, la ley del más fuerte. 

Durante el mandato de John F. Kennedy, en 1961 EE. UU creó La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), con el propósito de centralizar la ayuda internacional estadounidense, una de las agencias de ayuda bilateral más grandes del mundo: trabaja en más de 100 países para promover el crecimiento económico, la democracia, los derechos humanos y la salud global. Políticamente USAID fue una de las estrategias de EE. UU durante la Guerra Fría para frenar el avance del comunismo en el mundo no desarrollado. 

El presupuesto de USAID en el año de 2023 ascendió a la suma de 42.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones correspondieron a América Latina, donde los países más beneficiados fueron Colombia y Haití. La asistencia de USAID a Colombia en 2023 fue de 453 millones de dólares. El Gobierno del demócrata Joe Biden, que dejó la Casa Blanca el pasado 20 de enero, había pedido al Congreso de EE-UU para Colombia en 2025 la suma de 413 millones de USD, un 8,8% menos que la solicitada para 2023. Los sectores colombianos que iban a recibir más dinero eran los de asistencia humanitaria (130,7 millones de USD), migración (111,4 millones de USD) y políticas de acción climática (40 millones de USD).  

En este momento todos los fondos de USAID están congelados durante tres meses, plazo en el que el Gobierno de Trump decidirá si los programas que financia en Colombia, y demás países beneficiados con la ayuda, se ajustan a su política de America First, que busca “proteger los intereses del pueblo estadounidense”.  

La congelación de los fondos de USAID en el caso de Colombia ya está afectando la implementación del Acuerdo de Paz, la reforma agraria, el desarrollo rural y la migración. Sin embargo, hay un punto crucial que no puede pasar desapercibido: el impacto en la protección de la biodiversidad, especialmente en la Amazonia. Según su página web, hasta el 2021 USAID había invertido casi $445 millones USD en proyectos amazónicos, siendo uno de los mayores donantes para su conservación de este macro ecosistema.  

El Departamento de Eficiencia del Gobierno de EE. UU (DEG), la nueva oficina que encabeza el magnate Elon Musk, ha manifestado que habrá importantes recortes a la ayuda que su país proporciona al extranjero.  En efecto, el DEG acaba de confirmar los primeros recortes presupuestales a las ayudas de la USAID a Colombia. Los programas cancelados son: uno de 60 millones de USD para el empoderamiento de indígenas y afrocolombianos, otro de 74 millones para la inclusión de la justicia en el país y uno más de 37 millones para el empoderamiento femenino. 

USAID y la deforestación amazónica 

La reducción de la deforestación en la Amazonia colombiana registrada durante 2023 fue del 38%, pasando de tener 71.725 hectáreas deforestadas en 2022 a 44.274 hectáreas en 2023, el nivel más bajo en los últimos 23 años, un verdadero récord en la lucha contra el cambio climático, mejor llamado impacto global. Sin embargo, durante 2024 la deforestación en la Amazonía colombiana aumentó un 35% en comparación con 2023, arrasando 107.000 hectáreas de bosque. Las dinámicas en la pérdida de bosque están íntimamente ligadas a los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las FARC), que controlan gran parte del territorio amazónico. 

En los últimos días la palabra que más se repite entre líderes de organizaciones del sector ambiental es “incertidumbre”. ¿Qué pasará, por ejemplo, con programas como Amazonía Mía?, que desde 2021 ha estado presente  en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, áreas críticas cercanas a parques naturales, reservas forestales y territorios indígenas, cuyo propósito ha sido, “apoyar al Gobierno de Colombia en la prevención y enjuiciamiento de crímenes ambientales con el fin de reducir la deforestación e incrementar la conservación de los bosques”.

Amazonía Mía para el 2026 aspira poder haber logrado reducir, secuestrar y/o evitar la emisión de unos 12 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Esto podría equivaler a retirar de circulación más de 2.5 millones de vehículos promedio durante un año. Pero, además, el programa busca mejorar la subsistencia de más de 10.000 pobladores mediante prácticas sostenibles, movilizar $13.2 millones USD en inversión para la conservación de paisajes y especies, fortalecer la gestión de recursos naturales en 1.3 millones de hectáreas y aumentar en un 30 % las acciones judiciales contra crímenes ambientales. 

Amazonía Mía no es el único programa de USAID enfocado a la protección de la Amazonía. Otras organizaciones como SERVIR Amazonía, el Programa Regional Ambiental para la Amazonía (AREP), el Fortalecimiento a las Organizaciones Indígenas de la Amazonía (SCIOA) y Amazonía Conectada se encuentran también en la incertidumbre. Con el congelamiento de los fondos de cooperación, no está claro si estos programas podrán cumplir sus objetivos o si su impacto en la selva amazónica se verá seriamente afectado. 

A lo anterior se suma el retiro de EE. UU del Acuerdo de Paris de  2015, tratado internacional que busca limitar el calentamiento global y adaptarse a sus efectos. EE. UU es el segundo mayor emisor anual de gases de efecto invernadero en el mundo, después de China. Sin embargo, si se consideran sus emisiones totales desde mediados del siglo XIX, el país ahora gobernado por Trump acumula las emisiones más elevadas en comparación con otros países. Por todo lo anterior, su desvinculación del Acuerdo de París podría perjudicar gravemente el propósito de reducir la temperatura global por debajo de los 2ºC, en relación con los niveles preindustriales. 

Tal como lo anoto en mi libro de mi libro “Cambio climático e impacto global. Un marco viable de transición energética para Colombia” (Fondo Editorial EIA, 2025. En prensa), tampoco es mucho lo que se puede esperar de las Conferencias de las Partes de la ONU, las denominadas COPs, para promover la acción climática. Veamos solo lo ocurrido en la  reciente  COP29 celebrada en noviembre de 2024, en Bakú, capital de Azerbaiyán, donde sólo se logró un acuerdo genérico para la lucha contra el cambio climático (CC), consistente en movilizar recursos públicos y privados por 1,3 billones millones de dólares para el año 2035, pero faltó precisar de dónde saldrían dichos dineros y la cuantía que deberán aportar los países desarrollados, para ayudar a los estados con menos recursos a enfrentar los desastres, en su mayor parte ocasionados por el desbordado consumismo de los países industrializados. A pesar del incremento sobre lo acordado en la COP28 de Dubái de 2023, la nueva suma que ahora se ha comprometido está muy por debajo de las urgencias reales que tienen los países más afectados por el CC.  

Ante la poca efectividad de las tantas conferencias de la ONU sobre el CC y la incertidumbre por la pérdida de la cooperación internacional, sólo nos queda fortalecer los vínculos de solidaridad de todos comprometidos en acciones que mitiguen los impactos sobre los ecosistemas, empezando por la reducción del consumo de productos provenientes de sistemas incompatibles con la preservación de los bienes naturales, en especial aquellos que para su producción hayan significado destrucción de ecosistemas o que demandan altos niveles de energía. 

P.S: Para empeorar aún más la situación, sólo falta que Trump desertifique a Colombia por los resultados en la lucha contra las drogas.