Por Javier Hoyos Arboleda
Los estimativos de crecimiento de la economía mundial para el 2024 y 2025, según los organismos internacionales, se mantiene alrededor del 3%, un ritmo de expansión que consideran bajo y mucho menor al registrado en la última década.
Advierten que persisten riesgos para la economía debido a la intensificación de los conflictos regionales y que, de implementarse políticas proteccionistas, las tensiones comerciales se agravarían, se reduciría la eficiencia de los mercados y podría perturbarse el suministro de las cadenas productivas.
En cuanto a la economía colombiana, el DANE reportó un crecimiento del 2% en el tercer trimestre, similar al registrado en el segundo trimestre y, dado que apenas creció el 0,7% en el primer trimestre, el crecimiento acumulado entre enero y septiembre de 2024 es del 1,6%, en comparación con el mismo periodo del 2023.
Algunos analistas e instituciones han mejorado ligeramente los estimativos de crecimiento y esperan un cierre cerca del 2%, cifra muy inferior frente a nuestro crecimiento histórico y al proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio, que de por sí es bajo: 2,8% anual.
A lo largo del año, la inflación ha disminuido y las tasas de interés se han reducido. Además, durante el tercer trimestre, se observó un buen desempeño en las remesas, que crecieron un 22% en pesos, así como el valor de la cosecha cafetera que aumentó el 54%, aspectos que contribuyeron a un mayor consumo.
En efecto, el consumo de los hogares creció 1,6% en tercer trimestre, mientras que en el segundo fue del 1,2%, y en el primero, apenas del 0,3%. Por sectores, los más dinámicos fueron el sector agropecuario, 10,7%, y las actividades artísticas, 14,1%.
El tema de mayor preocupación se concentra en las finanzas públicas.
En primer lugar, en el promedio anual los gastos de funcionamiento han crecido al doble de la inflación en las dos últimas décadas, y fueron muy altos en los dos últimos años, cercanos al 20%.
En segundo lugar, las metas de recaudo no se cumplieron ya que la última reforma tributaria afectó el consumo y la inversión y por ende el crecimiento; todo lo cual ha llevado al gobierno a racionalizar los gastos, inicialmente por $20 billones, para cumplir con las metas de la Regla Fiscal.
En tercer lugar, no se ve viable la aprobación de la reforma tributaria en la magnitud que quiere el gobierno.
Y en cuarto lugar, por el avance en el Congreso del acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones y en el que se busca nuevamente, como en los orígenes de la Constitución de 1991, transferir a las entidades territoriales recursos de los ingresos corrientes de la nación hasta alcanzar el 39,5% en un plazo de 12 años.
En la actualidad, el Sistema General de Participaciones representa alrededor del 24% de los ingresos corrientes y hemos estimado que cada punto vale más o menos $3 billones, con lo cual los giros hacia el futuro y a precios de hoy, podrían costar alrededor de $45 billones, 3 o 4 reformas tributarias de las que tradicionalmente se presentan en Colombia.
De allí que la clave esté en la transparencia que debe existir en las transferencias a las regiones, pero también en identificar claramente las responsabilidades que deben asumir las entidades territoriales con estos nuevos recursos; también debería quedar clara en el presupuesto nacional la reducción de gastos anuales equivalente a los recursos que se transferirían.
De lo contrario sería muy grave para las finanzas nacionales, pues nos traería, muy seguramente, una reducción en la calificación de la deuda con las consecuencias que ello acarrea, como las dificultades en la obtención de nuevos recursos y mayores costos financieros, lo que a su vez agravaría la situación fiscal y, desde luego, repercutiría negativamente en el crecimiento económico y los recaudos tributarios futuros. (Vea Colombia económica).
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