Cocaleros: Otro grupo poblacional con graves incertidumbres

Por Claudia Posada 

La crisis por la que atraviesan campesinos cultivadores de coca en distintas regiones del país debería atenderse como cualquiera otra de las tantas por las que pasan comunidades que no tienen dolientes entre los que ponen el grito en el cielo, más bien, por asuntos que “afectan” a privilegiados de la vida. Es absolutamente incomprensible que no se tienda la mano de manera solidaria y pronta a las familias que están en la completa miseria, mientras el gobierno resuelve cómo maneja el problema de la erradicación de cultivos ilícitos -entre los que se cuenta la hoja de coca- como si esto fuera lo mismo que el negocio perverso de la cocaína.

Enfrentar reacciones de quienes se oponen, desde diversos frentes, al cultivo de la Coca y consecuentemente a la industria de sus derivados (no dañinos como la cocaína), ha sido el palo en la rueda que impide concentrar todos los esfuerzos y mecanismos posibles, en perseguir y castigar un negocio que es de suma complejidad como el del narcotráfico y los distintos actores en sus etapas: el proceso al que se somete la hoja de coca como materia prima de la cocaína y luego su comercialización por el mundo entero.

En la sección sobre Colombia en el medio español El Salto, aparece bajo este titulo: El declive del negocio de la cocaína en Colombia impacta en millones de campesinos sin alternativas, un informe especial de Eduardo Giordano (@eduardogior ) con una entradilla que dice: “Las políticas del Gobierno de Petro han llevado a una menor demanda de hoja de coca en Colombia. Una buena noticia con un reverso oscuro: la difícil situación de los campesinos que dependen de la venta de este cultivo ilegal para su supervivencia”.

Coincide la información de El Salto con lo expuesto por Natalia Duque y Juan Camilo Maldonado en: Los rostros del hambre tras la crisis de la coca en Colombia, entrevista y fotografías publicadas en Connectas (Plataforma periodística para las Américas) que evidencia cómo “Los campesinos de La Gabarra, un alejado corregimiento de Tibú, Norte de Santander, están pensando en suicidarse. Hace un año y medio nadie les compra la coca, el único ingreso que tenían para alimentar a sus familias. Cada día que pasa, la desesperación aumenta entre los 15 mil habitantes de este lugar, para quienes el hambre es la realidad con la que se enfrentan a diario. Y la respectiva entradilla del informe señala: “En la región con más cultivos de coca del país que más le ofrece cocaína al mundo, es tal la desesperación por la caída de los precios, que sus habitantes hablan de suicidio, hambre y venta de sus cuerpos”.

En El Salto se lee: “El negocio de la cocaína colombiana está en franco declive desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, en agosto de 2022. El principal termómetro de esta situación es que los grupos narcos redujeron sustancialmente la compra de coca a los campesinos que se la suministraban. Entre las causas, cabe incluir los cambios realizados por el nuevo Gobierno en la cúpula de la fuerza pública, los cuales habrían conllevado la suspensión de los contactos de las organizaciones mafiosas con sus viejos aliados en el Ejército y la Policía, así como un mayor control estatal de las rutas de comercialización de la cocaína”.

Allí mismo señalan que tan grave problema económico derivado de esta situación, “se percibe con extrema gravedad en los departamentos sudoccidentales, especialmente en el Cauca y Nariño, cuyos campesinos dependen de la venta de la coca para su supervivencia”. También se refiere la publicación a Víctor Ocampo, un líder social de la región del Cauca, quien, en un evento de abril de este año, celebrado en Bogotá, dijo: “Para las personas que vivimos en la región no es un secreto que la economía ilícita es lo que dinamiza la región. El departamento del Cauca no tiene fuentes de empleo, más allá de la informalidad y los empleos derivados de la contratación pública”.  Puesto que “eso es lo que mueve la economía de la región”, el líder de la región ve con preocupación “que haya un represamiento —digámoslo así— en los términos de la compra de hoja de coca a los campesinos que la siembran y que no tienen muchas más opciones de vida. (…) Uno de los principales desafíos es el desarrollo de vías de comunicación que permitan canalizar la producción agrícola hacia los mercados de consumo, dado el aislamiento en el que viven la mayor parte de estas comunidades”.

Gobierno tras gobierno es enterado de cómo es de difícil sacar y comercializar cualquier producto agrícola sin tener vías adecuadas; sin embargo, son miles de millones gastados en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia bajo distintas modalidades, todas éstas ineficaces para el control del narcotráfico, mientras no se atiende la falta de vías. Se repite la misma pregunta que nos hacemos por igual en cuanto al CBD de uso medicinal, ahora, para el comercio de los derivados de la Coca: ¿Cuál es la verdad que se esconde tras la negación de aprovechar la hoja como cultivo lícito? No tenemos la respuesta, lo claro es que su aprovechamiento va desde recetas de alta cocina hasta la agroindustria; se reconoce su valor nutritivo, antidepresivo y otros, y como los atribuidos al CBD, ha pasado por estudios científicos serios, obviamente para no caer en improvisaciones, mentiras, engaños; en errores que pueden ser graves, o en manos de inescrupulosos.