Los más recientes acontecimientos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, son de extrema gravedad -ello es inocultable- en cualquiera de las varias hipótesis que se han venido tejiendo sobre la realidad y los cerebros que han configurado o propiciado tan vergonzosos episodios.
Lo acontecido muestra que, tras la flagrancia que se aprecia en el video que distribuyó la Fiscalía General de la Nación, hay algo mucho más profundo y penoso. Y tenemos la sensación de que estamos apenas ante “la punta del iceberg”. Resulta ostensible que -venga de donde viniere- en todo esto hay un alto grado de corrupción respecto al cual deben actuar el Estado y sus autoridades, de modo que no se perpetúe la impunidad.
Igualmente es claro que no estábamos descaminados quienes formulábamos observaciones acerca de la improvisación en que insistieron Gobierno y Congreso cuando se puso en vigencia el procedimiento legislativo abreviado “Fast track”; cuando se dictaron las normas que implementaron el proceso de paz; cuando fueron proferidos confusos fallos de la Corte Constitucional al respecto; cuando se dio posesión a los magistrados de la JEP sin normas procesales y sin que hubiera sido expedida la ley estatutaria, indispensable para su organización; cuando se improvisó en la designación de los funcionarios de la JEP; cuando pasaron inadvertidas las denuncias acerca de su excesiva burocracia; cuando se estableció que sería la JEP la encargada de resolver sobre la fecha de los hechos delictivos ante solicitudes de extradición de los ex guerrilleros; cuando la JEP ha demorado tanto su decisión en la materia en el caso de alias “Jesús Santrich”; cuando inexplicablemente se perdió la carta rogatoria enviada a los Estados Unidos acerca de ese caso. (Lea la columna).
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