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Según la comunicación firmada por el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, existen versiones en círculos sociales y políticos que indicarían una intención de privar de la libertad al gobernador.
El partido Centro Democrático solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia especial sobre los procesos judiciales que enfrenta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.
En una carta enviada al procurador Gregorio Eljach Pacheco, el partido expresó su preocupación por lo que califica como una posible persecución política motivada por la postura crítica del mandatario frente al Gobierno Nacional.
Según la comunicación firmada por el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, existen versiones en círculos sociales y políticos que indicarían una intención de privar de la libertad al gobernador. El Centro Democrático advierte que esto podría estar relacionado con su posición frente a temas como seguridad, infraestructura y políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo.
El partido señala que las investigaciones en curso están relacionadas con contratos ejecutados durante la administración de Rendón como alcalde de Rionegro, los cuales, aseguran, fueron legalmente liquidados y cumplían funciones de apoyo a la Policía Nacional. También cuestionan recientes declaraciones de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en las que habría afirmado que ya se formuló imputación contra el mandatario, lo que, según el partido, no refleja con claridad la realidad procesal.
La solicitud de vigilancia especial se fundamenta en el artículo 277 de la Constitución, que faculta a la Procuraduría a intervenir en defensa del orden jurídico. Además, la carta fue enviada con copia a la ONU y la CIDH, como respaldo a la denuncia de posibles vulneraciones al debido proceso. El Centro Democrático insistió en que se debe garantizar el respeto a los derechos del gobernador y proteger el ejercicio de la oposición política en Colombia.
¿Qué dijo la fiscal Camargo?
La inquietud del partido tiene como detonante una serie de declaraciones públicas emitidas este 24 de junio de 2025 por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en las que se refirió a la preparación de una imputación de cargos contra el mandatario regional.
Durante una rueda de prensa, la funcionaria afirmó: “En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador de Antioquia tiene fuero y ese fuero es de fiscal General, que es una investigación que yo adelantaría (…) que es una investigación que adelanta una fiscal delegada ante la corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación”.
Estas palabras encendieron las alertas del Centro Democrático, que considera que “no existe tal hecho hasta el momento”, es decir, no se formuló imputación contra el gobernador, por tanto, lo dicho por la fiscal General “deja un manto de duda y sin sabor jurídico de que más allá de no haber culminado la indagación preliminar (…) se tiene un criterio jurídico de judicialización contra el Gobernador”.
El partido señala que hay una preocupación mayor por el tipo de contratos en los que se basan las investigaciones. Según detallan en la comunicación enviada a la Procuraduría, los procesos penales en curso hacen referencia a convenios firmados años atrás, cuando Rendón era alcalde del municipio de Rionegro (2016-2020), en el oriente antioqueño.
“Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia especial sobre los procesos vigentes contra el Gobernador Rendón Cardona que adelantan las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia”, indica el documento.
Además, el partido señala que las declaraciones de la fiscal General, al dar por sentada una imputación que no ha ocurrido, “no solo desinforman a la opinión pública, sino que también minan la presunción de inocencia y el debido proceso”.
A lo largo del pronunciamiento, la colectividad insiste que su postura busca defender el principio de independencia judicial, así como el derecho a ejercer la oposición política sin represalias.
En palabras del comunicado: “Consideramos que los hechos relatados, junto con la condición política que ostenta el gobernador de Antioquia hoy iniciado en los procesos, configuran una situación que amerita su atención inmediata y la adopción de mecanismos institucionales que garanticen el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la protección del ejercicio legítimo de la oposición democrática”.
El caso de Rendón se vincula a dos contratos firmados por aproximadamente $1.270 millones para la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro, el mismo que reventó en octubre de 2023, en medio de la campaña por las elecciones territoriales, y que desde noviembre de ese mismo año se presumía quieto luego de que la Fiscalía radicara una solicitud para retirarlo. (Con datos de Chicanoticias.com, El Colombiano e Infobae).
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