@AndresJRendonC @GobAntioquia
El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró esta mañana que Registraduría Nacional del Estado Civil hubiera avalado las firmas del referendo de la autonomía regional, lo cual quiere decir que el proyecto pasa a estudio del Congreso de la República.
El referendo requiere de una ley ordinaria para su convocatoria.
“Colombia ha dado el primer paso a un cambio profundo. Seremos un país unido y fuerte en su diversidad. Las regiones dejarán de estar relegadas y pasarán a la vanguardia. La autonomía fiscal es un paso muy importante para consolidar la descentralización de verdad”, afirmó Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, vocero del comité promotor.
La Registraduría Nacional ya avaló 2.184.548 firmas del referendo de autonomía fiscal promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Con esta certificación, el proyecto de referendo ya puede ser remitido al Congreso para su trámite legislativo. Recordemos que este referendo busca modificar el artículo 298 de la Constitución para que los departamentos puedan asumir la gestión y el recaudo de los impuestos de renta y patrimonio.
Así pues, pretenden asegurar que los recursos generados en cada región se queden en su territorio. Según los promotores, la iniciativa fortalecería la autonomía regional.
En el caso de Antioquia, la implementación de esta medida significaría un aumento en su participación dentro del Sistema General de Participaciones (SGP), pasando de 6 billones a 9 billones de pesos.
Actualmente, el departamento contribuye con 14 billones de pesos en impuestos de renta y patrimonio a la Nación, sin recibir una proporción equitativa de esos recursos.
En general, para que un referendo sea convocado en Colombia, debe cumplir con varios pasos. En este caso, se requiere el aval de la mayoría absoluta del Senado y la Cámara, es decir, cuatro debates en una sola legislatura.
Posteriormente, la ley deberá pasar a control de la Corte Constitucional. Y si la Corte lo aprueba, se somete a votación ciudadana; debe contar con la participación de al menos el 50% del censo electoral y una mayoría absoluta de votos.
El avance del referendo fiscal implica que ahora debe ser presentado ante el Congreso de la República, donde se evaluará su viabilidad. En caso de obtener el respaldo legislativo, la Corte Constitucional deberá revisar su compatibilidad con la Carta Magna. Si supera estos filtros, el presidente de la República tendrá un plazo de seis meses para convocar oficialmente la consulta popular.
Para que la iniciativa prospere en las urnas, será necesario que al menos el 25% del censo electoral participe en la votación, con una mayoría simple a favor de la reforma.
Los promotores del referendo esperan que este proceso pueda desarrollarse antes de finalizar el año, permitiendo que la ciudadanía exprese su decisión sobre la descentralización fiscal. (Con datos de Infobeo y de la W).
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