Catastro como responsabilidad con el desarrollo

Por Julián Vásquez Roldán 

La actualización catastral cumple un papel trascendental en materia de ordenamiento territorial, planeación sectorial, gestión fiscal y proporciona información jurídica, física y económica que favorece el diseño de la política socioeconómica de mediano y largo plazo, generando un mejor escenario para el desarrollo de territorial. 

El mejoramiento de los indicadores económicos y sociales del país en comparación con las décadas anteriores ha favorecido el incremento de los precios del suelo, en especial en ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, al igual que otros territorios que, de una u otra forma, han gozado de una mayor confianza inversionista, relocalización de la actividad económica, incremento de los ingresos y el acuerdo de paz. 

Sin embargo, en términos del catastro no se ha avanzado al ritmo de estas dinámicas. Situación que genera conflictos en el uso del suelo, incapacidad para capturar rentas y una evidente debilidad institucional que impide armonizar la relación del hombre con la tierra como fin último de la actualización catastral. 

Las cifras desde el inicio del gobierno Duque, no han sido nada alentadoras. En Colombia se tiene un registro de cerca 16 millones de predios (11,5 urbanos y 4,5 rurales), de los cuales más de la mitad están desactualizados desde hace casi 11 años. Lo que indica que, de los 1.102 municipios del país, la mitad no posee información actualizada. Lo que refleja una imperiosa necesidad de actualización del catastro y de fortalecimiento de la institucionalidad. 

A manera de ejemplo, en la medida en que no exista seguridad jurídica en los predios, el Estado y los servidores públicos estarán limitados para ejecutar políticas económicas y sociales tan necesarias como el impulso a la agricultura, el acceso a vivienda y a servicios públicos, toda vez que la inversión pública no llega donde no exista seguridad jurídica. 

En la ruralidad el panorama es más complicado, pues cerca del 60% de los predios presentan inseguridad por información de la tierra, situación que obedece a que tan solo el 21% de los predios son de propietarios, 20% son tenedores y cerca del 59% son poseedores u ocupantes. Sumado a esto, se complejiza en los municipios afectados por el conflicto, pues de los 187, cerca de 100 no poseen información actual y los restantes fueron actualizados durante el conflicto, o incluso, no cuentan con información catastral. 

La discusión a nivel municipio y sus concejos debe superarse en terminos de que sólo signifique un caballito de batalla en materia de oposición política, protección de quienes perciben los beneficios económicos del suelo e incrementos de predial. 

Colombia requiere de instituciones sólidas, política y económicamente inclusivas que favorezcan una garantía al derecho de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial, un conjunto de servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones, la democratización del poder y la limitación a quienes lo ejercen. 

La actualización catastral es una responsabilidad de los hacedores de la política con el presente y con el futuro, toda vez que permite el diseño de políticas públicas de mediano y largo plazo en materia de ambiente, vivienda, servicios públicos, agricultura, transporte, cultura, salud, seguridad, justicia, hacienda, acceso a servicios financieros, impulso a la actividad económica, el desarrollo, la equidad y el progreso intergeneracional.