Bombardeos, menores y DIH

Por Rafael Nieto Loaiza 

Petro prohibió bombardear a los grupos delincuenciales porque en ellos podían encontrarse menores de edad. En críticas que hiciera a otros gobiernos, sostuvo que las muertes de menores en esas operaciones eran “asesinatos” y “crímenes de guerra». Hace un par de días, sin embargo, en un bombardeo de la FAC contra un campamento de Iván Mordisco murieron seis menores.

Los menores de edad que no participan en los conflictos armados están protegidos por las normas del DIH que defienden a las personas civiles. Pero si los menores de edad toman las armas, no importa si han sido reclutados voluntaria o forzadamente, dejan de ser civiles protegidos y se convierten un blanco legítimo de acuerdo con el DIH porque participan en las hostilidades, representan el mismo riesgo que un adulto armado y su neutralización tiene el mismo valor. Que los menores pueden matar es un hecho. Y no solo durante los conflictos armados. Recordemos, un triste ejemplo de muchos, el sicario adolescente que asesinó a Miguel Uribe.

De manera que el DIH autoriza la ejecución de operaciones militares contra menores de edad si participan en las hostilidades. Por supuesto, las operaciones contra menores de edad que combaten, como contra cualquier objetivo militar en que se encuentren menores de edad, deben realizarse siguiendo los mismos principios que rigen cualquier acción militar de acuerdo con el DIH. EL DIH, además, establece que las personas, incluso las civiles y los menores de edad, que se encuentran dentro de un objetivo militar, sufren los riesgos de tal objetivo. En cada caso concreto, insisto, quien realiza el ataque al objetivo tiene que hacer las valoraciones y tomar las precauciones a que obliga el DIH.

Ahora, es verdad que el DIH establece una protección especial para los menores, todos los menores, durante los conflictos armados, en materia de evacuación y ubicación en zonas especiales, asistencia y cuidados, sistemas de identificación y mecanismos de reunión de familiares y niños no acompañados, reglas especiales para menores arrestados y detenidos. Ninguna, en todo caso, que prohíba la realización de operaciones militares, bombardeos incluidos, contra los menores que participen en las hostilidades.

Si el DIH autoriza las operaciones contra menores que participan en las hostilidades, en cambio establece la prohibición de reclutamiento de menores de quince años, edad de protección que aumenta a dieciocho el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, en ambos casos con la intención de protegerlos de los riesgos de la guerra. Más aún, de acuerdo con el derecho penal internacional, reclutar menores de quince años es, ese sí, un crimen de guerra.

La prohibición de Petro de bombardear campamentos y unidades de los grupos violentos con la excusa de que en ellos pudiera haber menores de edad trajo dos consecuencias muy desafortunadas. Por un lado, contribuyó al fortalecimiento de los bandidos porque anuló la capacidad aérea del Estado, una de sus más importantes ventajas en el combate contra los grupos violentos. Por el otro, paradoja, constituyó un incentivo perverso para el reclutamiento de esos menores por parte de los criminales porque con ello aseguraban no ser atacados por el Estado vía aérea. La decisión de Petro solo motivó que los violentos usaran a los menores como escudos humanos.

Además, si se trataba de evitar la muerte eventual de un menor, había que prohibir cualquier operación contra un grupo violento en que pudiera haber alguno, no solo los bombardeos. En un combate terrestre también pueden producirse la muerte de menores. ¿Por qué prohibir los bombardeos y no otras operaciones que suponen los mismos riegos para los menores? En cualquier caso, la prohibición de bombardeos es un absurdo que hizo más vulnerables a los menores, debilitó a la Fuerza Pública, fortaleció a los violentos y deja abierta la pregunta de cuál fue la verdadera intención de Petro al establecerla.

Como sea, Petro decidió recurrir de nuevo a los bombardeos. Van trece, según los medios. Una contradicción con sus posiciones anteriores, sin duda, pero también un avance que debería traducirse en una mejora en la seguridad de todos los colombianos.