Bernardo Guerra pierde otra batalla por su curul en el Concejo 

@BernardoAGuerra @ConcejoMedellin 

En reciente decisión aún no publicada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, negó en primera instancia la Tutela que había formulado el ex concejal de Medellín Bernardo Guerra Hoyos contra la providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado que lo despojó de su investidura como concejal. 

Vale recordar que el 13 de enero de este año, Consejo de Estado dejó en firme la pérdida de investidura de Bernardo Alejandro Guerra, exconcejal de Medellín que el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado, en primera instancia. 

Lo argumentos del demandante, el abogado Jorge Hugo Elejalde, eran que el exconcejal había incurrido en un conflicto de intereses durante su paso por la corporación. El máximo tribunal de lo contencioso le dio la razón al Tribunal en cuanto al conflicto de intereses y determinó la pérdida de investidura. 

Una de las irregularidades, según el demandante, es que Guerra sí incurrió en un conflicto de intereses. Resulta que Guerra Hoyos realizó un debate de control político en el Concejo a los constructores CDO, responsables del desastre del edificio Space. Ese edificio, como es de conocimiento público, colapsó en octubre de 2013, lo que llevó a que desde la corporación se hiciera seguimiento a la firma constructora. 

Guerra Hoyos, según reposa en el Concejo, promovió la creación de una comisión accidental para hacer seguimiento a CDO y a los demás edificios que esa constructora había levantado, además de Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania. 

La demanda sostiene que Alejandra Guerra Lotero, hija de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, era la copropietaria del apartamento 828 de la etapa 1 del edificio Asensi. Según recoge el fallo del Consejo de Estado, el propio Guerra había admitido que su hija era dueña del 50% de un apartamento en esa unidad residencial. 

El exconcejal puede apelar ante otra sala del Concejo de Estado, o de lo contrario el caso pasará a revisión de la Corte Constitucional.