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Unas 20 mil familias de los municipios de Valdivia, Tarazá, Caucasia, Cáceres y Nechí, afectadas por la evacuación de la contingencia del proyecto de Hidroituango, se verán beneficiadas con una demanda que avanza en el Consejo de Estado, precisamente por las consecuencias sufridas por este hecho.
Esta situación fue advertida en su momento por el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en su libro Errores Constructivos de Hidroituango.
Noticias Uno acaba de revelar en exclusiva esta noticia en la noche del martes, en los siguientes términos:
El Consejo de Estado acaba de revocar una decisión de 2018 que había negado el llamamiento en garantía que formuló la Hidroeléctrica Ituango a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se trata de una demanda con la que Hidroituango pretende una millonaria indemnización a comunidades por la grave emergencia ocurrida ese año.
Busca la hidroeléctrica que EPM «asuma el pago de una eventual condena» y, en general, responda económicamente por los costos asociados a una acción de grupo que cursa contra la hidroeléctrica y que inició en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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La acción de grupo pretende que sean reparadas todas las comunidades de municipios aledaños al río Cauca, ubicadas aguas abajo de la represa y que fueron evacuadas en mayo de 2018 con ocasión de la emergencia por los derrumbes en el túnel de desviación.
Esta demanda pretende una indemnización de $ 117 millones para cada uno de los afectados por el desplazamiento al que se vieron forzados por la alerta de evacuación en los municipios de Valdivia, Tarazá, Caucasia, Cáceres y Nechí.
Se habla de aproximadamente veinte mil afectados. Multipliquen: ¡117 para cada uno de los 20.000 afectados!
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