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Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido por su alias “Jesús Santrich” , el criminal cabecilla de las Farc, se convirtió en el símbolo de la “entrega” de la Corte Suprema de Justicia al narcoterrorista, y quien inexplicablemente recibió el beneficio de la libertad, para enfrentar el proceso de narcotráfico que se le seguía en el alto tribunal.
Esta oportunidad, que le ofreció la misma Corte Suprema que le dictó medida de aseguramiento al expresidente Uribe, fue aprovechada por el narcoterrorista para fugarse y unirse a sus antiguos compinche alias Iván Márquez y alias “Romaña”.
La historia de Wikipedia es clara y precisa. Dice que fue miembro del equipo negociador de la antigua guerrilla de las FARC en el proceso de paz con el gobierno colombiano, que terminó con el desarme y desmovilización del grupo insurgente.
Cuando comenzaron las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue elegido por las FARC para viajar a La Habana como delegado.
Su historia con la Corte Suprema de Justicia comenzó en abril de 2018 cuando fue acusado de narcotráfico por un juzgado de Nueva York tras las declaraciones de Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, capturado ese año en Estados Unidos.
La Fiscalía le acusó de delinquir desde junio de 2017, seis meses después del acuerdo final de paz del 1 de diciembre de 2016. Tras una orden de captura cursada por la Interpol, fue detenido en su domicilio de Bogotá el 9 de abril de 2018. Se investigaban las acusaciones para proceder con su extradición a Estados Unidos.
Pero el mismo 9 de abril, día de su detención, inició una huelga de hambre como protesta para denunciar lo que consideró «un montaje de la justicia». El 19 de mayo suspendió temporalmente la huelga tras 41 días de protesta, días después de que la JEP anunciara que suspendía su extradición y emplazaba a la Fiscalía a presentar pruebas para sustentar la captura del cabecilla del grupo narcoterrorita FARC.
El 15 de mayo de 2019, la JEP tomó la decisión de no extraditar y dejar en libertad a Jesús Santrich, lo que desencadenó en la renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, alegando que se rompieron las garantías procesales, ignorando las pruebas otorgadas por Estados Unidos y por la misma Fiscalía, considerándolo un atentado contra la democracia.
El 17 de mayo de 2019 se hizo efectiva la liberación de Santrich, quien solo duró en libertad 3 segundos, puesto que mientras salía de la Cárcel La Picota fue nuevamente detenido por agentes del CTI, diciendo que la recaptura se efectuó por aportes de nuevas pruebas al caso, y por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
El 29 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación basada en que, a pesar de no haberse posesionado como representante a la cámara, gozaba de dicho fuero y que los funcionarios que lo aprehendieron no estaban facultados para hacerlo. Ese día estaba acompañado del senador de extrema izquierda Iván Cepeda.
En agosto de 2019, apareció en un video junto a los alias Iván Márquez, Romaña y El Paisa, entre otros criminales, anunciando el regreso a la lucha armada por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Pese a ser prófugo de la justicia, seguía siendo miembro de la Cámara de Representantes por el partido FARC (antiguo grupo narcoterrorista) en calidad de suspendido sin sueldo hasta el 20 de junio de 2020, cuando la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años al haber regresado a la lucha armada.
La JEP ordenó su captura tras difundirse el vídeo, junto a la de Luciano Márquez Marín, Henry Castellanos Garzón, Hernán Darío Velásquez, José Vicente Lesmes y José Manuel Sierra Sabogal, revocándoles el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales tras la firma del acuerdo de paz.
Este es el ejemplo que tiene a la Corte Suprema de Justicia entre los palos ante la opinión pública, causa mayor de la pérdida de credibilidad entre los colombianos. (Justicia).
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