Por José Obdulio Gaviria
A Juan Carlos Pinzón le llovieron críticas por afirmar que «toda Arauca es del ELN» y que la actividad política y administrativa del departamento está mediada por ese grupo terrorista.
¿Es falsa o exagerada esa aseveración? Hay evidencia histórica de un control endémico del ELN y las FARC sobre ese territorio. Desde hace cuarenta años, Arauca ha sido un nodo financiero y logístico clave para el ELN, marcado por violencia selectiva, infiltración institucional y alianzas con el Cartel de los Soles.
Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo y actual senadora por las FARC exigió a Pinzón retractarse, calificando sus palabras de «irresponsables» y «peligrosas» por estigmatizar a la población, ser una «cachetada a los miles de víctimas» y una «estigmatización colectiva».
Pinzón, con valor civil, se negó a tal retractación, porque «hay que restaurar el orden en Colombia y proteger la democracia». Los hechos lo respaldan.
Arauca, fronterizo con Venezuela, es el ejemplo paradigmático de control guerrillero sobre la economía, la política y la sociedad. Por eso ningún otro territorio resultaría más adecuado para un programa piloto donde la Fuerza Pública, la justicia y el gobierno nacional demuestren que se puede erradicar esta presencia criminal endémica.
Pinzón no tiene por qué pedir excusas; debe seguir exponiendo los hechos y convocar la unidad de los colombianos para derrotar, judicializar o neutralizar a la guerrilla.
Todo el mundo sabe que Arauca está controlada por el crimen, pero muchos prefieren un pacto de silencio que perpetúa el mal. Un ejemplo elocuente es la entrevista de 2021 realizada por Salud Hernández-Mora al comandante político de las FARC en Arauca, Ernesto Devia Casanova, publicada en Revista Semana bajo el título «Aplicaremos la pena máxima a los corruptos».
Devia admite abiertamente el control sobre contratación pública, presupuestos y corrupción, presentándose como autoridad paralela de Arauca. Informó que en los contratos se incluye un «diezmo sagrado»: 5% para las FARC, 5% para el funcionario y 5% para el ELN. «Nosotros cobramos el 10%, mientras que el gobernador cobra 20% por contrato, y el alcalde cobra 15% por firmar, totalizando 35% solo por ‘abrir la puerta’. Comparativamente, estamos cobrando una miseria. Devia, cínicamente, calificó la corrupción como el «cáncer real» que impide la inversión: «No son las guerrillas, es la imposición (…) Sin tu aval del ELN, no puedes ser alcalde… No creo que haya un alcalde de Saravena o Arauquita que no tenga la bendición del ELN.» Y agregó: «En las zonas de confrontación, gobierna el gobierno, pero nosotros también tenemos voz… Tienen que venir a cruzar al otro lado de Venezuela para oír a un comandante”. «Somos más fuertes que nunca en todo el país”.
La guerrilla se erige como reguladora de la corrupción mientras impone sus propias tasas, confirmando su control paralelo sobre la economía local.
Los antecedentes históricos de la ley de la selva impuesta por el ELN son dramáticos: el asesinato del obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (1989) por el Frente Domingo Laín del ELN; más de 1.200 atentados al Oleoducto Caño Limón–Coveñas desde 1986, con costos superiores a US$3.500 millones y derrame de 3,7 millones de barriles de crudo; el secuestro de ingenieros de la Mannesmann (1983-1985), con pago de unos 20 millones de dólares que revitalizó al ELN gracias al agente Werner Mauss, quien gozó de excelente prensa y aliados como Horacio Serpa (hubo visitas a su mansión en Alemania y fue anfitrión de una asambleas en Maguncia (Alemania) con visto bueno de Samper y Serpa).
Mauss fue denunciado por el gobernador Uribe Vélez por su complicidad en los secuestros del ELN, pero esas denuncias fueron silenciadas.
El ELN ha secuestrado aviones, asesinado políticos, alcaldes, empresarios, campesinos, periodistas, docentes y transportadores que se negaron a colaborarles.
La biografía de Manuel Pérez, escrita por Joe Broderick aporta insumos clave sobre este dominio en Arauca.
Si la Seguridad Democrática de Uribe hubiera tenido solidaridad de la clase dirigente en vez de temores e intereses que derivaron en acuerdos con quienes nunca quisieron la paz, Arauca sería el departamento más próspero de Colombia.
Pinzón tiene razón: basta de política del avestruz, del silencio, de la inacción. Arauca debe ser el piloto para una Colombia sin guerrilla, uniendo al país en una acción decidida y decisiva contra el crimen.


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