Esta modalidad delictiva es preocupante y viene agravándose desde hace más de quince años, como a agravarse tienden igualmente: los hurtos, fleteos, paseos millonarios, robo de celulares y de los distintos delitos en general y ello se debe a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la corrupción, a la voracidad fiscal, a la falta de controles a los empresarios abusivos y explotadores, quienes, en su ambición sin fondo, se apoderan o destruyen los empleos de los más pobres e igualmente a la carencia tanto de un sistema judicial eficaz como adicionalmente de un sistema punitivo y resocializador que realmente funcione.
El delito de los rompevidrios es igual a cualquier otro delito, mientras el delincuente no tenga la certeza absoluta, como en China, de que lo van a capturar, juzgar y condenar prontamente, que irá a la cárcel y que en ella tendrá que trabajar y duro en industrias productivas del Estado, los delitos seguirán creciendo desmesuradamente en Colombia.
No se trata de fusilar a todo el mundo como en China y Singapur, pero sí, por lo menos, de hacer cumplir la leyes, que es lo que no se está haciendo y por ello la delincuencia, la común y la de cuello blanco, saben que el crimen sí está pagando y de qué manera.
“Las autoridades de la República…instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades…”, deben hacer algo y pronto, para encontrarles solución a estas problemáticas. Se necesitan honestidad y creatividad para encontrar soluciones a los grandes problemas que agobian a Colombia y sobretodo voluntad de llevarlas a cabo. Si es del caso que se nombre, por el alto gobierno, un comité de sabios que proponga soluciones, pero mientras Colombia se olvide de la justicia, la Ministra del ramo alegue que es imposible llevar a cabo una reforma integral de esta, anunciando con ello, desde ya, que todo seguirá igual y como puede colegirse, de sus declaraciones, que se mantendrá al INPEC, tome usted mismo, amable lector, las medidas que considere pertinentes para moverse en esta selva de violencia y corrupción que es Colombia y esté seguro de que los grupos de justicia privada y los ejercicios arbitrarios de las propias razones continuarán en ascenso.
No creo que la solución a la problemática esté en el aumento de las penas, pues ¿para qué la cadena perpetua, si no hay quien la haga cumplir? Lo que hay que lograr es que las normas se apliquen y que las penas impuestas se cumplan, pero ¿cómo? si nuestra fiscalía y nuestros jueces no van a cambiar, sin van a seguir siendo incapaces de cumplir su misión. Dicho de otra manera, no compartimos la posición de la señora Ministra, pues unas reformas estructurales, tanto en lo penal como en lo civil, se requieren urgentemente, ante el estruendoso fracaso del sistema penal acusatorio y de la oralidad en general ─ unas pésimas copias de los sistemas norteamericanos, unos híbridos de lo peor de Colombia sumado a lo peor de la espectacularidad de la justicia norteamericana ─, conocido, hoy en día, como sistema penal aplazatorio, un monumento a la denegación de justicia, a la pereza, a la ignorancia, a la arrogancia, a las soluciones mal impartidas y a las volandas y a la violación del debido proceso.
Hoy litigar en lo civil y en penal, salvo que se sea un delincuente, es prácticamente imposible.
Los presos no caben en las cárceles o centros de hacinamiento del Estado. La policía vilipendiada ve, con sorpresa, cómo los jueces, bien sea por negligencia, por miedo, por corrupción o por presiones políticas, etc, les conceden la casa por cárcel a los capturados
Da lo mismo denunciar que no denunciar. Los despachos ni los procesos se mueven, son esperpentos violatorios del debido proceso. Los expedientes dormitan en los anaqueles, salvo en algunas ocasiones, los de mayor trascendencia en los medios o de interés económico para algún fiscal, esa es la percepción del común.
Lamentablemente sigue siendo la nuestra una justicia mediática, que somete los procesos a la opinión, sobretodo a los mayor trascendencia nacional, a través de las filtraciones y la utilización de testigos falsos (delincuentes) para mayor espectacularidad, con grave daño al debido proceso, al buen nombre y a la honra de los implicados.
No se puede continuar sometiendo estos asuntos a la opinión, como bien lo sostiene el doctor José Gregorio Hernández Galindo, pues“…sin que el público tenga conocimiento del proceso, ni conozca de derecho penal, ni haya examinado las pruebas, ni tenga autoridad para calificarlas y valorarlas, es algo contrario al Estado de Derecho; puede causar daño a la honra y el buen nombre de las personas, o al interés colectivo; y además implica presión indebida sobre los jueces y tribunales”y, lo más grave, es que las palabras de este, en lo pertinente, para referirse a algunas providencias de la Corte Constitucional, les caen igualmente como anillo al dedo la Fiscalía, a muchos despachos en lo civil, en lo penal, en lo laboral y en lo administrativo: “…la verdad es que se percibe -y de manera creciente- una gran falta de rigor jurídico, de motivaciones bien fundamentadas y claramente expuestas, de razones suficientes para llegar a la decisión…Debemos reconocer que hoy, infortunadamente, muchas decisiones se adoptan sin atender a las reglas de hermenéutica; sin una valoración de los hechos; sin previa lectura de las demandas ni de los alegatos; sin análisis de las disposiciones aplicables; sin una adecuada ponderación; sin una relación lógica entre la motivación y la resolución.”
¡Dios salve a Colombia!
COLETILLA Nro. 1º – FALSOS TESTIGOS. Excelente que el Fiscal General de la Nación, el doctor FABIO ESPITIA GARZÓN, promueva un nuevo proyecto de Ley anticorrupción, pero sería bueno que adelantara primero otras acciones para que no se sigan presentando casos de falsos testigos en los procesos que se adelantan en la fiscalía, en los cuales se viola de manera ruin el buen nombre de los investigados en la forma denunciada en este escrito y lo cual constituye mácula para la que podría ser llegar a ser una muy buena gestión, la suya.
COLETILLA Nro. 2º – ¿ES LA CORTE CONSTITUCIONAL UNA PROMOTORA DEL CAOS INSTITUCIONAL? La norma policiva censurada por la Corte era acertada. El ruido, como el ejercicio arbitrario de los derechos de algunos ciudadanos abusivos y fuente generadora de todo tipo enfermedades y de violencia, hay que erradicarlo in situ y de inmediato y ello no da espera y esa es una labor propia, en todos los países civilizados del mundo, de las autoridades de Policía únicamente. En ningún país, salvo en Colombia, se necesita adelantar un proceso judicial eterno para acabar con una fuente ilícita de ruido. La Corte no va a dejar que nada funcione en el país. Necesitamos una Constituyente, antes de que el país alcance los niveles de desgobierno y caos en que se sobrevive en Venezuela. ¡Vamos muy mal!
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