Por José León Jaramillo J.
En una reunión alguien se quejó de que un compromiso, adquirido por algunos de los asistentes a ella, había sido incumplido y un vocero de los aludidos le contestó: “Esta no es la “cosa nostra”, nosotros no firmamos pactos de sangre.” En esa reunión nació el título de esa columna.
Los compromisos, los pactos, la Constitución y las leyes son para cumplirlos (“Pacta sunt servanda”) no solamente entre las empresas y los Estados sino entre las personas y son precisamente los mafiosos, quienes incumplen todo lo que pactan y por ello no cesan de asesinarse entre sí y los ejemplos los contamos en Medellín por centenares.
Pero es que mafioso no es simplemente quien pertenece a una de las familias jerárquicamente organizadas para engañar, extorsionar, secuestrar, asesinar o comerciar con productos cuya venta está legalmente prohibida, mafioso es quien pertenece a cualquier “…asociación de personas que utilizan métodos poco éticos; particularmente si disfrutan o acaparan la mayor parte de algo, impidiéndoles a los demás participar en ello”, como nos lo explica el diccionario de doña María de Moliner; mafioso también es quien nos engaña para llegar al poder y luego nos traiciona, como Santos o Daniel Quintero. Daniel, durante su campaña para ser elegido alcalde, se quejó, en sus palabras, de que “…un grupo de empresas financiaron alcaldes, controlaron la Junta de EPM y terminaron asociados con Camargo Correa y Conconcreto…” y agregó: “Entregamos un pedazo de queso a directivos de EPM que han favorecido sistemáticamente a contratistas en Hidroituango: El mayor caso de corrupción en la historia de Antioquia.” Y, para rematar, en una sesión del Concejo, le dijo al gerente de EPM que ni él ni la junta eran amigos de EPM sino de sus contratistas y le agregó, que “amigo” solo lo era el ratón del queso y les dio un queso Gruyer de regalo. ¿Qué les quiso decir? que eran unos deshonestos, unas “ratas”, no obstante lo anterior, al convertirse en alcalde, reeligió a esa junta; conducta que debería tipificarse como delictiva.
En Colombia, las mafias abundan. El expresidente Álvaro Gómez Hurtado las denominaba “El régimen” y una de esas mafias es el GEA, organización de facto que se apropió ilícitamente de EPM, frente a la mirada cómplice e irresponsable de las tres ramas del poder y de todos los organismos de control.
Cada vez más funcionarios públicos quienes deberían adoptar únicamente decisiones que beneficien al común y a los más pobres, están adoptando decisiones que los benefician a ellos, a sus familias, a sus jefes, a sus clientelas o a quienes patrocinaron sus campañas políticas.
A la junta de EPM, por ejemplo, le importa un comino si en Medellín hay familias con hambre o si más de dos mil trescientas de esas familias están desconectadas, para ella lo realmente importante es que Ktronix venda electrodomésticos a la lata, que Argos, Integral, Conconcreto, Suramericana y Bancolombia, etc., se apoderen de sus puestos burocráticos, se rellenen de contratos, hacer negocios chimbos y rechimbos en el exterior ─ en beneficio de muchas de esas empresas ─ y que si estas incumplen sus compromisos para con EPM no sean demandadas, con el absurdo y criminal argumento de que se trata de aliados estratégicos.
La junta de EPM es una junta de irresponsables que permite que la empresas públicas funcione al garete, como se colige de las gravísimas denuncias consignadas en el libro “EPM para mañana es tarde”, de la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano, me refiero puntualmente al numeral 2.5 que asegura que “EPM si se ha privatizado y algo más”, acápite que confirma lo que habíamos denunciado, que el GEA tiene secuestrada la contratación y la burocracia de EPM y que empleados suyos se apoderan indebidamente de información privilegiada para su grupo y que no óbstate ese conflicto de intereses, una vez se encuentran al servicio de EPM, favorecen a las empresas a las que estuvieron vinculados y en las cuales, tarde o temprano, volverán a trabajar (caballos de Troya); hacen cuantiosas adiciones a contratos con soportes cuestionables o exageradas e injustificadas prorrogas, premiado así los incumplimientos o las improvisaciones; contratan costosos estudios y asesorías y si no les gustan los desconocen o los acomodan a ciertas intereses; no sancionan los incumplimientos de los contratistas ni de los interventores, ni promueven las reclamaciones correspondientes; pactan cláusulas, actas de liquidación y conciliaciones leoninas; elaboran conceptos amañados en beneficio de los privados; los representantes de EPM en juntas directivas no son diligentes; compran a dedo proyectos fracasados; tergiversan y manipulan la información, para presentar como correcto lo indebido, etc. (Ver páginas 52 a 54 del libro).
Todo lo anterior se hace en desarrollo de plan de GEA, cuyas operaciones pusieron en práctica, inicialmente con Orbitel, Sergio Fajardo Valderrama y quien lo concibió, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, para apoderarse ilícitamente de EPM y despojarnos a los antioqueños de los que nos pertenece, pues EPM es el producto del trabajo y de los esfuerzos de varias generaciones y no de ocho gatos del GEA. Apoderamiento ilícito que están haciendo en la misma forma en que despojaron a centenares de antioqueños de sus acciones y de sus empresas y de todo lo que encuentran a su paso.
Ese accionar irresponsable tiene a EPM al borde de la ruina. La última perla es la siguiente:
Al decir de la Concejala María Paulina Aguinaga Lezcano, EPM matriz reportó que, en el primer trimestre del 2020, arrojó pérdidas por cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos ($435.000.000.000)m/l, lo que no sólo es escandaloso sino que nunca se había visto. Esa pérdida se debió a que, el año pasado, EPM celebró contratos de crédito o empréstitos en moneda extranjera y no contrató seguros de cobertura para evitar los daños patrimoniales que podrían causarle las variaciones en el tipo de cambio, variaciones que podrían hacerla incurrir en pérdidas gigantescas como la que estamos registrando. En su defensa los voceros de EPM sólo atinaron a decir que la culpa fue del ministerio al que le solicitaron en agosto del 2019 la autorización para contratar el seguro de cobertura y que éste solo vino a autorizarlos en el mes de marzo, lo que nos resistimos a creer.
Lo anterior nos llama poderosamente la atención y nos hace presumir la culpa de sus funcionarios y aun el dolo, debido a que los seguros serían parte del expertice de EPM, como se podría colegir de la lectura del periódico Portafolio, en su edición de 7 de noviembre del 2017, bajo el título “Empresas colombianas explican presencia en lista de ‘Paradise Papers’”. Me explico: como EPM figura en los denominados ‘Paradise Papers’, el diario capitalino contactó a los voceros de las Empresas Públicas y estos le explicaron que desde el 2008, desde hace doce (12) años, EPM: “… tiene en Bermudas su filial Maxseguros, creada como herramienta de gestión de riesgos avanzada. “Esta filial participa en los diferentes programas de riesgos del Grupo EPM, es decir: garantiza los adecuados aseguramientos de los activos y patrimonios del grupo empresarial, que por su tamaño y cuantía deben tomarse en el mercado de seguros y reaseguros internacional”, aclaró el Grupo EPM en un comunicado de prensa.”
Véalos ejerciendo el comercio y corriendo riesgos en el exterior contra claras disposiciones legales.
Por una conducta similar y como nos lo informó El Reverbero de Juan Paz, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, inició una investigación en contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, por el empréstito que por más de setenta y siete (77) millones de dólares contrató, a finales del año 2013, con el entonces Helm Bank, hoy Banco ITAU, pero sin registrar esa operación, en el Banco de la República, como un crédito público en moneda extranjera y, lo más grave, sin que hubiere contratado la cobertura cambiaria frente a la volatilidad del dólar, lo que, al parecer, le ocasionó al departamento un daño patrimonial cercano a los ciento cuarenta mil millones trescientos setenta y un mil pesos ($140.371.000.000)m/l ¿Error o negocito? Y los niños con hambre y si posibilidades de salir adelante.
Es posible que los 1.5 billones que EPM le transfería al municipio de Medellín, se pierdan.
Ahora les dio por pedir facultades para ampliar el objeto social de EPM, lo que solo les servirá a las empresas del GEA para que estas puedan competirles hasta a los vendedores de chicles, lo que de contera les permitirá arruinar a más empresarios en su propio beneficio. Este grupo de abusivos debería ser neutralizado por el Estado irresponsable, más aún cuando estamos sufriendo una pandemia que arruinó medio país y ese grupo sólo contribuye a ampliar le brecha y a generar violencia. Lea señor presidente el siguiente informe de New York Times:
El objeto social de EPM no solo no se debe ampliar a todos tipo de actividades mercantiles sino restringirse únicamente a que garantice “… el continuado y armónico desarrollo…” de los servicios públicos que presta, “… como elementos determinantes de bienestar de sus gentes…” y muy especialmente de las menos favorecidas por la fortuna.
El objeto social de EPM tampoco se debe ampliar, porque:
1°.- EPM “invirtió” 8.8 billones de pesos en el exterior en negocios chimbos, que van muy mal y 1.5 billones adicionales en una planta de tratamiento de aguas sucias en Bello (Ptar) que va peor y por esas inversiones está repleta de deudas.
2°.- EPM no solo tiene problemas de liquidez con un indicador del 0.61; es decir, que por “cada peso de su deuda a corto plazo solo tiene 0.61 pesos para pagarla”, sino que está arrojado pérdidas considerables; sin que se pueda olvidar que sus acreedores son los dueños del 51.7% de esas empresas. ¿Qué vínculos o negocios tiene el GEA con esos acreedores?
3°.- EPM tiene que concentrase en sacar a Hidroituango adelante, proyecto en el que está debiendo hasta la camisa, maxime cuando no se tiene claridad sobre el pago de los seguros, ni el valor de las nuevas primotas.
4°.- EPM tiene que poner a funcionar a las empresas de energía que irresponsablemente compró en la costa, maxime cuando para poder cumplir los compromisos que adquirió se va a tener que endeudar aún más, momento en el cual el GEA habrá coronado, sus criminales propósitos. El GEA es la garantía de que los costeños nunca llegarán a disfrutar de un buen servicio de energía eléctrica.
5°.- EPM tiene que vigilar a sus empresas en el exterior que siguen arrojando pérdidas. “El que mucho abarca poco aprieta.”
6°.- Tiene que lograr el equilibrio en UNE, empresa que abandonó irresponsablemente y de manera criminal para el beneficio de los sus “socios” más ricos.
Como bien lo dice el doctor Luis Alfonso García “No es posible dar cumplimiento al plan de reconstrucción económica del país, sin resolver primero el mal endémico de la corrupción. Una de las premisas del llamado “milagro” de Singapur, fue precisamente la erradicación de la corrupción.” El país pide a gritos un dictador decente, no castrochavista destructor y expoliador, ante la corrupción sin límites de sus gobernantes y de sus autoridades.
Coletilla Nro. 1.- Mafias son igualmente los grupos de descamisados que asaltan camiones en la ruta Bosconia Santa Marta, para robárseles las cargas, como lo hizo en una época el M-19. El penúltimo mulero violentado, fue el del carrotanque que asaltaron en la Tasajera, para robarle el combustible; pero basta ver a esos bandidos sumidos en la miseria más espantosa, a quienes se benefician y se burlan de las desgracias ajenas, para entender que delinquen por hambre, al punto de arriesgar la vida por un galón de gasolina, pero los del GEA, quienes, no obstante tener sus bolsillos repletos de billones, despojan de sus recursos a los más pobres por gula, no merecen perdón alguno.
Coletilla Nro. 2.- La mafia de la UDEM, la que antepone los intereses personales de sus miembros y asociados, a los de los fines de los fundadores y a los de las comunidades más pobres para las que fue concebida, engaña también cuando informa, faltando a la verdad y con la colaboración de periódico EL MUNDO, hechos sobre la fracasada reforma que no son ciertos. No es cierto, que se hubiere fijado límite de edad alguno para ser miembro de la asamblea general. Se establecieron dos límites de edad a saber: uno de 80 años, para poder ser elegido consiliario y otro de 75, para poder ser elegido rector. Tampoco es cierto que el ocupar públicos hubiere sido establecido como inhabilidad para ser miembro de la asamblea. Néstor puede seguir siendo miembro de la asamblea hasta que se muera y Aura Marleny podrá seguir siendo consiliaria y concejal. No es mintiendo como se forma a los estudiantes.
Coletilla Nro. 3.- Tiene toda la razón el doctor Ramiro Bejarano Guzmán en su columna de hoy, sobre la universidad Sergio Arboleda, al asegurar que: “…Bajo la cómoda fachada de fundaciones sin ánimo de lucro, esas universidades son prósperos emporios comerciales, en los que empieza a ganar más protagonismo el propósito de incrementar sus arcas o sus aportes en grupos financieros, que el de multiplicar la investigación o los programas de formación superior. Detrás de eso crecen el nepotismo y el despotismo, y por eso, en medio del ejercicio del poder sin controles, sin rendir cuentas, sin permitir auditorías, nombrando a dedo a los amigos y conocidos, muy pronto asoman para quedarse la corrupción y el rampante clientelismo. ” Esas palabras, le caen como anillo al dedo a la muy corrupta Universidad de Medellín, la que sigue siendo administrada, desde la sombra, por el cuestionado ex rector Néstor Hincapié Vargas. ¿Qué está haciendo la ministra de educación? ¡Llevamos años denunciando!
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