Alcalde Fico en desacuerdo con la ordenanza de la seguridad del gobernador Rendón

@FicoGutierrez @AndresJRendonC

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció esta mañana en contra de la ordenanza que presentó el gobernador Andrés Julián Rendón en la Asamblea de Antioquia, la cual plantea generar un impuesto a la cuenta de los servicios de energía con destino a la seguridad del departamento.

El alcalde negó que haya un rompimiento institucional con el gobernador, aunque dijo que ya había hablado con él, porque no puede estar de acuerdo con más impuestos, debido a que la gente está sufriendo con las cuentas altas de la energía.

La Gobernación de Antioquia radicó el proyecto de ordenanza que pretende imponer una “tasa especial de seguridad y de convivencia ciudadana”, a las facturas de energía del departamento, con la intención de financiar a la fuerza pública y modernizar su infraestructura.

La ordenanza afectará a los usuarios de energía eléctrica de estratos cuatro, cinco y seis; y también toca a los industriales, comerciales y sectores oficiales. El impuesto se fija en UVT por kilovatio consumido.

Con la Unidad de Valor Tributario de 2024, de $47.065, los consumidores del sector oficial tendrán que asumir un aumento de 0,0012 UVT ($56), para los industriales es de 0,0013 UVT ($61), los comerciales 0,0015 UVT ($71) y para los usuarios residenciales de los estratos altos será de 0,0017 UVT ($80).

Es decir, los consumidores residenciales son los que más pagarán, pero hay un detalle no menor y es que como el gravamen está fijado en UVT, en 2025 esos valores subirán, pero en promedio el ajuste en las tarifas de energía es de casi 9%.

Esta ordenanza entraría en vigencia el próximo 1 de enero de 2025 y se compromete a presentar reportes semestrales para rendir cuentas, no solo del recaudo, sino de la ejecución de esos recursos obtenidos.

El gobernador explicó que el tributo pretende recaudar $1,2 billones desde su entrada en vigencia hasta el diciembre de 2027, y esos recursos se destinarán en implementar la fibra óptica en los sectores rurales del departamento, que costaría casi $600.000 millones, un proyecto logístico que le permitiría a las autoridades y ciudadanía tener respuesta a las alertas de manera más inmediata.

También se busca la construcción y operación de una nueva cárcel que costaría $200.000 millones, teniendo en cuenta que el hacinamiento penitenciario supera 50%.