Por Claudia Posada
Sí, Medellín es una ciudad muy bonita – particularmente en algunos sectores-, muy “amañadora” -en algunos barrios-, de agradable clima y gente trabajadora por donde se le mire conformando un conglomerado amable; aunque hay que reconocer que el crecimiento descontrolado en el número de vehículos de transporte público y motocicletas, sumado a los particulares, hacen de la movilidad un factor negativo que empeora con la indisciplina de muchos conductores, en particular dueños de motos que siempre andan con un afán inusitado. La capital antioqueña ha construido históricamente hermosas viviendas, barrios residenciales para las clases medias y proyectos de menos costos también; aunque debido a que ha sido ciudad receptora de miles y miles de familias que han llegado para asentarse en la “Tacita de plata”, sostiene en sus laderas el desorden urbano propio de las necesidades a las que se les busca alivio de alguna manera. Los ciudadanos habitantes de Medellín son vistos por muchos colombianos con admiración, pero por igual por otros con recelo. En general a los antioqueños nos rotulan, en buena parte, como nosotros mismos nos hemos etiquetado, o tal vez como nos lo merecemos en lo bueno y en lo malo.
Pues resulta que hoy Medellín, independiente de los aspectos descritos, enfrenta situaciones peores que el caos vehicular, el crecimiento de la población, o el desorden urbano y hasta rural; lo anterior tal vez porque las administraciones no han tenido en sus prioridades la atención a normas y reglamentación que apuntan a la planificación del espacio y utilización de tierras; o quizás por ambiciones más del orden personal que del interés que conlleva a la responsabilidad social. En todo caso, el grave problema es otro. Un boletín de prensa emitido por el Concejo distrital de Medellín prende alarmas sobre un problema delicado. En el primer párrafo la comunicación oficial enuncia lo siguiente: “Medellín enfrenta una situación crítica por el aumento sostenido de violencias sexuales, especialmente contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, en un contexto donde los agresores continúan siendo en su mayoría personas del entorno familiar. En debate de control político el día de hoy, el Concejo exigió articulación real, rigor técnico y acciones inmediatas para la protección de la infancia y la juventud”. Por estos días, cuando lo cierto es que los políticos andan más preocupados por los vaivenes al interior de sus partidos y facciones, interesados más bien en cábalas electorales, es alentador saber que en dicha corporación edilicia se está trabajando con la responsabilidad que les compete a los concejales. Es muy importante asumir con rigor el análisis de estadísticas que dan cuenta de problemas que exigen examinar estudios y opiniones multifactoriales para tomar medidas urgentes por su innegable afectación.
“Sandra Serrano, experta invitada, presentó un análisis profundo de los factores que están potenciando la violencia sexual en Medellín y explicó que la ciudad enfrenta un proceso acelerado de exposición a contenidos hipersexualizados en redes sociales y plataformas digitales, que están configurando imaginarios de agresión y consumo del cuerpo de mujeres y niñas. Añadió que esta exposición creciente está modificando la conducta de potenciales agresores, especialmente adolescentes y jóvenes, al reproducir patrones de violencia que antes no eran tan frecuentes”, nos cuenta el boletín oficial. También señala la información que,
“Laura Mejía Rico, experta de la Corporación Educativa Combos, entregó cifras verificadas correspondientes a la atención de casos en 2025, 96 víctimas, con una media de 9,5 casos por mes, además detalló que los delitos afectan a niñas, adolescentes, niños, mujeres jóvenes y población trans, e incluyen abuso sexual, acceso carnal, explotación sexual comercial y violencia sexual asociada a contextos digitales. Ambas expertas insistieron en la necesidad de articulación judicial, atención integral especializada 24 horas y campañas institucionales con enfoque diferencial”. Muy preocupante pues lo que se conoció gracias a que en el Concejo se están ocupando de sus competencias; de ahí que la idea de tener una corporación más atenta a darle gusto al alcalde -con algunas pocas excepciones- que es la opinión generalizada, sí tiene curules ocupadas por representantes de sus electores y de los ciudadanos todos, que merecen distinguirse como cumplidores del deber.
De la concejal Leticia Orrego Pérez, perteneciente a la primera bancada citante, se dice que “presentó un análisis estructurado sobre la evolución del delito en la ciudad. Expuso que entre 2024 y 2025 Medellín registra 8.215 delitos sexuales, de los cuales 7.425 corresponden a víctimas mujeres. Al comparar cortes anuales, señaló que sólo en 2025 ya se superan cifras de los últimos tres años para varios tipos penales, lo que evidencia una tendencia al aumento”.
Es urgente entonces que se tomen decisiones colaborativas impulsadas por la administración local pues está sabido que los problemas no atendidos a tiempo crecen hasta salirse de las manos; ya nos pasó en Medellín con el crecimiento del número de bandas criminales que, por distintas razones, entre ellas falta de voluntad política en su momento, ahora tienen azotada la ciudad, problema que no pocos achacan al gobierno nacional actual como si la situación hubiera nacido y crecido en los últimos tres años. Por el divorcio y peleas continuas del alcalde Federico Gutiérrez con el presidente Gustavo Petro, hay enfrentamientos absurdos que no conducen absolutamente a nada bueno, ambos mandatarios deberían entender de una vez por todas que a los gobernantes de todo orden les debería asistir la humildad edificante. Se lee en el boletín que la concejal mencionada, además indicó cómo la situación dentro de instituciones educativas merece especial atención dado que en el 2025 se han reportado más de mil casos de violencia sexual en establecimientos oficiales, un número que, según explicó, revela un doble reto: “la identificación temprana y la intervención oportuna del entorno educativo”. Que se haya llamado la atención sobre la necesidad de respuestas articuladas entre Fiscalía, Salud, ICBF y Policía, y se insista desde el Concejo en que el aumento sostenido del delito demanda fortalecer el enfoque preventivo, ampliar las capacidades de las rutas de atención y garantizar la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes, es alentador, ojalá no se queden en la exposición de tan preocupante situación.
Desde la Corporación se reconoció que, “aunque en distintas secretarías ya se vienen adelantando acciones para enfrentar este flagelo, es evidente que deben intensificarse para lograr una verdadera prevención. Además, insistieron en que las víctimas necesitan una atención oportuna y humana, y que la ciudad debe fortalecer de manera decidida el trabajo para frenar la trata de mujeres, una práctica que, lamentablemente, sigue teniendo un fuerte arraigo en Medellín”. Y por su parte dela Secretaria de Salud, Natalia López Delgado, nos dicen que “presentó el componente de vigilancia epidemiológica, atención psicosocial, acompañamiento a víctimas y articulación con operadores de salud, a la vez que reportó que en 2025 se han identificado dos mil 583 niñas, niños y adolescentes víctimas”.
Una sociedad tradicionalmente conservadora como la de Medellín, en cuanto a principios familiares y sociales, ha dado un vuelco muy alarmante; serán los estudiosos de fenómenos sociológicos, expertos en la materia, los llamados a contribuir con las estrategias del caso; por lo demás, corresponde a la administración tomar muy en serio las estadísticas expuestas, fortalecer el presupuesto de la política pública en lo que respecta a violencias sexuales, así sea necesario castigar rubros asignados a satisfacer caprichos que no son prioridad para el bienestar de niñas, niños, adolescentes y mujeres en riesgo.


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