Este lunes la Procuraduría General de la Nación, a cargo de la duquista Margarita Cabello Blanco (foto), divulgó a través de sus sociales, que se trata de una “investigación formal” contra la ministra Karen Abudinen.
El objetivo del proceso disciplinario, es “determinar responsabilidades” por las irregularidades que rodean el contrato que se firmó entre el Ministerio de las TIC y el consocio Centros Poblados, cuyo fin era el de instalar unos 7.000 puntos de Internet para colegios en zonas alejadas en el país.
Procuraduría no entregó más detalles de esta decisión, pues la dejó como “noticia en desarrollo”.
Sin embargo, en un comunicado que explicó que busca establecer cuál es la responsabilidad de Abudinen en este caso y si se cometió alguna irregularidad con la firma a la que le adjudicaron el millonario contrato.
La Procuraduría informó que por instrucción de la Sala Disciplinaria se ordenó “la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad”.
Como se sabe el Ministerio entregó un anticipo de $70.000 millones y este dinero presuntamente está embolatado.
A propósito, el periódico El Tiempo reveló que con parte de ese dinero se habría negociado un apartamento en Miami, pues dijo que esto se descubrió luego de verificar los movimientos bancarios de una de las empresas involucradas.
Luego del anuncio de la Procuraduría sobre el inicio de una investigación formal, la ministra se pronunció en su Twitter para denunciar un “matoneo digital”, y lo atribuyó a una “consecuencia de caducarle a la UT Centros Poblados” el contrato que tenía.
La pregunta es obvia: ¿Esta investigación llegará a algún puerto seguro, teniendo en cuenta la conexión directa de la Procuraduría con el presidente Duque, que la hizo nombrar? (Con datos de El Pulzo).
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