Al oído y en voz baja…

·      El ex contralor Córdoba y la consulta de Petro

Carlos Felipe Córdoba, ex contralor general de la República, reaccionó a la propuesta de consulta popular anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual busca que los ciudadanos se pronuncien puntos específicos de la reforma laboral que fue archivada en el Congreso.

En su declaración, Córdoba expresó su inconformidad frente a los recursos que implicaría la realización del mecanismo de participación.

El exfuncionario señaló: “12 preguntas para derrochar 900 mil millones en un país quebrado, mientras el proyecto del Partido Liberal que defiende a los trabajadores sí avanza. El Gobierno no sabe gobernar, pero sí sabe gastar lo que no tenemos. ¡Colombia no aguanta más improvisación!”. Estas afirmaciones fueron publicadas a través de sus redes sociales. (Foto Carlos Felipe Córdoba).

·      José Manuel Restrepo y las preguntas de Petro…

El exministro José Manuel Restrepo se pronunció sobre las preguntas de Pétreo en la consulta: “¡aún para una Consulta Popular se necesita rigor! Preguntar lo que ya existe en la ley, o lo que es obvio, pero de pronto no es conveniente económicamente o inducir respuestas en función de un propósito político sin la adecuada deliberación, no es una buena práctica. Tampoco es una buena práctica hacer preguntas que tienen efectos negativos para el país en caso de presentarse la respuesta más probable y obvia”.

Dijo que siguiendo la “lógica” que siguen las preguntas propuestas por el gobierno, podrían llevarlo “… a proponer otras preguntas absurdas, que tienen los mismos problemas de las que el gobierno propone. Por ejemplo:

1. ¿Está de acuerdo en que el presupuesto nacional no sea de $523 billones, sino de 800 billones de pesos para que haya más inversión social?

2. ¿Está de acuerdo con que el Banco de la República baje las tasas al cero por ciento y con ello el crédito ya no tenga costo?

3. ¿Está de acuerdo en que las importaciones en Colombia no existan y con ello apoyar la producción nacional?

4. ¿Está de acuerdo en que las empresas repartan la totalidad de sus utilidades a obras benéficas y sociales?”.

“De paso bien valdría la pena que el Gobierno, antes de inducir respuestas obvias, les pregunte a los colombianos si están de acuerdo en los efectos negativos de las decisiones que tomen en su propuesta de consulta popular. Por ejemplo:

1. ¿Está de acuerdo en que el desempleo aumente en 500.000 personas?

2. ¿Está de acuerdo en que la informalidad laboral en Colombia aumente más y los trabajadores tengan contratos más inestables?

3. ¿Está de acuerdo en que el crecimiento de Colombia baje y que se destruyan empresas?

4. ¿Está de acuerdo en que las empresas internacionales se desincentiven a invertir en Colombia?”. (Con datos de El Nuevo Siglo). (Foto José Manuel Restrepo).

·      Juan Martín Caicedo defiende las 4 y 5G

Dijo Petro en el Consejo de Ministros: “si no hay dinero en caja y esta es una emergencia, y es de vida o muerte, necesitamos un cálculo inicial de $600.000 millones, que puede elevarse a un $1 billón, dependiendo de la velocidad de propagación de la enfermedad… el dinero se encuentra en fideicomisos bancarios porque las concesiones no están cumpliendo con los contratos de construcción de carreteras. He solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda que realicen visitas inmediatas para verificar el grado de incumplimiento y, en consecuencia, la posible estafa contra la nación, perpetrada con la complicidad de algunos funcionarios públicos”.

Juan Martin Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), publicó un comunicado en su cuenta de X conocido por EL NUEVO SIGLO.

El dirigente dijo que “todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”.

Caicedo Ferrer precisó que “los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado. Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoría, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del gobierno nacional”.

Agregó el dirigente empresarial que “teniendo en cuenta que presupuestalmente los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el gobierno”. (Foto Juan Martín Caicedo Ferrer).