Mediante auto notificado el viernes 18 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda de pérdida de investidura en contra del concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra Hoyos (foto) un concejal que se ha caracterizados por sus polémicas, por considerarse un adalid contra la corrupción y quien proviene de un familia de tradición política.
La demanda se fundamenta en tres cargos. El primero es que la corporación Estudios por Medellín le donó a Guerra Hoyos 42 millones de pesos en el 2015 para su campaña al concejo de Medellín y a la par y con posterioridad, dio instrucciones al Concejo de Medellín para que se contratara a los miembros del comité directivo de esa corporación en su unidad de apoyo, lo que según el demandante, el abogado Jorge Hugo Elejalde, es causal de pérdida de investidura porque un concejal no puede tener contratos o negocios con contratistas del municipio y porque hay un conflicto de intereses al beneficiar con contratos de 300 millones a quienes le ayudaron a financiar su campaña.
El segundo cargo es que el concejal Bernardo Alejandro Guerra fue el ponente en el Concejo de Medellín de los acuerdos que en los últimos tres años aprobaron la sobrepasa ambiental con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad de la cual su hija Alejandra Guerra Lotero ha tenido contratos desde el 2017 por 70 millones de pesos y se le pagan con recursos ambientales, lo que lleva al demandante a decir que el concejal Bernardo Alejandro Guerra incurrió en conflicto de intereses.
El tercer y último cargo consiste en que el concejal Bernardo Alejandro Guerra promovió varios debates para pedir prerrogativas a favor de los damnificados de CDO desde el mismo momento en que colapsó la torre 6 seis edificio Space y aprobó el Estatuto de Rentas del Municipio, acuerdo 66 de 2017, donde se señaló en el artículo 268 que los afectados por construcciones evacuadas estarían exentos de pagar impuesto predial. (Vea el auto del tribunal).
La hija del concejal Bernardo Alejandro Guerra, Alejandra Guerra, es propietaria de un apartamento en la unidad residencial Asensi, la cual fue construida por CDO y evacuada por riesgo de colapso.
Esos debates y el acuerdo de rentas del municipio han favorecido directamente a la hija del concejal y por ello el demandante sostiene que había un conflicto de intereses que el concejal Guerra no declaró.
El fallo del Tribunal debe dictarse dentro de los próximos dos meses.
Esta demanda se suma a una serie de cuestionamientos por los contratos que los hermanos del concejal Bernardo Alejandro Guerra tienen con entidades del municipio de Medellín y que han sido divulgados por los medios de comunicación.
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