La JEP debería reabrir el caso. Pero todo depende de su voluntad procesal.
Por María Isabel Rueda (foto)
La semana comenzó revuelta con la controversia sobre una nota que el consejero de seguridad John Bolton, premeditadamente, dejó ver en su agenda amarilla de rayas en la que escribió: “5.000 tropas para Colombia”. El canciller Trujillo, aterrado y prudente, dijo no saber nada de eso. El embajador Francisco Santos, locuaz, desacartonado y sincero, le quitó misterio en una entrevista con la teoría de que era una advertencia (“muy a lo gringo”, digo yo) al Gobierno venezolano. Varios otros reaccionaron clamando a los cielos que Colombia no debería dejarse utilizar para enviar este tipo de amenazas a Venezuela.
¡Cómo cambian las épocas! Cuando en el 2008, bajo el gobierno Uribe, los gringos quisieron instalar siete bases militares en Colombia, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, les exigió amarrar el acuerdo a un compromiso de Estados Unidos de defender a Colombia en caso de una agresión de Venezuela. Estados Unidos se opuso porque se sintió muy comprometido en una fiesta ajena y, al final, solo quedó una escueta frase: “Las partes acuerdan profundizar su cooperación”. (Lea la columna).
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