
Por José Hilario López
Colombia es un país minero dependiente. En efecto, durante los últimos quince años los gobiernos nacionales se acogieron al “Consenso de los Commoditties”(1), con el propósito de aprovechar los altos precios de los combustibles fósiles y del oro. En los planes de desarrollo establecieron la ruta para incentivar la inversión extranjera directa en el sector minero energético. Al mismo tiempo, diseñaron estrategias para consolidar el potencial extractivo del país, incluyendo acuerdos y exenciones tributarias al capital y la flexibilización de los controles ambientales; a su vez aceleraron la entrega de títulos mineros, así como la firma de contratos de exploración y explotación en el sector de hidrocarburos. Da acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, a diciembre de 2021 en Colombia existían 9.602 títulos mineros, en un área cercana al 5% del territorio nacional. En el caso de los hidrocarburos, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2005-2020 se firmaron 1.136 contratos exploratorios y se celebraron por lo menos 23 rondas petroleras.
Como consecuencia de estas medidas de política pública, se ha registrado un aumento significativo en la producción nacional petrolera y minera. Nuestra producción, cercana a los 800 mil barriles de crudo diarios en 2021 no se considera estratégica en los mercados internacionales del crudo, pero si esencial para nuestra soberanía energética. Con el gas sucede algo similar: en 2021, nuestra producción promedia fue de 1.087 millones de pies cúbicos por día (mpcd), toda destinada para consumo doméstico.
En lo relativo al carbón, el país tiene las mayores reservas probadas en América Latina y es el primer exportador regional de este mineral, con un promedio de 90 millones de toneladas producidas al año en el período 2010-2020. En 2021 se produjeron 85 millones de toneladas
En materia de oro, en el año 2020, en plena pandemia, en Colombia se registró una producción de 47,6 toneladas de oro y las proyecciones del gobierno nacional indican que en los próximos diez años puede aumentar su nivel de participación en el mercado internacional con hasta 82 toneladas.
El resultado de las políticas puestas en marcha se refleja en la importancia del sector extractivo para la economía nacional. El Ministerio de Hacienda indica que, en la pasada década de cada 100 pesos de ingresos públicos en Colombia, 15 provinieron del petróleo, del carbón y del oro; por otro aspecto de cada 100 pesos en impuestos, la minería y los hidrocarburos aportaron 27 pesos. En el año de 2021, cerca del 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales provinieron del sector minero energético.
Nadie entiende porque el actual gobierno nacional pretende desestimular la producción minera y petrolera. Frenar la exploración petrolera y prohibir el fracking ponen en riesgo nuestra soberanía energética, ya que la transición hacia las energías renovables no convencionales (ernc) es un proceso que toma varias décadas. Lo que sí es urgente es frenar la producción ilegal de oro, que, según ONU, en 2020 era del 69%.
La minería metálica en Colombia en los próximos años se centra en nueve proyectos explotables a mediana y gran escala, con las que el país va a comenzar a figurar como uno de los grandes productores de cobre en el mundo, el metal considerado esencial para la transición energética. Estos proyectos son los denominados: Quebradona y Pantanos (Antioquia); El Roble, El Carmen, Volador, Mandé Norte y Comitá (Chocó), San Matías (Córdoba) y Mocoa (Putumayo).
Celebramos que el país siga impulsando la transición energética, pero sin olvidar que el gas natural es el energético puente hacia las ernc. El petróleo seguirá siendo, por muchas décadas, el principal combustible requerido para el transporte, lo mismo que el carbón para la generación térmica y la carboquimica, y Colombia no puede desaprovechar los actuales buenos precios internacionales para ambos energéticos. Los esfuerzos que haga nuestro país, en pro de la eliminación de los gases de efectos invernadero generados por la combustión de ambos combustibles son irrelevantes en el contexto global, y sólo nos llevaría a un mayor empobrecimiento.
Lo que si es fundamental y relevante es nuestro empeño para frenar la desforestación de la Amazonía, así como para transformar el uso de suelo de las mejores tierras del interior del país y de la región Caribe, hoy dedicados a la ganadería extensiva, hacía la producción agrícola. El mismo hato ganadero con que cuenta el país se podría sostener con prácticas silvopastoriles. La agroindustria es el camino para empezar a reducir nuestra dependencia del extractivismo y lograr la soberanía alimentaria.
- Este consenso les asigna a países emergentes, como Colombia, el papel de proveedores de minerales e hidrocarburos que requieren los países desarrollados para movilizar su aparato productivo.
P.S: Como dijo el Papa Francisco: La realidad es más importante que las ideas (las ideologías).
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