La meritocracia fundada en la desigualdad es inmoral y niega el bien común 

Por Enrique E. Batista J., Ph. D. 

Los méritos personales han sido considerados como el criterio esencial para el acceso a determinados bienes sociales y culturales, a los cargos de desempeño en los sectores públicos o privados, a la educación (en especial la superior) y a determinados empleos u oficios. La idea subyacente ha sido asegurar que las metas sociales u organizacionales se alcancen al estar en manos de quienes satisfacen los criterios (méritos) para un correcto, eficaz y ético desempeño. Se asume que todos han tenido igualdad de oportunidades. Pero, en un mundo con sociedades muy desiguales, el mérito está, con inusitada frecuencia, predeterminado por condiciones sociales y económicas. 

El filósofo Michael Sandel en su obra “La Tiranía de la Meritocracia” resalta que un problema central de la meritocracia es, precisamente, que no todos tienen las mismas oportunidades, a la vez que consolida el prejuicio de que quienes alcanzan reconocidas realizaciones personales se debe a su mérito, mientras que aquellos que no las logran es por culpa de ellos mismos (https://rb.gy/rbc2eu,  https://rb.gy/ksmwtt,  https://rb.gy/ioev1g).  

Desde década atrás, alrededor de todo el mundo se instauró una meritocracia basada en certificados académicos, meritocracia autoconstruida, protegida y autovalidada para beneficio de algunos.  Desafortunadamente, diplomas, títulos, certificados académicos y blasones han sido reservados para algunos, portaestandartes de la exclusión social, con ignorancia cómplice frente al marginamiento de muchos. Blasones que se esgrimen, cual escudos, para sentir la inmunidad en la responsabilidad social y solidaria a la que todos estamos obligados. 

Se ha consolidado la falsa creencia, y el impropio y desatinado reconocimiento, de que los pendones académicos muestran, aunque los cubra una gigante y oscura nebulosa de dudas, la radiografía interna de la persona con capacidad para desempeñar un oficio o una profesión independiente de contrastables evidencias de que tiene formación integral y se acoge a los más altos valores sociales. En ese caso, son blasones y escudos académicos que promulgan privilegios a la vez que esconden los principios y valores sociales, humanos y morales que debe poseer cada persona habilitada para el bien común.  

Con abierto infortunio y complicidad social pasiva, son utilizados principalmente para certificar la culminación de   algún plan de estudios y como supuesta, mas no probada o verificada, aptitud para desempeñarse como persona con criterio ético, principios morales, rectitud cívica humana y solidaria. Muchos de los blasones académicos son mercancía que se adquiere para hacer dinero, con inusitada y vergonzante frecuencia fuera de la ética y la moral; son formas de título – mercancía, a manera de un «commodity», producto mercantil que se ofrece y se comercializa para ostentar o exhibir ante las posibilidades de un empleo o de un trabajo. No dicen mucho, o nada, sobre las habilidades personal y socialmente fundamentadas para: 1. La sociedad; 2. La familia; 3. La vida pacífica y productiva; 4.  El trabajo; 5. La ciudadanía democrática; 6. La preservación del medio ambiente y todas las formas de vida en el planeta, y 7. La comunicación clara de ideas, principios y valores. Las escuelas no se cimientan ni se fundamentan sobre almidonado prestigio, usualmente asociado a pertenencia social o a una estrategia de mercado en el sector privado; estrategias que ocultan falencias y promueven discriminación entre lo público y privado, a favor de este último. 

Son esos los siete pedestales sobre los cuales se asienta un proyecto de formación ciudadana que genere oportunidades para todos, que no pierda su rumbo al centrarse en un conjunto rutinario de acciones para que, en la última instancia, llegar a certificar el cumplimiento de planes de estudios más que los logros formativos aquí enunciados como esenciales. El rutinario ejercicio de dictar, evaluar, completar un pénsum para llegar a la expedición de certificados académicos, despachados o facturados a lo largo de semestres, a manera de títulos, a veces con sentido nobiliario, otras como un título – valor con muy, muy poco del conjunto de valores que se requieren para tener éxito, más allá de aquellos que supuestamente se tiene cuando se alcanza la finalización de determinados ciclos académicos. 

Algunas instituciones fundamentan el prestigio de sus certificaciones basadas en los puntajes promedios de sus alumnos en las pruebas de Estado, torturantes y amenazadoras, la que no dicen nada y sirven para nada, como todo bachiller o profesional sabe, las que son vacías de evidencia de logros socioemocionales que son las habilidades que han adquirido mucha mayor relevancia en el actual mundo laboral y que, a diferencia de hace muy pocos años, hoy son determinantes para acceder o mantener un empleo o trabajo, para ser un buen ciudadano. 

Pero hoy, en la búsqueda de una sociedad más incluyente, equitativa y solidaria, importa más la huella de habilidades, lo que en efecto se es capaz de pensar, sentir, hacer, innovar, investigar, transformar, solucionar con claridad y eficiencia problemas complejos o cotidianos, trabajar creativamente y con liderazgo en emprendimientos o tareas grupales. Son metas educativas que se reconocen como importantes, pero que los procesos evaluativos tradicionales, no valoran y muy poco o nada se promueven. Interesan más los contenidos, que pierden importancia o entran en acelerado desuso.  

Con frecuencia, se demuestra, sin mayor consecuencia social, que los blasones académicos de instituciones muy reconocidas están asociados a egresados conocidos por evidencia de corrupción y otros comportamientos delictivos. Muchos líderes sociales y políticos recurren a vestirse con títulos académicos que no poseen, bajo la convicción tramposa de que serán reconocidos como personas con engrandecidos méritos.  Es la meritocracia falsificada e inmoral. 

En el campo de la educación se ha promovido y aceptado, con silencio cómplice, la identificación de instituciones como de calidad para otorgar sus certificaciones académicas en abierta contradicción con las evidencias.  Con frecuencia, algunas de ellas se autovaloran y proclaman ser entre las mejores con base en rankings, con los cuales promocionan y ganan espacio en el campo de las matrículas y contratos estatales de diversa índole, ocultando lo que es visible, de que tienen reconocidos egresados en las listas negras de aquellos que no se caracterizan sino por actos delictivos o de omisión a los principios fundamentales de la convivencia y el trato humano. Son las mismas instituciones que esperan ganar crédito y credibilidad con las acartonadas y nada creativas formulaciones de visión y misión, en lugar de demostrar evidencia a la ciudadanía de que alcanzan con sus acciones educativas y con el comportamiento de sus alumnos y egresados, los principios y valores institucionales. 

Muchos comentaristas sólo ven lunares en la educación pública y no el cáncer en sectores de la educación privada, el cual hace metástasis en toda la sociedad e infecta a niños y jóvenes que son la base de la pirámide de la sociedad. Para qué seguir denigrando de la educación pública, si tanto en la pública como la privada, con complicidad social y de los gobiernos, no se valoran las dimensiones educativas humanas que son necesarias en todo proyecto formativo para una sociedad particular. Qué valía puede tener una institución educativa bien posicionada en los rankings, y por su propaganda abierta o sutil, si entre sus egresados se encuentran los principales corruptos, atropelladores, asaltantes y vaciadores del erario. Es común que las profesiones tengan su código de ética, los cuales son violados con altísima impunidad. 

Precisamos de una educación incluyente e igualitaria para sentir, amar, participar, pensar, crear, innovar y transformar de modo que se puedan superar las formas de la meritocracia desigual. La meritocracia inmoral, tal como la ha calificado el filósofo Michael Sandel.