El mundo cambia, los paradigmas cambian y las normas retroceden

Por Jorge Alberto Velásquez B. (foto)

Mantener en la ilegalidad a Uber y Cabify es una decisión política. No hay argumentos legales para impedir su inscripción en un Estado de Derecho que tiene como columna vertebral la libertad de empresa. Sería como ilegalizar a Netflix para no afectar a Cine Colombia o impedir la operación de Amazon para no lastimar a almacenes Éxito.

Las plataformas digitales son una realidad imparable que el Estado no puede desconocer. No se pueden legitimar las presiones de empresas de taxis que defienden intereses electorales. Las familias de los conductores de Uber y Cabify y los usuarios también votan. Y sabemos que en Colombia no se vota por sino contra fulano o perano.

En su afán de mantener el estado de cosas reinante, a las autoridades no se les puede ir la mano. Homicidas, violadores y corruptos están en la calle o, si acaso, tienen casa por cárcel con condenas leves. En cambio, el Estado condena a conductores de Uber y otras modalidades a la pena mayor de 25 años de ostracismo económico. Porque la suspensión de licencias de conducción por 25 años es una cadena perpetua que, además, limita libertad económica, pilar de la Constitución Política, y vulnera el principio de igualdad.

Las empresas digitales no pueden regirse por las normas convencionales. Alegan a favor del transporte de taxis, que Uber no paga al transportador ni lo protege. Lo que no se aclaran es que empresas como Uber no son empresas de transporte, son plataformas digitales que facilitan realizar una operación y cobran por el uso de la plataforma. Hay que entender que con la digitalización cambian los paradigmas. Igual sucede en la educación: el conocimiento está en Internet y se accede fácilmente a él. Si se quiere el certificado, se paga por el certificado, no por el conocimiento.

Dos apuntes finales:

La prohibición de las plataformas digitales que sirven al transporte de pasajeros vulnera el derecho a la igualdad y lesiona derechos de los consumidores a quienes se coarta la libertad de elección.

El Estado no garantiza trabajo para todos los ciudadanos, pero castiga a quienes quieren trabajar honradamente por su cuenta y riesgo. ¡Qué paradoja¡

La gente sabe que en diciembre, de noche y cuando llueve, a los taxistas hay que rogarles para que hagan una carrera y no se conmueven por nada. En estas circunstancias, bienvenidos Uber y similares.